El Gobierno apura un mínimo no imponible para evitar presión de los gremios

Cristina Kirchner se apurará a definir por ley antes de fin de año un aumento del mínimo no aplicable al impuesto a las ganancias, que modificó por decreto en abril y ahora pautaría para el comienzo de 2012.

La cuestión podría derivar en nuevas fricciones entre el Gobierno y la CGT, que cada año reclama elevar la suma del mínimo no imponible en porcentajes similares a la inflación real.

Este año fue atípico. El Gobierno no tuvo un presupuesto aprobado y por lo tanto careció de la habilitación que recibe cada año para sortear al Congreso y definir a gusto esta cifra.

Para no darle el gusto a la oposición, decretó un aumento del 20% muy resistido por los otras fuerzas políticas, debido a que la propia Constitución obliga a pasar por el Parlamento cualquier modificación tributaria.

Ahora ese incremento sería tratado por el nuevo Congreso dominado por mayoría kirchnerista. Según publicó La Nación, en el decreto de convocatoria a extraordinarias que se publicará el lunes incluye una reforma al artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias.

Resta saber si será copiando el incremento de abril o pautando uno nuevo para 2012. La disyuntiva ocasionará un nuevo cruce con la CGT, que cada año reclama excluir a una parte de los trabajadores de este tributo.

Con el aumento de abril, hoy pagan Ganancias los soleteros que ganan 5.782 y los casados con salarios de 7.998. Para la oposición esas cifras eran pobres: la Ucr pretendía elevar la cifra a 13.000 pesos y la centroizquierda a 9.300.

Propone elevar el mínimo a 7.100 para solteros y 9.300 para casados. El del Gobierno los lleva a 5.782 y 7.998, pero toda la oposición coincide en que será difícil aplicarlo porque sólo el congreso puede legislar sobre impuestos.

El Congreso deberá sancionar una ley para validar el aumento decretado por el Gobierno para que las empresas lo tomen en cuenta en la liquidación de febrero. Justamente, la Afip extendió hasta esa fecha ese trámite a la espera de una norma.

La cuestión afectaría a 1.300.000 asalariados excluidos del impuesto no sólo por decreto de abril sino también por el ajuste del 20% que se hizo en julio. Sin ley, los cálculos volverían a los valores de 2009.