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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Escalada de violencia en Puerto San Martín: Un juez federal en la mira

El magistrado de Campana, Adrián González Charvay, está en la boca de la tormenta, en medio de amenazas, ataques y violencia contra trabajadores del SUPA. Es el juez que liberó hace 20 días al sindicalista “Vino Caliente” Juárez.

Mundo Gremial

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“El ambiente en Puerto San Martín ya no es el mismo. Está todo muy tenso, y hay mucho miedo”. Son palabras de un trabajador portuario, que vivió de cerca los recientes hechos de violencia en la localidad. Si bien prefirió resguardar su nombre para evitar “represalias”, fue contundente en su evaluación: desde la liberación de Herme ‘Vino Caliente’ Juárez “acá todo tenemos miedo”, insistió.

Es que en los últimos días se registró una serie de sucesos que despertaron las alertas de los trabajadores, y el temor, también.

Todo pasó en veinte días, ¿casualmente? desde la cuestionada decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de otorgar la libertad al exsindicalista Júarez, detenido por asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad.

Juárez quedó en libertad el 4 de febrero. Al otro día, en una primera muestra de impunidad, se presentó en la Cooperativa Portuaria del Puerto y desde ahí comenzó a agitar la toma del sindicato SUPA, que condujo hasta su detención, hoy intervenido por decisión judicial.

El objetivo de “Vino Caliente” es recuperar el poder en el gremio y para eso necesita voltear a la intervención, a cargo de la tarea de normalización y de preservación de la prueba que pudiera ser de utilidad para la investigación criminal en curso.

Y en su propósito, el sindicalista activó sus hilos de poder aún intactos, y su mano comenzó a hacerse presente en la vida institucional del SUPA y sus afiliados. Todos los hechos de violencia están relacionados con Herme y su clan.

Primero fue el ataque a uno de los vehículos de traslado de trabajadores, horas después se registró la presencia de “sicarios” armados para amenazar a los choferes de los micros.

¿El motivo? La intervención cortó un negocio oscuro de Juárez con la empresa Ben Hrnos SA, que cobraba al sindicato casi 3 millones de pesos mensuales, luego de detectar irregularidades en el manejo de la sociedad entre ambos.

Los enumerados fueron algunos de los episodios de violencia suscitados en apenas 20 días, que llevaron al interventor Marcelo Urban al cortar el servicio de traslado de afiliados para preservar la integridad física de los trabajadores, situación que está pronta a resolverse por parte de la intervención.

Lo llamativo fue que la totalidad de los ataques tenían un mismo destinatario: el SUPA, y no la Cooperativa, la organización de la que dependían casi el cien por cien de los casos de corrupción investigados.

En ese punto, se despertaron las sospechas en el seno del SUPA. ¿Habrá sido un acuerdo de paz entre la actual intervención de la Cooperativa y “Vino Caliente la llave de la libertad del sindicalista?

Frente a la situación, el sindicato continúa con las denuncias por “aprietes” y para exigir el esclarecimiento de los hechos, y responsabiliza al juez González Charvay por las consecuencias de los sucesos denunciados, ya que el magistrado en sus argumentos de liberación sostuvo que “cesaron los peligros de entorpecimiento de la investigación”, algo que los acontecimientos recientes lo desmienten.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Desolador: El dramático presente de los colectiveros del interior del país

La oposición a Fernández en la UTA describió el complicado presente de los choferes en las provincias: “No hay defensa de derechos del trabajador”.

Mundo Gremial

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La oposición de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) liderada por Miguel Bustinduy presentó un informe ante el ministerio de Transporte para reflejar la situación laboral de miles de choferes de colectivos en el interior del país.

En el escrito dirigido al ministro Mario Meoni, Bustinduy denunció irregularidades detectadas en distintas juridiscciones y solicitó la “inmediata” intervención del gobierno para subsanar las problemáticas de la actividad.

Las denuncias también fueron elevadas al ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce Claudio Moroni.

Entre otros puntos, la presentación puntualizó sobre la necesidad de resguardar el dinero aportado por el ministerio a las empresas para mantener en pie la actividad, y en ese sentido, dieron cuenta de “gruesas irregularidades en el manejo de dichos fondos”

Bustinduy, en nombre de la Agrupación “Juan Manuel Palacios”, culpó a la actual conducción de la UTA, a manos de Roberto Fernández, por la actualidad de los trabajadores del sector.

