Avanza la investigación por irregularidades en OSEP Catamarca

Tras la intervención en febrero, las autoridades provinciales continúan recabando elementos probatorios para realizar las denuncias ante la justicia provincial. Al respecto, el fiscal de Estado Carlos Bertorello señaló que desde el organismo trabajan en forma paralela a la que lleva el interventor Cabur para determinar las irregularidades en la Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca.

“La Fiscalía de Estado está trabajando en la investigación administrativa. OSEP, como ente autárquico, ha realizado demandas, y hay otras denuncias previas. El mismo interventor ha hecho presentaciones por irregularidades en la adquisición de medicamentos oncológicos; son diversas causas que se están tramitando”, explicó Bertorello a El Esquiú.

El funcionario indicó que la investigación refiere a 100 mil prestaciones mensuales, y al hablar de números generales, indicó que “serían millones anualmente, y es por ello que tenemos que trabajar y juntar la documentación que nos permita realizar las denuncias correspondientes. Una vez hechas las presentaciones, comenzaremos con lo que sigue, que es el llamado a las personas que consideremos que pueden contribuir”.

Por último, Bertorello señaló que “una vez finalizada la etapa de recolección de la información, en su momento se llamará a quienes puedan ser responsables, tener conocimiento o saber algo del tema OSEP. Vamos a llamar a todos los que hagan falta, ya sea como testigos, pidiendo informes, pidiendo aclaraciones o por lo que consideremos necesario”.

La intervención de la entidad tuvo lugar en febrero de 2014, por disposición de la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, para asegurar “el cumplimiento de los objetivos y fines de la creación de la obra social”, que tiene al Estado como actor principal “en la promoción de la salud como derecho fundamental”, según expresa el instrumento público.

La medida intenta revertir la situación de crisis de la entidad y rige “por el término de seis meses prorrogables por otros seis meses, previo informe y justificación de la continuidad», que permita al interventor “realizar con carácter urgente la correspondiente reorganización administrativa”.