Los propietarios de las estaciones de servicio afectados por el cobro de tasas viales, en una docena de municipios gobernados por intendentes del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, anunciaron que realizarán un cese de actividades y movilización en rechazo a lo que denominaron «un impuesto encubierto e ilegal».
Rosario Sica, titular de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) responsabilizó a «los intendentes del Frente Renovador» y reclamó al líder de ese espacio político que «deje sin efecto la aplicación de esta tasa ilegal que amenaza a muchas estaciones con el cierre».
En particular, Sica le reprochó a Massa que «su discurso va a contramano de la realidad: habla de la inflación y la pobreza en la Argentina pero él impulsa en su municipio y otros afines una tasa ilegal que significa el aumento de los combustibles, y en consecuencia de inflación y pobreza».
«Son todos massistas los que aplicaron esta tasa ilegal, pero el peligro es que se extienda a otros municipios», aseveró Sica al referirse a que el adicional sobre los combustibles que ya está vigente en 12 jurisdicciones.
De acuerdo al relevamiento de FECRA se trata de los municipios de Vicente López, Tigre, San Miguel, San Fernando, San Isidro, San Martín, Hurlingham, Malvinas Argentinas y Pilar, en el Gran Buenos Aires, y los partidos de Junín y Olavarría en el interior provincial, y la ciudad de La Rioja.
A estos municipios se debe sumar la provincia de Córdoba, que no sólo fue la primera en implementar la tasa sino que su caso se encuentra para su resolución en la Corte Suprema de Justicia, ante un planteo presentado el año pasado por el gobierno nacional, para declarar la inconstitucionalidad de la medida.
La directiva de FECRA comunicó esta tarde en rueda de prensa que a raíz de la situación, los asociados que integran la federación acordaron anoche en un encuentro realizado en el partido de San Miguel un cese de actividades con movilización, con fechas y características a definir. La medida, aseguró Sica, contará con el respaldo del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio (SOESGyPE), conducido por el dirigente gremial y diputado bonaerense massista Carlos Acuña.
«La situación es insostenible e ilegal», insistió Sica al denunciar «amenazas y presiones» por parte de los municipios involucrados a aquellas estaciones que pretenden no cobrar la tasa, por lo que la Federación avanzó en el inicio de acciones legales en cada uno de los distritos.
Los propietarios de las estaciones consideran que la denominada tasa vial que se cobra en 12 municipios «es un impuesto encubierto e ilegal que no sólo perjudica al consumidor final sino que acrecienta las dificultades de las estaciones de servicio al generar una inequidad de condiciones entre los distritos».
Sica explicó que la tasa a los combustibles se implementa mediante el cobro de un porcentaje sobre el costo de las naftas premium y súper, el gasoil y el GNC, o por sumas fijas que varían en cada distrito pero que oscilan entre los 40, 30, 20 y 15 centavos respectivamente.
Al referirse al peso económico de este tipo de medidas, Sica citó que en el caso del partido de Vicente López que gobierna el intendente Jorge Macri, que «mediante el cobro de la tasa vial recauda 2 millones de pesos mensuales, sin ofrecer ningún servicio como contraprestación al usuario».
En tono irónico, la directiva afirmó que «si la tasa vial se extendiera a las 4.400 estaciones de servicio que existen en todo el país, con lo recaudado se podría lograr el financiamiento que la petrolera YPF necesita para explorar y explotar el yacimiento de Vaca Muerta».
En distintas oportunidades el sector se manifestó en contra de la tasa no soló por considerarla ilegal sino porque entienden que distorsiona el mercado de combustibles, crea inequidades, eleva los costos de explotación de las estaciones de servicio,pone en riesgo las fuentes de trabajo y genera inflación. | Télam.