“Realmente muy distinta hubiera resultado nuestra participación, si la dirigencia de la UTA no hubiera desaparecido de la faz de los reclamos, las defensas, las luchas y las reivindicaciones”, expresa el documento presentado a Meoni al que Mundo Gremial tuvo acceso.

El escrito enumera las problemáticas detectadas en La Rioja, Catamarca, Córdoba, Bariloche, Santiago del Estero, San Juan, Neuquén y Formosa, con rebajas salariales, falta de pago de aguinaldos, agresiones a choferes y trabajo en negro.

“La nula actividad gremial ha permitido todos estos atropellos, abusos y lesiones a la dignidad de cada trabajador”, aseguró Bustinduy, quien señaló que “se ha hecho costumbre ya tradicional, en el seno del Consejo Directivo Nacional, una conducta perniciosa y antisindical, consistente en no convocar a elecciones de delegados de empresa, por temor a perder tambien en las urnas, el honor ya perdido entre los compañeros”.

Y concluyó: “No existe la representación sindical, no hay defensa de derechos del trabajador, no deja de caer estrepitosamente el poder adquisitivo del salario desde hace varios años, no hay rastros de las prestaciones medico sanitarias de la obra social”.

A continución, el detalle presentado por “La Juan Manuel Palacios” a Meoni y Moroni:

JURISDICCIONES INVOLUCRADAS

1.- LA RIOJA
Aproximadamente 180 trabajadores están siendo desechados por el Gobierno Provincial, que de manera sospechosa e inexplicable, ha dispuesto hacer cesar a la empresa que prestaba el servicio público de pasajeros, pretendiendo ahora imponer sin licitación, un nuevo prestador a cargo del estado, borrando de la faz social a los choferes.

Las versiones que corren por doquier ante la falta de transparencia y clandestinidad existente en el obrar de las autoridades públicas -, indican que se trataría de “municipalizar” el servicio y las condiciones de trabajo, incluyendo el salario de los conductores, lo cual resulta, a más de ilegítimo, totalmente inhumano y desleal, en éste momento, en plena pandemia. Alguna otra de aquéllas indica que la Provincia habría adquirido setenta unidades para una adjudicación directa, cuando aún los trabajadores no han sido desinteresados de sus haberes devengados.

Las presentaciones que pretendieron efectuar los mismos, en su conjunto NO FUERON RECEPCIONADAS por la Autoridad del Trabajo local, argumentando cuestiones formales de representación. Ello no obstante la pandemia, el A.S.P.O. y la sustancial calidad alimentaria del reclamo. Ya hay denuncias del día de la fecha, con respecto a la represión de miembros de la seguridad provincial, por el solo hecho de reclamar ante las Autoridades.

2.- CATAMARCA

En la Seccional Catamarca, de quien además depende la Delegación La Rioja, su Secretario General dispuso REBAJAR LOS SALARIOS EN UN 10%, haciéndose eco de los reclamos empresariales, ello para conformar una estrategia tendiente a crear nuevos operadores en la prestación, con distintas – y a la baja – condiciones de trabajo.

3.- CORDOBA

En la ciudad de Córdoba hace trece días que no hay colectivos por las deudas que mantienen las empresas en el salario de los trabajadores. En el día de ayer, hubo incidentes, agresiones y detenidos, solo por reclamar los haberes devengados. Se ha hecho pública la propuesta de la ciudad, que consiste lisa y llanamente en la rebaja de salarios como único mecanismo para superar las medidas de fuerza.

4.- BARILOCHE

En Río Negro los empresarios de la actividad, interpretan que las normas dictadas por el gobierno nacional no los obligan, por ello no han abonado el aumento pactado del 18,3% para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, y los montos remunerativos de $ 4.000.-, ni tampoco las sumas dispuestas por el Decreto PEN 14/2020, y menos aún la primer cuota del aguinaldo 2020.
Aquí también, pese a tratarse de salarios impagos devengados y cuestiones alimentarias, la Autoridad Laboral SE NEGÓ a recibir las presentaciones, aduciendo que la U.T.A. no acompañaba el reclamo.

5.- SANTIAGO DEL ESTERO

La empresa prestataria de los servicios dejó la Provincia intempestivamente, y los trescientos trabajadores que estaban en relación de dependencia, fueron distribuidos de la siguiente manera; doscientos con registración clandestina ( en negro), precarizados en sus condiciones y rebaja de salarios, y el resto quedó sencillamente en la calle.

