A pesar de los compromisos públicos del gobierno provincial, asegurando que no habrá despidos de trabajadores, las obras del denominado Puerto de la Música de Rosario -una superficie de 20.000 m² donde se construirá un auditorio cubierto con capacidad para 2500 personas, que estará conectado a una explanada para espectáculos al aire libre que podrá albergar a otras 30.000- siguen paralizadas.
El 29 de abril pasado, los estibadores nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) ocuparon las dependencias del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) reclamando que se garantice, por resolución oficial, el trabajo de 350 obreros.
A casi 60 días de la paralización de las obras, las posiciones siguen enfrentadas. El asesor gremial del SUPA, César Aybar, insiste en reclamar que «el gobierno provincial otorgue las garantías necesarias para los 350 puestos de trabajo» y denuncia que «el Ejecutivo se levantó de la mesa de negociación».
Desmentida
Sin embargo, el titular del Enapro, Angel Elías, respondió: «Nunca nos fuimos del diálogo, ofrecimos dejar las cosas como estaban en los muelles para abrir un espacio para que el gremio verifique que no habrá pérdida de empleo», subrayó.
El 26 de abril, las firmas Pecam, Obring y Milicic deberían haber comenzado con las tareas de relevamiento topográfico y otras labores previas a la construcción del hormigón que le dé forma al proyecto del prestigioso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer.
La inversión para esta primera fase, estimada en 18 meses, se fijó en $ 40 millones, sobre un presupuesto de $ 78 millones para completar la totalidad de la estructura.
Pero cuando los 25 operarios de la contratista Pecam debían comenzar los contratos de ejecución (medir los terrenos, delimitar la zona e ingresar con grúas a mover el suelo), no pudieron hacerlo.
Tres días después, una asamblea de un centenar de operarios afiliados al SUPA instaló un piquete, que aún prosigue, en repudio a la obra. Los trabajadores aseguran que esos trabajos afectarán lo que denominan «muelle productivo».
Dos maneras
«La medida es por tiempo indeterminado y es pacífica, sin violencia alguna. Además, el conflicto se puede solucionar de dos maneras posibles: una es que el gobierno suspenda las obras del Puerto de la Música; la otra, que pasen a planta permanente los 350 empleados», insistió Aybar.
Elías, aclaró que «el gobierno dio los pasos necesarios», tras agregar: «Estamos en presencia de un programa de reconversión portuaria, producto de acuerdos entre la Nación, la provincia y empresas. Debe quedar en claro que el engrandecimiento del puerto no provocará la caída de fuentes laborales. Además, esta propuesta fue avalada por la ciudadanía. Que los 350 trabajadores pasen a planta permanente es una cuestión privada, una decisión que tendrá que resolver Terminal Puerto Rosario (TPR). Ese muelle no se está utilizando en estos momentos, por lo que esta medida de protesta lesiona el prestigio del puerto en su conjunto», subrayó.
El plan maestro de obra contempla la construcción de un nuevo muelle de 350 metros de largo a cargo del gobierno provincial en el terreno de relocalización de TPR, una de las concesionarias. A esto deben sumarse las 23 hectáreas de relleno de una dársena en terreno concesionado por Servicios Portuarios. Por último, prevé el cambio de uso de los terrenos (situados entre Pellegrini y Cerrito) para emplazar el Puerto de la Música.
El gobierno provincial utilizará 6 hectáreas de los terrenos de esa concesionaria y recibirá la misma cantidad de terreno hacia el sur. El Gobierno también se encargará de la construcción de un nuevo muelle de 350 metros, asegurará la relocalización de 28 familias ubicadas en la zona y de trasladar el desagüe cloacal del predio. La inversión pública total se estima en $ 60 millones.
Para concretar la obra, TPR deberá modificar su layout , acondicionar el terreno para concentrar sus cargas generales e invertir en una nueva plazoleta de contenedores.
En tanto, Enapro dispondrá de un terreno para un desarrollo vinculado al uso portuario, según consigna el informe elaborado por el gobierno santafesino.
Fuente: La Nación
