En CGT esperan por una pronta definición por los fondos de Discapacidad

Si bien en CGT dicen que la negociación con el Gobierno por los fondos para la cobertura de la Discapacidad ha logrado avanzar, la cuestión no está cerrada y puso en pie de guerra a los prestadores y transportistas: montaron una carpa frente a la Casa Rosada para denunciar frenos en los pagos y la no actualización de los mismos por inflación.

Esta mañana decenas de docentes, terapistas y choferes de micros, a cargo de los afiliados con algún tipo de discapacidad, se plantaron frente a las rejas del palacio de gobierno: primero sobre las de Rivadavia y luego sobre el acceso de Balcarce 50. «No estamos cobrando, frenaron hasta el pago de aguinaldo. Nos vamos a quedar tres días», dijo Vanesa, una de las docentes que participó de la manifestación.

Desde Casa Rosada minimizan la protesta por tratarse de «un sector no representativo» y aducen la problemática a un atraso de la AFIP que tendrá solución a la brevedad.

El problema venía siendo planteado al Ejecutivo por los popes de la CGT desde hace meses: la crisis financiera que atraviesan las obras sociales tiene como principal emergente los gastos por «la educación y el transporte» que un sector del oficialismo buscaba que sea solventado por la Agencia Nacional de la Discapacidad, que depende de Secretaría General de la Presidencia.

Es una negociación que corre por carril separado por la de la histórica deuda del sistema solidario de reintegro que reciben todos los meses las prestadoras de salud de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El año pasado el Ejecutivo asistió con $7 mil millones de los $11 mil millones con los que se había comprometido a financiar a los gremios. Este año la central obrera si bien estaba dispuesta a resignar esta «deuda» pretendía actualizar los montos por inflación. Los recursos, insisten, deberían salir «del Tesoro» y no del propio sistema que sufre una desfinanciación crónica.

Ahora, pese los reclamos que parten de un sector de la central gremial y de los propios prestadores que no dudaron en protestar frente a Casa de Gobierno, una calificada fuente sindical sostiene que el acuerdo «está casi cerrado». En medio del ajuste de gastos que viene llevando adelante la gestión de Sergio Massa en Economía, la duda que surge en torno a esta problemática es de dónde saldrían estas partidas para solventar los servicios destinados a los afiliados con algún tipo de discapacidad.

Otras fuente sindicales, en tanto, se mostraron confiadas que mañana «podría resolverse» el diferendo, es decir, si finalmente será el Estado el que absorba el costo de esos recursos para así oxigenar las arcas de las obras sociales.