El malestar con la intervención de la cooperativa portuaria, recientemente reemplazada por orden del controvertido Juez federal de Campana, no para de generar focos de incidentes en la comunidad portuaria.
El nuevo interventor de la cooperativa portuaria es Roberto Pascualino. Reemplazó en el cargo a Juan José Schaer, en la entidad que otrora comandara el sindicalista Herme “Vino Caliente” Juárez, procesado por asociación ilícita, lavado de activo y malversación de fondos.
Con un estilo cerrado y abroquelado, que se caracteriza por su negativa a recibir a los propios socios de la Cooperativa, la intervención de Pascualino generó un nuevo incidente en plena crisis sanitaria.
El pasado domingo 12 en el diario La Capital de Rosario, el propio interventor “destacó” las medidas sanitarias efectuadas por la Cooperativa, manifestando la adquisición de kits para efectuar testeo de Covid 19.
La decisión recibió el repudio de los trabajadores estibadores, que ven la compra como una mera estrategia mediática para desmantelar las acusaciones formuladas al inicio de la pandemia contra la gestión de la Cooperativa, sobre las cuales el flamante interventor se negó a recibirlos y a dar explicaciones al respecto.
Es que, en la génesis de la pandemia y a solo dos días de acordadas las prevenciones sanitarias por el SUPA, la cámara del sector y las terminales portuarias, un buque proveniente del extranjero, y que finalmente terminó amarrando en el muelle AGD en Puerto General San Martín, incumplió con la cuarentena reglamentaria prevista para proceder al proceso de estiba.
Sin embargo, en dicha ocasión, la Cooperativa de Trabajo de Puerto General San Martín, incumplió el protocolo de sanidad y pretendió continuar con la estiba, lo que generó el inmediato conflicto con el sindicato de estibadores.
Por su parte, el SUPA se negó a nominar gente para la respectiva tarea en observancia con las reglas acordadas en el protocolo sanitario, medida que fue avalada por los propios estibadores que a su vez son socios de la propia cooperativa portuaria.
Incluso fuentes portuarias informaron que hasta propios efectivos de la Prefectura naval se habrían abstenido de efectuar el relevamiento del buque por no haberse verificado la cuarentena correspondiente. Sin perjuicio de la oposición del SUPA, el controvertido buque continuó operando, aunque sin estiba, poniendo en peligro a la comunidad portuaria.
Esto generó un enorme malestar ya que se sindicó a Pascualino, por su gestión de carácter técnico económico, que priorizó mantener de forma inquebrantable la lógica empresaria de maximizar las ganancias, incluso a costa de la salud de los trabajadores.
Según pudo recabarse, la adquisición de kits para testeo autocelebrada por el interventor de la Cooperativa (“somos pioneros en la región”, según manifestó), fue una medida adoptada unilateralmente y sin aviso, ni consenso con la Cámara de Actividades Portuarias, las terminales o el SUPA, que vienen trabajando en forma conjunta para acordar los protocolos y medidas sanitarias correspondientes.
Al respecto, fuentes sanitarias consultadas por Mundo Gremial, explicaron que: “No está recomendada ni indicada la adquisición de reactivos para la detección de COVID 19 por parte de empresas particulares. Esto se debe al conocido faltante de dichos reactivos en el ámbito nacional. Por eso, la totalidad de los reactivos disponibles deberían estar en poder de las instituciones de salud que intervienen en la primera linea contra la pandemia, a fin de realizar el testeo a los casos que sean indicados según el protocolo de las autoridades publicas sanitarias. Ante este faltante, bajo ningún punto de vista los reactivos deben permanecer acopiados en el depósito de las empresas privadas, a la espera de efectuar el testeo de un hipotético caso que tal vez nunca se presentará”.
Parece ser entonces que el golpe de timón que efectuó Pascualino para lavar su imagen, derivó en un acto de enorme irresponsabilidad frente a a emergencia sanitaria.