6.- SAN JUAN

Nuevamente aquí el artilugio, por orden de la Seccional local, fue la rebaja de salarios, del orden del 10%, como imposición a los trabajadores y bajo la amenaza de perder el trabajo en la presente y crítica situación, ello siempre con la complicidad del bloque empresarial y especialmente bajo línea directa del Secretario General de la U.T.A.

7.- NEUQUÉN

Aquí se ha optado, con un poco más de inventiva, pero con mayor daño, de ignorar los rubros convencionales, tales como el de atención SUBE, a más de adeudar los ya referidos aumentos paritarios y los derivados del Decreto PEN 14/2020. Ello sumado a la falta de pago de junio y aguinaldo completos.

8.- FORMOSA

En Formosa los trabajadores solo percibieron en todo este pandémico lapso, solo dos ATP, no abonando la empleadora la obligación a su cargo, ni lo dispuesto por el Decreto PEN 14/2020. Se les adeuda además el mes de junio y el aguinaldo íntegros.

Los casos de Salta y Jujuy deben resaltarse también por las pobrísimas condiciones en las que se presta el servicio, con déficit de las bases operativas y unidades obsoletas absolutamente en el caso del primero, y con continuas luchas para lograr saldar haberes adeudados, en el caso del segundo.

Un párrafo aparte merece la situación de la modalidad en larga distancia, absolutamente destruida por las razones de público conocimiento, pero a la vez abandonados y aislados los trabajadores a su suerte, por la misma inacción de la representación gremial, que no ha generado la mínima política de contención y apoyo a los compañeros involucrados.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Rechazo gremial al protocolo educativo: de la mera formalidad a la inaplicabilidad

La tensión en el sector educativo quedará expuesta a fin de mes cuando sea convocada la mesa paritaria nacional, que tiene final incierto y reclamos salariales fuertes.

Pablo Maradei

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Hasta que no haya vacuna habrá compatibilidad entre la virtualidad y la presencialidad en el sistema educativo argentino. Varios factores indican que el teletrabajo docente llegó para quedarse: aunque no hay estadísticas y el mapa educativo naufraga si de información oficial hablamos no se sabe cuántos docentes enmarcados en grupos de riesgo no podrán dar más clases hasta encontrarse la vacuna. Lo mismo pasa con los miles de alumnos que son grupo de riesgo por tener enfermedades preexistentes o porque a muchos otros la pobreza los sumió en cuerpos débiles que no podrían sobrevivir al virus.

Tampoco se sabe el nivel de deserción escolar por falta de una computadora, celular o internet para poder recibir la educación a distancia. Solo en Provincia de Buenos Aires (PBA) son miles. “La deserción en algún punto se recupera”, bosquejan desde un gremio. Y explican: “Como no hay trabajo no es que los chicos dejarán de ir a clase cuando vuelvan la presencialidad”. Esto decanta en otro problema: la dualidad “virtualidad presencialidad” implica, por el distanciamiento que impone entre alumnos a la hora de las clases, desdoblar una misma cursada en varios bloques de horarios.

Incógnita: si no hay lugar para todos en la presencialidad, ¿la manera de selección podría ser que aquellos que tengan enfermedades preexistentes sigan recibiendo educación a distancia junto a los que tengan infraestructura para recibirla? ¿Sería discriminatorio? En Ciudad Universitaria es habitual ver un curso de CBC con más de 400 alumnos en un aula. Este cuadro se replica en muchas facultades de la UBA donde no hay infraestructura edilicia que permita un desdoblamiento para mantener el distanciamiento social que propone el protocolo que el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, presentó esta semana. “El protocolo universitario es inaplicable”, sintetizan desde un gremio universitario.

Otro caso: “En Provincia la virtualidad funciona a los sopapos”, describe Miguel Díaz, secretario general de Udocba. Agrega: “No hay medición seria de cómo estamos parados”.

El protocolo, conocido este jueves, tuvo el aval de todos los ministros provinciales del área que tiene “el objetivo de brindar protocolos y recomendaciones de los ámbitos de la salud, higiene y seguridad e infraestructura escolar”. Sin embargo, desde el lado sindical, en un recorrido de llamados que hizo Mundo Gremial, recibió rechazos por inaplicable. La prensa tradicional lo vio como un avance positivo; acaso por los intereses por reabrir más que por la realidad de su aplicabilidad.

PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS by Mundo Gremial on Scribd

Entre sus párrafos se destaca este que deja al desnudo cómo es la realidad: “La Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias ha sistematizado los principales protocolos y decisiones institucionales de alcance nacional o regional implementadas por 12 países del Norte con alto grado de desarrollo económico, social y educativo. La principal conclusión de tal estudio preliminar es que resulta mucho más difícil reabrir escuelas que cerrarlas”.

