La movilización convocada para conmemorar a los mártires de Chicago exige, a poco de sucedida, dimensionar el impacto político de semejante movilización sindical. Pretender reducir tamaña participación de trabajadores a una evocación histórica implica unidimensionar el rol de las estructuras no gubernamentales más importantes de la sociedad civil de nuestro país.
Y hablamos de un hecho político que sin dejos de mezquindad alguna, reconoció en sus diferencias, la necesidad de anteponer el sufrimiento de la clase trabajadora en su conjunto, y sus necesidades; según lo esgrimieron en sus discursos los principales referentes de la mesa.
El posicionamiento del movimiento obrero representado el último viernes manifestó, a las claras, cuáles serán las directrices que regirán el plan de acción frente a la continuidad de las políticas desplegadas por el Ejecutivo nacional.
Unificación promediando el mes de agosto, apoyo al proyecto de emergencia laboral aprobado la última sesión en el Senado, así como el recrudecimiento del plan de acción ante un veto presidencial –que puede incluir un paro nacional- fueron las cartas expuestas por la centrales presentes.
Aquí es donde se impone la valoración de un escenario político complejo y en constante fricción, donde el desafío de equilibrar intereses, que en principio se presentan contrapuestos, constituye el objetivo de gestión inmediato del Ejecutivo.
La cuestión de la emergencia laboral concentra hoy la tensión política, el interés general así como la presión sindical. Han sido los gremios quienes, unificando criterios han sabido expresar la necesidad de una ley que ponga un freno a los despidos, abriéndose camino en la cámaras que integran el Congreso Nacional y poniendo en la agenda institucional el tratamiento de la problemática.
Primer logro de la unificación de las centrales. Aún sin materializarse pero como promesa palpable de un futuro cada vez más cercano, consiguieron proyectos parlamentarios que atendieran las exigencias del mundo trabajador. Con los bemoles propios que hacen a la práctica del consenso, tanto la cámara de diputados como la de senadores avanzaron en la letra de un proyecto de ley.
Sendos proyectos reconocieron diferencias no solo en su contenido sino también en su tramitación. Y ha sido esta última variable, aquella que puso en evidencia ciertos grados de inexperiencia o de equivocación. En Diputados, con dictamen de mayoría, se aguarda giro y tratamiento en la Comisión de Presupuesto que, presidida por un representante propio, le permite al oficialismo dilatar su trámite en el recinto, ya que no existe plazo ni obligación de que el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo integre el orden del día.
Sin embrago, el Senado -mucho más rápido de reflejos- ha sabido aprovechar algunas dudas de la presidencia de la Cámara, permitiéndole responder la exigencia sindical con un proyecto de ley aprobado en sesión por dos tercios, cuyo tratamiento en comisión había sido hace apenas algunos días atrás.
Frente a miradas que conjugaron sorpresa y reproche, el proyecto materializó la segunda conquista que augura la unificación. Ya no solo agenda sino ahora próximo tratamiento en diputados de un proyecto aprobado por el senado como cámara de origen.
Esta respuesta inmediata, alentó las voces de un posible veto presidencial. Argumento que distante de aliviar o dilatar la cuestión, fue interpretado como un desafío, ya no solo a las centrales obreras, sino a las propias fuerzas políticas que apoyan la propuesta.
Indudablemente, ha sido la enorme labor política desplegada por el movimiento obrero organizado quien logró trasladar la tensión conflictiva desde las estructuras sindicales hacia el seno de las fuerzas que integran la coalición gobernante, y su base electoral.
De esta manera, el Ejecutivo nacional se encuentra frente a una situación para nada conveniente en tan corto plazo.
Si comenzamos por considerar cuan efectivo resultaría el veto presidencial del proyecto de emergencia ocupacional, a poco de pensarlo la repuesta se torna evidente. No solo recrudecerá la tensión con el movimiento sindical y un paro nacional, sino que impactara negativamente en su imagen pública. Va de suyo que, además, poco tendrá de efectivo, pudiendo el senado insistir con el proyecto con la refrenda de un tercio de la cámara, cuantía que ya obtuvo al aprobarlo.
Por lo tanto, deberán considerar la dilación de su tratamiento en diputados y reforzar las alianzas para frenar su aprobación en el seno del cuerpo, cuando al día de hoy no cuentan con los votos necesarios para impedir su sanción. También considerar la necesidad que el proyecto proveniente del Senado, cuente con dictamen de Comisión, prologando su tratamiento. Esta hipótesis enfrentara las presiones que las centrales obreras y el arco político opositor ejerzan sobre sus representantes, sumando las soportadas por quienes no pretenden ser señalados como los diputados de la patronal.
El cuestionamiento de la virilidad presidencial para vetar el proyecto, lejos de cualquier afrenta o agravio personal, manifiesta la tensión entra las concepciones políticas en pugna, su peso y maduración para afrontar la respuesta ante las consecuencias de sus decisiones. Una variable de enorme consideración, en el complejo proceso de construcción de poder y su ejercicio.
Por su parte, la alternativa de no vetarlo, también erosiona su relación con el sustrato electoral natural de su espacio político propio. Las expresiones políticas que representan los sectores que basamentan su núcleo duro electoral, han sido claros el expresar su rechazo al proyecto y la necesidad que no se sancione la propuesta.
Nos encontramos ante un mapa donde se verifica que el desafío de la construcción política, a escala nacional, no admite dilaciones. Y donde la necesidad de respuestas inmediatas y concretas, manos aun. Fase arquitectónica que, superado el conflicto, dibujara el balance de poder entre los actores que tensionan y disputan. Y que, genuinamente, muestran sus cartas.
