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El Gobierno no reconoce a la CGT de Moyano, quien apelará la decisión ante la justicia

Ante la división de la central obrera, el Gobierno decidió en el día de ayer dar por concluida la disputa interna en la CGT al reconocer de manera provisoria la elección que consagró a Antonio Caló y confirmar la impugnación al proceso que derivó en la reelección del líder camionero Hugo Moyano.

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Ambas resoluciones abrirán, a partir de ahora ahora, un nuevo frente de batalla, puesto que Moyano, según lo anticipó, apelará la decisión ante la justicia y, aunque dijo no haberse sorprendido, la calificó de “absolutamente parcial”.

La impugnación al congreso del 12 de julio pasado en Ferro, en el que Moyano fue reelecto por el plazo de otros cuatro años, llevó la firma del ministro de Salud, Juan Manzur, por la excusación de su par de Trabajo, Carlos Tomada. El jefe de la cartera laboral omite intervenir en expedientes que tienen involucrados sindicatos que asesoró en la actividad privada, una resolución que firmó las tres veces que asumió como ministro. De todos modos, Moyano había objetado su participación por entender que había adelantado opiniones favorables a la CGT de Caló.

La validación de esas autoridades llega en momentos en que el metalúrgico y sus aliados esperan una respuesta del Ejecutivo a los reclamos pendientes por el Impuesto a las Ganancias y los fondos de las obras sociales. De hecho, en forma sugestiva suspendieron la realización de un encuentro de su consejo directivo en el que planeaban hoy analizar la falta de señales por parte del Ejecutivo. En la cartera laboral explicaron que la certificación de autoridades fue extendida de manera provisoria ante la posibilidad cierta de más apelaciones y del inicio de acciones en el plano judicial.

Por su parte, el camionero iniciará acciones legales ante la Justicia laboral y prevé, según sus asesores, demandar al Gobierno ante el fuero Contencioso Administrativo. Los abogados de Hugo Moyano le dijeron a este diario que la intervención del Ejecutivo puede ser objetada por presunta parcialidad. De hecho, en la reunión que mantuvo con la cúpula de la nueva CGT el 9 de octubre pasado, Cristina de Kirchner hizo saber que se trataba de una central «legal y legítima» con una representatividad del 70% de los gremios.

 

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