Los países a los que se refieren son: Alemania, Francia, España, Italia, Finlandia, Noruega, Portugal, Israel, Bélgica, Inglaterra, Japón y Corea del Sur. En algún punto se podría decir gracias por hacernos sentir parte del primer mundo, pero cualquiera de esos países está muy lejos de nuestra realidad socio económica y la de la región.

En otra parte del documento, siempre implementando “jornadas escolares con turnos horarios cortos para la atención de distintos grupos en la presencialidad, con espacios temporales intermedios para permitir la higiene y desinfección de las instalaciones, entre el egreso e ingreso de los distintos agrupamientos”, propone:

• Priorizar la sala de 5 años y el primer año de primaria, poniendo el énfasis en la socialización, en la alfabetización básica y la continuidad pedagógica al segundo ciclo de primaria.

• Priorizar el último año del ciclo superior de la educación primaria y el año de ingreso al nivel secundario por la necesidad de dar continuidad a la trayectoria educativa en el cambio de modelo institucional de primaria a secundaria (dificultad de pasaje del interniveles con el primario).

“El protocolo permite ir ordenando el escenario que da la pandemia, pero es insuficiente porque es una letra fría que no condice con la realidad que es bien distinta porque las escuelas no están en condiciones de volver a la presencialidad”, define Sergio Romero, de UDA. Amplia: “La presencia de esta pandemia carece y padece por los distintos gobiernos que no han cumplido con las inversiones que prevé la ley de financiamiento educativo y en esta pandemia quedó a las claras la falta de presencia de los estados nacional y provinciales”. Cierra: “Hemos hecho un relevamiento y podemos decir que ninguna escuela está en condiciones de volver a la presencialidad en lo inmediato más allá del entusiasmo del ministro Trotta que no va con la realidad”.

Completa Díaz de Udocba: “Estamos ante una reforma educativa per sé por la pandemia y con este protocolo se arranca mal; sin ningún compromiso de parte de la Nación. Lo dijo Trotta: no pensemos en el cuándo, sino en el cómo. Bueno pensemos el cómo que es lo que falta”. Explica: “Por ejemplo: no hay recursos humanos por la cantidad de personal de riesgo que hay, tampoco infraestructura y agua potable en las escuelas; tendrían que dar un kit con barbijos y herramientas de higiene personal; además de lavandina y otros artículos de limpieza para las escuelas. Todo esto es un costo muy grande. Y todavía falta que tanto Nación como las Provincias provean notebooks a los docentes y alumnos”, detalla. Y agrega: “¿Vos te imaginás a un trabajador de SMATA que le digan ´traete tu torno para trabajar´? Me pregunto: ¿Por qué los docentes sí tenemos que poner nuestra máquina?”. Esta semana el ministro Trota anunció créditos para docentes que quieran comprar su computadora: “No sé a quién quiere beneficiar con esto, son créditos al 36%”, contraataca Díaz.

Finalmente puntea: “Nuestras aulas promedio son de 30 metros cuadradas y en el protocolo ponen como ejemplo la distribución de 8 chicos por aulas de 49 metros cuadrados, lo que demuestra que están fuera de la realidad; con el agravante de que de los ocho, seis le tienen que dar la espalda al docente”.

En OFF las declaraciones se tornan más directa: van de que “se hizo el protocolo para sacarse el tema de encima” a que “Trotta está preparando su salida para candidatearse para diputado nacional”.

Y otra en OFF: la ministra de Educación de la PBA, Agustina Vila, anduvo de recorrida por los sindicatos para tomar la temperatura sindical. Recibió reveses, incluso de Roberto Baradel, quien se mantiene en un silencio prudencial.

Y una última: a fin de mes se abre la discusión bajo la órbita de paritaria nacional. Los docentes pedirán ajustes salariales y plus por educación online.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El desafío de pensar el Trabajo del Futuro en el escenario de la Post Pandemia: “Barajar y dar de nuevo”

Por Rodrigo de Echeandía. Abogado especializado en Negociación Colectiva y Empleo Público. Psicólogo social. Dirigente sindical de UPCN.

Mundo Gremial

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La llegada del Covid 19 y este nuevo escenario mundial de crisis económica global, nos interpela profundamente y nos obliga a repensar una nueva normalidad, un nuevo modelo económico y con ello, nuevas características del mundo del trabajo post pandemia y/o durante el proceso de recuperación, que los Estados deberán desarrollar.

