Seguridad Privada: Negocios turbios, represores y precarización laboral

El Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), que lidera Christian López, denunció la promiscuidad que existe entre políticos y empresarios del sector, la falta de control y el escaso apego a las leyes que reina en este universo laboral.

«La falta de control es realmente preocupante, pero tiene explicaciones y desde ya consecuencias. Estas empresas tomaron impulso en la dictadura, se multiplicaron en el menemismo y en algunos casos son manejadas por represores, policías exonerados y personal sin capacitación», señalaron.

A través de un comunicado de prensa, SUTCA aseguró que las firmas no brindan «un servicio a la ciudadanía sino un fabuloso negocio con unos exorbitantes márgenes de rentabilidad». «Podemos remontarnos al Grupo Yabrán, con su empresa de seguridad Bridees, cuyas siglas provendría de “Brigadas de la ESMA», ejemplifican.

Allí trabajaron por ejemplo el ex capitán de fragata Adolfo Donda Tigel, uno de los jefes del grupo de tareas 3.3.2. Héctor Schwab, quien trabajó para Antonio Bussi en Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó Scanner SA, con importante presencia en el norte de nuestro país.

En el 2003 fue detenido, pero la siguió manejando a través de testaferros. El coronel retirado Aldo Mario Álvarez, amigo de Ramón Camps y prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca fue responsable de la agencia Alsina SRL. En el año 2000 pasa las acciones a su yerno, recordaron desde el gremio.

En ese marco, el sindicato de Custodios mencionó también a Víctor Alejandro Gallo, que durante la dictadura integró el Batallón 601, hoy dueño de la cooperativa de seguridad Lince.

Sobre esto, repararon en la historia de Francisco, que nació en el Hospital militar de Campo de Mayo en 1977, cuando su mamá estaba allí secuestrada. Vivió con el oficial de inteligencia Gallo, que se lo apropió, hasta que en febrero del 2010 se transformó en el nieto recuperado 101. En el 2007 la Secretaría de Derechos Humanos enumeró las empresas en donde trabajarían represores, en donde aparece otra cooperativa de seguridad: Solucionar. La lista completa está archivada en la causa por la desaparición Julio López. También figuran ex carapintadas.

SUTCA señaló una causa de la falta de control: “A pesar que en el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos prohíbe contribuciones y donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras, empresas que conforman una verdadera cartelización, que ganan la mayoría de las licitaciones y no se presentan en zonas que manejan sus competidoras, son aportantes a las campañas electorales de la actual administración nacional y porteña. Uno de sus dueños, Roberto Raglewski, ex jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, con retiro obligatorio en el 2004 por un escándalo de corrupción fue muy generoso y donó $500.000 de manera particular.

Para finalizar, enumeraron otras de las consecuencias por el bajo nivel de controles en la actividad: «Esta promiscuidad obscena entre la política, los empresarios y el Estado profundiza la precarización laboral de los trabajadores, la impunidad de la patronal, la baja jerarquización de la actividad, transforman un servicio en solo un mero negocio donde todo vale con tal de aumentar la rentabilidad».