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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Financiación de la Discapacidad: esperan por una definición de Massa para «sanear» al sistema

Por Emiliano Russo, columnista de Mundo Gremial

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«Hay ver dónde va a sacar la plata Sergio Massa», es lo que se escucha dentro del Gobierno por estas horas para justificar las demora en la definición de las medidas para «sanear» el Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad.

Desde el martes hay en Casa Rosada una carpa montada por transportistas y prestadores de servicios a afiliados con algún tipo de discapacidad que se quejan por las demoras en los pagos y la falta de actualización por inflación de los mismos. Hoy decidieron extender por otros dos días la protesta e incluso se vieron a chicos que usualmente toman estas terapias y servicios como forma de visibilizar la compleja situación.

En el gobierno atribuyen la colocación de la carpa a «un transportista mafioso» que busca notoriedad aunque admiten que algún retraso en los pagos se debe a la certificación que usualmente realiza la AFIP. Es que ahora tanto la Agencia Nacional de Discapacidad (AnDis) y la Superintendencia de Servicios de Salud auditan los servicios prestados con el fin de evitar irregularidades y que haya «prestaciones infladas» con el consecuente perjuicio para el fisco.

En CGT esperan por una pronta definición por los fondos de Discapacidad

En la Superintendencia, en tanto, minimizan las demoras en los pagos ya que «usualmente eran a 90 días y en algunos casos se están abonando a los 60 días». Observan, en este sentido, una campaña de desprestigio por parte de un proveedor que no cuenta con la suficiente representatividad en el sector.

Un comunicado de la AnDis, asimismo, ratificó en las últimas horas que se estudian medidas para hacer más eficiente al sector y que seguirán siendo las obras sociales quienes cubran las prestaciones «beneficiando a las personas con discapacidad que son afiliadas a las mismas».

De esta forma, se rechaza la propuesta para que sea la propia Agencia quien absorba la cobertura de estas prácticas. El mayor escollo es que, de ser así, debería ser el Tesoro el que absorba unos $20 mil millones que demanda la financiación de estas prestaciones y esto iría en contra del sendero de ajuste fiscal que impulsa el ministerio de Economía.

Por eso hoy todas las miradas están puestas en Massa y en ver cómo resuelve el requerimiento de la CGT para que haya un mecanismo que posibilite oxigenar las arcas de las obras sociales diezmadas por la cobertura del «transporte y educación» de la Discapacidad y por la compra de medicamentos importados para enfermedades complejas.

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