Cambios en la ley de asociaciones sindicales: “Como mínimo es sesgado, arbitrario y prejuicioso”, afirmó Recagno

El dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Federico Recagno, participó de la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se debaten los diferentes proyectos para modificar la Ley de Asociaciones Sindicales.

De la jornada en la cámara baja formaron parte representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias y especialistas que dieron sus puntos de vista respecto a los proyectos vinculados a modificaciones en las leyes 23.551 y 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo).

Al respecto, el integrante de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) expresó que “la calidad democrática de los sindicatos está cuestionada y la vamos vaciando de contenido” pero argumentó que “la mayoría de los sindicatos tienen un sistema electoral por asamblea, voto directo o congreso”.

“Discutimos la calidad democrática de los sindicatos pero no de los clubes de futbol, la UIA, cámaras empresarias, colegios profesionales o de cómo elegimos autoridades partidarias”, consideró Recagno y sentenció: “Poner solamente la mirada en mejorar la calidad democrática de los sindicatos es sesgado, arbitrario y prejuicioso”.

En esa misma línea, el sindicalista criticó los cambios respecto a la presentación de declaraciones juradas, la “ficha limpia” y las reelecciones: “Los mandatos en colegios públicos también son indefinidos, o son para todos o lo dejamos a cada manera”, consideró, tras remarcar que la ficha limpia “ni siquiera se aplicó a la política”.

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Sin embargo, el dirigente de APOC comentó que si se debería “incluir en nuestros estatutos sindicales un tribunal que contemple los casos de violencia y maltrato” y que debería haber un marco regulatorio para atender diferentes cuestiones, entre otras, como la designación y representaciones en diferentes áreas como la de Género.

Por último, Recagno aseguró que es “imposible” que la Auditoría General de la Nación pueda ser parte de los controles a las obras sociales de los sindicatos y aseguró que, en todo caso, esa tareas debería encomendarse a la Superintendencia de Servicios de Salud.