Se reglamentó la ley de cupo laboral trans en el Poder Judicial bonaerense

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) celebró la reglamentación de la ley de cupo laboral trans en la órbita del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

A través de la Ley 14.783, y con la creación del registro de aspirantes dispuesta por la Suprema Corte, podrán inscribirse a este universo laboral personas travestis, transexuales y transgénero.

“Esta reglamentación constituye una conquista enorme del colectivo travesti trans, del movimiento transfeminista y de la Asociación Judicial Bonaerense, que desde hace años ha levantado esta bandera y ha exigido su implementación al máximo Tribunal, en el entendimiento de que la demora en la regulación constituía una deuda enorme del Estado que comprometía los derechos humanos más elementales”, definió la organización gremial a través de un comunicado.

Los judiciales bonaerenses recordaron que el sindicato judicial presentó un proyecto de regulación que contemplaba un cupo de al menos el 1% que establece la ley. El objetivo de la implementación correspondiente pretende además de ampliar la posibilidad de acceso al trabajo, evitar la discriminación.

🏳️‍🌈 #GÉNEROS | #UnaConquistaHistórica

A partir de la lucha de la comunidad travesti trans y la AJB, desde hoy la reglamentación del #cupo laboral es una realidad en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

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— Asociación Judicial Bonaerense (@AJBOficial) June 14, 2021

En el año 2019 la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) destacó la lucha de la AJB y valoró la voluntad política del sindicato para promover acciones de inclusión del colectivo trans.

Por su parte, la secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB, Débora Bertone, destacó que “desde hace años hemos tomado con fuerza esta demanda e incluído el reclamo en cada lucha llevada adelante por el sindicato en materia de género”.

“La inserción al mercado laboral de las personas trans es una deuda del Estado que necesitaba una respuesta urgente por parte del Poder Judicial. Una comunidad muy castigada por la imposibilidad de acceso a un trabajo formal y la consecuente negación de derechos fundamentales como la vivienda, la salud y la educación, con un promedio de vida muy bajo, que en la actualidad se mantiene en los 35 años”, finalizó la dirigente.