¿Legalidad o representatividad? El caso del gremio AGC

El paso de Jorge Triaca por la cartera laboral sigue dando que hablar. Tras su salida del gobierno de Mauricio Macri, comenzaron a llover denuncias contra su accionar en supuesto perjuicio contra organizaciones sindicales.

A las acusaciones por fraude por intervenciones a gremios, un hecho más se suma a la lista. Lo protagonizan los sindicatos del área de la informática.

Es que Triaca, un día antes de dejar su cargo, firmó una resolución otorgando la representación de una actividad que promete ser el «trabajo del futuro» a la Asociación Gremial de Computación (AGC).

Fue el 29 de noviembre de 2018. El por entonces Secretario de Trabajo otorgaba personería gremial a la AGC sobre el ámbito de actuación personal que agrupa a los “trabajadores que desarrollen tareas de operador, programador, analista, soporte técnico, desarrollo de sistemas, centro de cómputos, técnicos” en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

Pero veinte días después, el área de asesoría jurídica de Trabajo revocó lo firmado por Triaca por razones de “ilegitimidad” al omitir citar a otras asociaciones sindicales interesadas en la representación del conjunto de trabajadores involucrados.

En ese punto, la cartera laboral expuso: “Conforme surge del expediente (…) se presentaron diversos sindicatos que se opusieron al otorgamiento de la personería, ofreciendo prueba cuya producción no fue ordenada por la autoridad. (…) Que los sindicatos presentados no fueron notificados ni citados a la audiencia de cotejo de cantidad de afiliados cotizantes, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley Nº 23551, privándoseles de ejercer derecho a ser oídos”.

La nueva resolución fue apelada por la AGC ante la justicia laboral, quien en un llamativo corto tiempo recibió un fallo favorable, sin dar lugar a los cuestionamientos realizados de parte de abogados laboralistas y entidades sindicales del sector, por no haber sido incluidos en el expediente administrativo.

La rapidez judicial despertó sospechas en el sector y no son pocos los que encuentran relación con las presiones que presiones que sufrieron distintos jueces de la Cámara del Trabajo durante el macrismo y que ganaron relevancia en las últimas semanas.

Hay quienes dicen que este fallo se encontraría entre esa línea de presión política, ya que entre los miembros de su comisión cuenta con un ex funcionario del PRO.

Uno de los sindicatos involucrados es la Unión Informática, que conduce Ignacio Lonzieme, con presencia en las más destacadas empresas de la actividad y en disputa desde hace años por conseguir su personería gremial.

Consultado por Mundo Gremial, el dirigente manifestó: “Vemos con buenos ojos cualquier avance en la organización de los trabajadores y trabajadoras informáticas, pero pensamos que nuestra presencia en el sector es muy grande para ser pasada por alto” .

“Hay lógicas que deben cambiar dentro del sindicalismo y pensar que estos están conformados por sus representados y no son solo trámites o acciones judiciales, hay que demostrar la representatividad con hechos”, señaló.

La situación pone en relieve el dilema del encuadramiento sindical y renueva un interrogante: ¿Legalidad es representatividad?.