El sábado concluyó la 109° Conferencia Internacional del Trabajo, o al menos la primera etapa de ella, habida cuenta de su desdoblamiento que prevé el funcionamiento de 2 comisiones –sobre las desigualdades en el mundo del trabajo, y sobre las competencias y el aprendizaje permanente– que sesionarán en noviembre de este mismo año.
Seguramente será recordada como la “Conferencia de la Pandemia”, desarrollada en una versión on line, acotada, con restricciones para la participación por razones de conectividad, horarios, y por el propio diseño de su agenda.
Los trabajos han sido difíciles por el formato, no obstante, con vocación militante y fuerte compromiso, el movimiento sindical le ha dado seguimiento desde cada rincón del mundo participando activamente en todas las deliberaciones. Para nuestro espacio, –las Centrales Sindicales regionales e internacional, las Global Unions, y ACTRAV-, fue difícil, extenuante y tedioso, pero durante toda la Conferencia mantuvimos la guardia alta, y sufrimos una vez más la embestida de los empleadores que fuerzan el debilitamiento de los órganos de control de la OIT, y conflictúan cada uno de los debates, en una estrategia de presión para lograr declaraciones y conclusiones de poco contenido, acríticas, e inocuas.
Muestra de ello es la “Resolución relativa a un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente” cuya lectura recrea frases de documentos previos, fragmentos de la Declaración del Centenario, y llamados a la cooperación, pero que no contiene ninguna propuesta novedosa, disruptiva, de acción urgente que ponga al mundo del trabajo, y a su espacio de gobernanza global, en un posicionamiento de vanguardia para enfrentar los efectos devastadores de la pandemia sobre el empleo.
La Comisión de la Discusión Recurrente sobre la Seguridad Social, otra vez vivió la tensión entre quienes defienden los sistemas previsionales de capitalización bajo administración privada, y el sector del trabajo que sostiene los sistemas solidarios de administración estatal. Grandilocuentemente se habla de la necesidad de establecer “pisos de protección social” para enfrentar las desigualdades y mitigar la pobreza, pero esas discusiones se congelan cuando necesariamente los trabajadores planteamos que es necesario adoptar políticas claras de financiamiento a través de un cambio profundo en la tributación global.
En la Comisión de Aplicación de Normas, quizás el más político de los espacios tripartitos de la OIT, en el cual se puede tomar el pulso de la puja de la relación capital-trabajo, y el posicionamiento de los Estados, volvió a evidenciarse la crisis que se vive desde el año 2012 cuando los empleadores cuestionaron que el derecho a la huelga se encuentre comprendido en el Convenio 87, y se retiraron de las deliberaciones en una estrategia de endurecimiento posicional, que devendría en una práctica de debilitamiento sistemático de las conclusiones y la adopción de medidas de la CAN, que en los hechos han resultado cada año más mínimas y menos efectivas desde entonces. Este año los empleadores redoblaron la apuesta, fueron a fondo en contra de la Comisión de Expertos exigiéndoles que no realicen consideraciones políticas y evaluaciones sobre las condiciones de cumplimiento de las Normas por parte de los Estados, pretendiendo que solo se hagan análisis técnicos escindidos de la valoración circunstancial de hechos y pruebas. Si esta posición de los empleadores, que obviamente cuenta con el apoyo de los Gobiernos incumplidores prospera, estaríamos frente a la eliminación del sentido mismo de la Comisión de Normas.
La posición rupturista de los empleadores en la CAN fue a fondo este año. Intentaron en varias oportunidades censurar la opinión de los trabajadores con oscuros argumentos pidiendo que se borren nuestras expresiones de las actas, y en cuanto a lo sustancial, comenzaron una ofensiva contra el Convenio 98 sobre la negociación colectiva, negando la titularidad sindical de la negociación, y colocando al contrato individual por encima de la contratación plural por sector o actividad. Si la no inclusión de Brasil en la lista que analizó la CAN, era el presagio de la presión que íbamos a enfrentar por parte de los empleadores y los Gobiernos asociados al poder corporativo; la confirmación llegó con las débiles conclusiones del caso Colombia, que prescinden de la condena y repudio a los asesinatos y violación de las libertades públicas, que informaron los Expertos y denunciaron los trabajadores, apenas hacen referencia en un párrafo que “invita” al Gobierno a “garantizar la paz y derrotar la violencia”. Conclusiones débiles, lavadas, pobres, a la medida del Gobierno de Colombia en una estrategia compartida por los empleadores.
Reivindicamos a la OIT como el espacio principal de diálogo social para la construcción de una gobernanza global democrática y participativa con fundamento en el tripartismo, pero esto no es posible con la práctica de los empleadores y los gobiernos hostiles. Desde el movimiento sindical debemos repensar nuestra estrategia, no podemos seguir un esquema diplomático que nos encierra en callejones sin salida. La historia del movimiento obrero se sostiene en la rebeldía, en la conquista, en la necesaria conflictividad con el modelo, para ponerlo en crisis, y en la lucha obtener un cambio de política que desde el poder nos es negado.
Decíamos que reivindicamos la OIT, pero no esta OIT. Debemos pensar nuevas estrategias. El tema del derecho de huelga comprendido en el Convenio 87 debe ser resuelto, sea por acción de la Corte Internacional, sea por una posición reivindicativa de fuerza. El rol de la Comisión de Normas debe repensarse, no sirve avalar su licuación en cuotas mínimas año tras año, abordemos el tema con valentía y saliendo de los parámetros en los que estamos encorsetados. Las Declaraciones sin hojas de ruta, y sin financiamiento, son meros catálogos de ilusiones. Creemos que hay que impulsar cambios profundos para que la OIT recupere la senda de su mandato histórico, proteger al trabajo para que no sea tratado como una mercancía, y constituir en un espacio de articulación de políticas para garantizar la paz duradera sobre la base de la justicia social.