Como dicen los chinos, toda “crisis” conlleva una “oportunidad”, y la oportunidad que tenemos, es la de volver a “contratar socialmente” una gran cantidad de materias, entre ellas en lo social, político y laboral.

Desde la aparición de la escritura, los análisis filosóficos y sociológicos, nos han mostrado los pro y los contras de los diferentes sistemas políticos y económicos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad; todos ellos se han forjado, apoyándose en la fuerza productiva de hombres y mujeres, que son quienes en definitiva siempre, han hecho y hacen  posible el sostenimiento de un sistema que necesita de unos y otros para sobrevivir.

Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la economía basada en el conocimiento y un mundo casi totalmente digitalizado, donde la inteligencia artificial avanza de manera viral, las distopías imaginadas por aquellos luchadores anarquistas de la primera revolución industrial (que veían en la máquina a vapor un enemigo poderoso, al que debían destruir para garantizar y proteger sus puestos laborales), pueden estar próximas a cumplirse. Lo que está claro a diferencia de aquellos luchadores, es que hoy nadie  ve la tecnología como su enemiga, sino todo lo contrario, es nuestra principal aliada.

Ahora bien, sin olvidar que las conquistas obreras se han logrado a base de luchas, sacrificio y muerte de trabajadores, la realidad es que, si en un contexto de crisis económica generalizada, con caídas del PBI en torno al 10% a nivel global; si no logramos un consenso entre los principales actores, (Empresarios, Trabajadores y Estado) lo más probable es que volvamos a repetir la dolorosa historia de los mártires del movimiento obrero. Pero como la historia debería servir entre otras cosas, para no volver a repetir errores, es muy posible que estemos ante el escenario propicio para empezar a escribir una nueva buena historia de los derechos de los trabajadores.

Es por esto que es imperativo desarrollar políticas que no sólo busquen reactivar la economía, sino que también tengan como objetivo lograr que no haya trabajadores por afuera del sistema; construir la nueva normalidad. Para ello, si no logramos un consenso general entre las tres patas o partes que lo conforman, cualquier política que se pretenda implementar estará condenada al fracaso.

Es bien sabido que cualquier sistema económico requiere tanto de los empresarios y sus empresas con sus trabajadores, como de un mundo ávido por disfrutar de los bienes y servicios que éstos generan, con lo cual si no logramos que el nuevo sistema lo garantice, también estará condenado al fracaso.

Por tales motivos, es que debemos cambiar de paradigma, idear un escenario que vuelva a definir el marco teórico y normativo del mundo del trabajo. ¡La ecuación para definir la plusvalía ya no es la misma! ¿Cuánto es lo que un robot produce en una hora? Entonces, ¿cuánto es lo que el trabajo de un hombre que opera, enciende o supervisa ese robot, aporta a las ganancias de la empresa?  Es el momento de volver a mensurar el valor del aporte de los trabajadores, de redefinir la jornada laboral, de rediseñar a nuevo este escenario, sin ignorar que ya no sólo debemos garantizar el descanso, sino también las horas de ocio y esparcimiento, organizando nuevamente actividades sociales y que los trabajadores estén inmersos en el sistema, para volver a ser los destinatarios y consumidores de los bienes y servicios producidos, desempolvando y aggiornando las teorías keynesianas.

Para lo cual debemos, volver a definir las actividades productivas, rediseñar y volver a inventar todos y cada uno de los puestos de trabajos que existen, aceptando que la jornada laboral, no podrá superar las 4 hs. diarias, o agregar un nuevo día no laborable en la semana; que los turnos deberán duplicarse de manera tal que la cantidad de trabajadores por actividad, rápidamente aumente, con el objetivo de ir generando el círculo virtuoso que incorpore nuevos actores al mundo productivo.

Para ello, los espacios pensados para el esparcimiento deberán mejorarse y desarrollarse, y debemos pensar un sistema basado en el bienestar sin olvidar maximizar las ganancias. Según el Banco Mundial, más del 26% de los humanos es pobre y según las proyecciones, debido a la pandemia del Covid 19 podría llegar al 36% el porcentaje de personas que viven con menos de U$S 3,20 dólares al día. Estos son números que el mundo de la producción y el trabajo no puede ignorar y a los que se debe apuntar, con el objetivo de agrandar el mercado.

