Cambios en la libre elección de obras sociales: conformidad en la CGT que aún espera el pago de $11 mil millones por discapacidad

A casi un mes del inicio de la campaña electoral, el gobierno nacional otorgó una medida reclamada por la CGT para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales, al disponer cambios en el sistema de libre elección, resiste el ingreso de dirigentes kirchneristas a la Superintendencia de Servicios de Salud pero aún no comunicó plazos para cumplir la otra promesa realizada a la central sindical: la compensación del millonario gasto por la cobertura de salud que tienen las entidades de salud sindicales.

Tras la muerte del ex titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, Alberto Fernández recibió a la mesa chica de la CGT donde dijo que no iba a entregar ese organismo a funcionarios cercanos a Cristina Kirchner. Finalmente asumió el cirujano sanjuanino Daniel López, ex técnico de Osecac pero hasta entonces funcionario de Salud designado por el ex ministro Ginés González García. En esa ocasión el jefe de estado se comprometió a cumplir dos pedidos de la entidad de calle Azopardo: la modificación de la libre elección para que los monotributistas sociales y nuevos ingresantes puedan quedarse al menos un año en la obra social asignada para evitar la érdida de recursos del sistema y los “pillajes” entre entidades y, en la misma sintonía, el pago de $11 mil millones en concepto del gasto de educación y transporte en la cobertura de la discapacidad (el fallecido Zanarini había calculado esa erogación en unos $19 mil millones).

Lo cierto es que el gobierno venía trabajando en el decreto 438, publicado hoy, desde hacía varias semanas: se estableció un límite en el traspaso de afiliados y ahora quienes inicien un vínculo laboral “deberán mantener durante al menos un año la prestadora médica de su actividad antes de disponer de la opción de cambio”.

La medida del Ejecutivo sustituye al decreto N° 1400/01 que permitía que la opción se ejerza desde el momento mismo del inicio de la relación laboral; paradojas del destino, había sido impulsado por la entonces ministra de Trabajo de la Alianza, la actual opositora Patricia Bullrich.

La novedad sobre el nuevo decreto le había sido comunicada a uno de los integrantes de la mesa chica cegetista, Andrés Rodríguez, por el ministro Claudio Moroni (Trabajo), en ocasión de la visita que el sindicalista hizo ayer a la sede de calle Alem para negociar la revisión paritaria de los estatales que, finalmente, se realizará el próximo 19 de agosto. También el interlocutor con el gobierno por temas de obras sociales, José Luis Lingieri, manifestó su conformidad por los cambios ejecutados por el oficialismo.

En la mesa chica de CGT, además, hay conformismo porque hasta el momento no hubo cambios en la estructura de la Superintendencia y “se neutralizaron” los intentos de dirigentes cercanos al viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, de desembarcar en el organismo que audita a la seguridad social. En cambio, hay cierta inquietud porque viene demorado el pago de esos $11 mil millones a los gremios para compensar los gastos en los rubros educación y transporte de la cobertura de la discapacidad. “Eso viene verde”, confió un dirigente gremial consultado por este medio. En las últimas semanas el gobierno flexibilizó el ajuste fiscal de los primeros meses en clave electoral pero aún evalúa el impacto de dicha erogación en las arcas públicas.