Cooperativa Portuaria: La caja negra del clan Juárez

La Cooperativa de Trabajo Portuarios Limitada del Puerto General San Martín fue intervenida en agosto de 2019 por la Justicia federal, luego de un planteo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La intervención se enmarcó en el proceso judicial que enfrenta Herme «Vino Caliente» Juárez, presidente la Cooperativa y un histórico sindicalista del Puerto San Martín, acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos.

Por decisión de la justicia y el aval del gobierno macrista, la institución cooperativa quedó a cargo de Juan José Schaer, exdirectivo de Telecom, bajo la orden de reencausar a los valores fundadores de la entidad: cooperativismo y solidaridad.

Schaer fue cuestionado en el último tiempo por la aprobación de un reglamento interno que violaría el estatuto social de la cooperativa a favor de intereses propios y del expresidente procesado Juárez.

Es que, según fuentes cercanas a la cooperativa, Schaer mantiene en planta a una veintena de familiares de «Vino Caliente» con sueldos promedio de 250.000 pesos.

Pero no es todo. El nuevo reglamento interno, en uno de sus artículos polémicos, establece deducciones a los excedentes que no están previstas por el estatuto social previendo elevar hasta el 30% de las utilidades que deberían ser repartidas entre los socios.

¿Repartidas entre TODOS los socios? La respuesta es no. El interventor estaría forzosamente reduciendo los excedentes que le corresponden a los socios por el estatuto.

El dinero se distribuiría de acuerdo a escalas propias de la especialización, jerarquías categorías, secciones o áreas, que beneficiarían a los miembros de la familia de Juárez, que lejos de ser apartados de la entidad mantienen el control en todas las áreas de la misma.

El perjuicio contra los trabajadores de la cooperativa aún es más grave. Hoy la entidad tiene unos 130 socios, pero opera con alrededor de unos 500 empleados contratados, generando así una desigualdad salarial entre ellos porque solos quienes gozan la condición de socios reciben dividendos.

Esta situación generó ruido históricamente en el INAES por fraude a la ley de cooperativa y ante el pedido de que todos los trabajadores sean incorporados como socios. Hubo intimaciones pero nunca se avanzó: la cooperativa de Juárez es la cooperativa de trabajo del país que más aporta al fondo del Instituto.

La intención de Schaer, lejos de subsanar la actitud anticooperativa, es ratificar la conducta empresarial de Juárez y beneficiar a un grupo selecto, a través de una falsa cooperativa para mantener activo al clan Juárez.