¡Llegó el momento de crear un ingreso mínimo universal! De aceptar que el humanismo debe guiar nuestras acciones, se trata de conformar un ingreso en efectivo, de carácter mensual que asegure las condiciones mínimas de subsistencia de todos y cada uno de los argentinos y argentinas; dotándoles de mayor libertad, eliminando así los planes sociales y evitar las sospechas y acciones de clientelismo político, poniendo como única obligación o contraprestación la educación y/o la formación.

Quizás debamos ir elaborando un nuevo “Pacto Federal” o pensar en una reforma Constitucional, que permitan coparticipar entre todos los argentinos las regalías provenientes del producido de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país, tomando como modelo para su administración, el fondo de sustentabilidad de la  Anses o el Fideicomiso generado por Alaska que se compone por el 25% de los ingresos petroleros de ese estado, funcionando con éxito desde 1982, otorgándole a sus habitantes, una renta anual sin ninguna otra prestación más que la de ser miembro de esa comunidad.

El Estado, desde sus diferentes poderes, deberá ir propiciando las políticas y los escenarios para ir logrando los objetivos propuestos; esto es, desde el Poder Legislativo, modificar los textos normativos, luego de haber arribado a consensos con y entre las Provincias, los Empresarios y las Organizaciones de Trabajadores. Mientras tanto el Poder Ejecutivo deberá ir incentivando a partir de políticas concretas, la creación de puestos de trabajo registrados y bien remunerados, de manera de garantizar el funcionamiento del sistema. Para ello dictará normas que reduzcan los costos laborales de las empresas que vayan adaptándose rápidamente, con propuestas como que aquéllos nuevos trabajadores que se registren, sólo paguen un porcentaje de los aportes patronales, ofreciendo escenarios de exenciones impositivas, buscando compensar las arcas públicas con el aumento en la producción, venta y circulación de bienes y servicios; ya sin necesidad de pagar los Ingresos Federales de Emergencia y/o los diferentes planes sociales. Seguramente sea tentador crear un nuevo impuesto a la incorporación de robots y nuevas tecnologías a los sistemas productivos, si bien es una idea que no habría que descartar, aumentar la presión impositiva probablemente no ayude en contextos como este.

Las Organizaciones de Trabajadores, deberán recontratar sus Convenios Colectivos de Trabajo, adaptándolos a los nuevos tiempos, reconociendo las diferentes realidades de cada rama de actividad, procurando generar nuevos derechos y escenarios que garanticen las mejoras en las condiciones de trabajo y la capacitación de sus representados.

A la hora de pensar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos y todas, será ineludible revisar las persistentes “brechas de género”; ¡ir hacia un claro esquema de corresponsabilidad! Para esto debemos  también revisar los programas formativos, buscando lograr a través de la educación los cambios que queramos generar.

Haciendo un ejercicio rápido de memoria, durante mis años de formación escolar y académica, los mejores promedios estuvieron en cabeza de mujeres y el mundo del trabajo no ve reflejado esto en sus puestos de conducción. Las políticas de género impulsadas hasta el momento, si bien han sido de mucha utilidad, no están demostrando la eficiencia esperada; la incorporación en las listas de legisladores a hombres y mujeres por partes iguales, no tiene  su correlatividad en la producción de normas con plena eficacia. Diariamente somos espectadores de hechos de injusticia, que naturalizamos. Por nombrar sólo un ejemplo, debemos reconocer a las trabajadoras que hacen un aporte económico incuantificable en las tareas de cuidado de niños, niñas y adultos mayores.  La forma en que el mercado, e incluso el Estado, resuelven estas necesidades es relevante no sólo desde el punto de vista social, sino también por su impacto en la producción y el empleo. La obligación social de estas tareas, que recae mayoritariamente sobre las mujeres repercute en el reconocimiento económico de ellas como un trabajo. Esta actividad,  ¡no es amor, es trabajo no remunerado! Sin dudas, el nuevo contrato social deberá partir de una equidad clara entre varones y mujeres.

Nos encontramos ante una economía a la que el Covid 19 le ha puesto el freno de mano y es necesario volver a reactivar. Para ello será muy importante el trabajo mancomunado entre los diferentes actores sociales, estimulando y desarrollando nuevas políticas de estado, abriendo un gran debate, sobre los temas propuestos, propiciando mecanismos de inspección y formación por parte del Estado, que hagan posible la implementación de esta nueva batería de medidas.

El mundo ya no es el mismo y una vez superada la pandemia, difícilmente volveremos a la dinámica a la que estábamos acostumbrados, ¡hay que barajar y dar de nuevo!

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