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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Villegas: “La emergencia administrativa no interfiere con la ley 10.430”

El funcionario bonaerense llevó tranquilidad a los gremios y argumentó sobre la necesidad de la nueva legislación. Sindicatos movilizan en La Plata en contra de ley.

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El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, se reunió este martes con legisladores del frente Cambiemos y con distintos representantes gremiales para argumentar la necesidad de la implementación del proyecto de Emergencia Administrativa y Tecnológica que cuenta con media sanción del Senado y que busca convertirse en Ley el próximo jueves.

“Esta Ley pretende dotar a la Provincia de los recursos administrativos y en materia tecnológica para agilizar, y acortar los plazos que permitan dar respuesta a los vecinos bonaerenses”, destacó Villegas, quien llevó tranquilidad a los dirigentes sindicales respecto a sus inquietudes planteadas.

En el encuentro estuvieron presentes el Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini y el vicepresidente, Manuel Mosca; el Presidente del bloque de Cambiemos, Jorge Silvestre: y los diputados Marcelo Eduardo Díaz, Graciela Nora Regó, Walter Abarca, Mónica López, Mario Pablo Giacobbe, Pablo Humberto Garate, Alfonso Aníbal Regueiro, y Guillermo Kane.

El Ministro insistió en que el objetivo de la Ley es contratación de servicios -tanto técnicos como profesionales- para cubrir falencias existentes, dado que sólo se estipula la incorporación de personal que pueda desempeñar funciones específicas que aquellos pertenecientes a la planta no puedan desarrollar.

“Esto no interfiere para nada con la Ley 10.430 ni con el régimen laboral del empleo público. Se trata de habilitar determinadas contrataciones específicas y transparentes, a través de locación de servicios”, agregó.

Además, vale reiterar que con esta legislación se agilizarán los procesos burocráticos con la consecuente optimización de la capacidad resolutiva ante situaciones que lo requieran -en la actualidad el trámite de las contrataciones se demora entre 9 y 11 meses para obras públicas y 6 meses para bienes y servicios.

Por último, es importante destacar que los procesos estarán dotados de transparencia, ya que no se alterarán los principios básicos de las compras públicas y que las contrataciones se publicarán en el Boletín Oficial. En relación a esto, se prevé crear una comisión bicameral con representación de las minorías que garantice la transparencia y el control de las decisiones que se tomen una vez dictada la emergencia.

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