Momento de tensión se viven en Puerto San Martín y en las adyacencias del sindicato de portuarios (SUPA) ante avanzada del exsecretario general Herme “Vino Caliente” Juárez para retomar por la fuerza el control del gremio.
Es que a apenas horas después de conseguir la libertad, bajo caución juratoria en una polémica decisión judicial, Juárez agita a sus seguidores y su numeroso clan familiar, a tomar las instalaciones del sindicato y correr a la intervención dispuesta por la Justicia del Trabajo.
Fuentes de Puerto General San Martín confirmaron lo que en primeras horas de la mañana eran rumores: Juárez va por todo para impedir la desarticulación y el armado de su clan en las estructuras del gremio y la Cooperativa Portuaria.
En ese contexto, esta mañana se hizo presente en la Cooperativa de Puerto San Martín y lanzó una advertencia con tono amenazante: “Soy el presidente y soy el secretario general del sindicato”, a pesar de estar suspendido por la justifica federal y la laboral.
Las declaraciones fueron tomadas como una advertencia por parte de la intervención del gremio y con cierta preocupación en la planta de empleados, que temen vivir situaciones violentas.
Fuentes cercanas a la intervención del SUPA insisten en que resistirán todo avance de Juárez sobre el sindicato, y que cumplirán la tarea de normalización encomendada y de preservación de la prueba que pudiera ser de utilidad para la investigación criminal en curso.
Juárez está procesado, y con prisión preventiva hasta hace días, por lavado de activos con utilización fraudulenta del sindicato y la cooperativa.
El objetivo próximo del sindicalista desplazado es abortar el accionar de la intervención a cargo del abogado Marcelo Urban, que en sus meses de gestión desarticuló el entramado mafioso de “Vino Caliente” y su clan que lo llevó a prisión.
La “llamativa” liberación. Sorprendió la decisión del Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay. El mismo magistrado que lo había procesado con prisión preventiva domiciliaria, que le había negado en dos oportunidades la excarcelación, entre agosto y diciembre de 2019, y que se había declarado incompetente. Ahora, en el primer día hábil judicial, emitió dos resoluciones polémicas que marcan un sospechado cambio de criterio.
En primer lugar, decidió prorrogar la intervención judicial en la Cooperativa Portuaria, pero en vez de renovar a Juan José Schaer o pedir al INAES que designe un nuevo funcionario, decidió nombrar un técnico de la facultad de ciencias económicas.
Y por otro lado, otorgó la excarcelación a Juárez, solo bajo caución juratoria, por considerar que al estar intervenida la cooperativa, cesaron los peligros de entorpecimiento de la investigación.
En este marco, fuentes legales quedaron sorprendidas por el repentino cambio de criterio del Juez en ambas cuestiones. Es que, más allá de seguir actuando en una causa en donde el mismo se declaró incompetente, liberó a “Vino Caliente”, cuando ya le había negado dos veces la excarcelación en las mismas condiciones (ya con la cooperativa intervenida).
Y, más allá de las irregularidades procesales que señalan los expertos, en solo dos días la realidad contradijo expresamente los fundamentos del Juez de Campana, con el ingreso de Juárez junto con todos sus familiares a la Cooperativa autodeclarándose presidente de la misma, con una intervención aun en curso que lo acusa al propio Juárez de lavar activos por la entidad.
Fuentes legales sospechan que detrás de esta maniobra, Juarez podría manipular la prueba documental remanente en las instalaciones de Puerto San Martín, que podrían comprometerlo aún más en la causa en trámite. Habiendo copado la Cooperativa, el sindicato parece ser el último bastión que resiste la avanzada de «Vino Caliente».
Por otra parte, se cuestionan que burló la competencia legal del INAES sobre la facultad de designación del nuevo interventor, en un repentino cambio de criterio sin ningún precedente ni sustento jurídico que lo avale.
Esto es leído por los analistas como un golpe de timón del juez federal frente al cambio de gestión política en el organismo, digitado por claros intereses del PRO, comprometiendo al INAES en sus competencias legales como autoridad de aplicación de los entes cooperativos.
