La publicación “¿La justicia fiscal es posible en América Latina?”, lanzada el 30 de agosto, analiza las diferencias de tributación entre países latinoamericanos y países de la OCDE, apuntando caminos para un cobro de impuestos más igualitario y eficiente.

La iniciativa es una asociación entre la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la fundación alemana Friedrich Ebert (FES) y el economista brasileño Eduardo Fagnani.

En los últimos años estamos viviendo bajo un momento de austeridad fiscal y recorte de inversiones públicas en América Latina. En ese contexto, entre otras medidas, diversos gobiernos están impulsando y defendiendo la realización de reformas tributarias como parte del paquete de reformas necesarias para recuperar la economía.

Sin embargo, esas propuestas de reformas tributarias tienen algo en común: ninguna tiene como reto cambiar la estructura desigual del cobro de impuestos en nuestra región.

Por el contrario, en general, mantienen la lógica de concentrar la parte más grande de la recaudación sobre el consumo, en lugar de tributar proporcionalmente más la renta y el patrimonio, al paso que no se revisan los privilegios tributarios frecuentemente concedidos a la porción más rica de la sociedad y a las grandes empresas trasnacionales – estos elementos son los que caracterizan la regresividad de los sistemas tributarios en América Latina.

Para comprender cómo funciona la tributación en América Latina y buscar alternativas técnicamente viables para reformas progresivas es que nació la publicación ¿La justicia fiscal es posible en América Latina?, organizada por Gabriel Casnati y elaborada por los economistas brasileños Pedro de Carvalho Jr. y Eduardo Fagnani.

El estudio, una asociación entre la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la fundación alemana Friedrich Ebert (FES), fue lanzando el viernes pasado en la página web y las redes sociales de la ISP y en las redes sociales del periódico Le Monde Diplomatique Brasil y Le Monde Diplomatique Chile.

Con base en un análisis comparativo entre la estructura de impuestos de los países latinoamericanos frente a los miembros da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formada mayoritariamente por naciones desarrolladas, la publicación presenta propuestas de reformas tributarias que si implementadas aproximarían los niveles de carga tributaria de los dos grupos de países, sin necesariamente aumentar la carga tributaria total.

Para ello, son presentadas propuestas elaboradas conjuntamente por el movimiento sindical y académico en Brasil, Chile y Costa Rica.

LEER Y DESCARGAR EL ESTUDIO: http://bit.ly/2lPRHeF

El juzgado de lo social nº 19 de Madrid reconoció la existencia de relación laboral entre la empresa Deliveroo (Roofoods Spain SL) y sus repartidores, como resultado de una demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social que afecta a más de 500 trabajadores.

Esta sentencia, de fecha 22 de julio de 2019, se suma a otras en las que varios tribunales en España vienen reconociendo la laboralidad de los repartidores de esta y otras plataformas digitales de reparto.

El fallo establece que la existencia o no de una relación laboral “no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen”.

Asimismo se fundamentan de forma detallada los elementos que prueban la existencia de ajenidad y dependencia en la relación entre la empresa y los trabajadores:

– Los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad -la aplicación Deliveroo y la marca– son propiedad de la empresa.

– Los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte y a percibir una retribución. Por tanto no asumen ni los riesgos ni los beneficios de la relación entre la empresa, los restaurantes y los clientes finales.

– Los repartidores prestan sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles.

Además el fallo impugna los argumentos dados por la empresa y saca a la luz algunas de las estrategias utilizadas para ocultar la relación laboral que asiste a los trabajadores:

– Lo que la plataforma ofrece no es una mera labor de intermediación entre restaurantes y clientes, sino un servicio asociado a la marca Deliveroo y a su aplicación informática.

– El margen de autonomía de los repartidores se limita a aspectos que no son determinantes como la elección del medio de transporte, la ruta concreta y la posibilidad de rechazar un pedido.

– El rechazo de un pedido no es intrascendente para el repartidor, sino que puede tener consecuencias negativas.

– Que los repartidores pudieran prestar sus servicios para otras personas no es necesariamente contrario a la laboralidad.

– La posibilidad de realizar el servicio por medio de otras personas, más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato.

La existencia de una relación laboral, como ha fallado el juzgado, tiene profundas consecuencias para las condiciones laborales de los repartidores, ya que al estar bajo el Estatuto de los Trabajadores y el ordenamiento laboral que asiste a los trabajadores tienen derecho a un salario y una jornada laboral máxima.

Como así también al abono de las cotizaciones sociales establecidas en el Régimen General y por tanto al acceso a las prestaciones del sistema de protección; a vacaciones, descansos y permisos reconocidos; a los derechos colectivos como son el de organizarse sindicalmente, elegir representantes y negociar el convenio colectivo y condiciones laborales; y también el derecho a huelga.

Desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España (CCOO) consideraron la sentencia como “muy positiva” por la detallada y rigurosa fundamentación que la acompaña.

“A juicio del sindicato, rebate de forma sólida las objeciones planteadas por parte de la empresa, tenidas en cuenta en otros procedimientos judiciales que no han sido favorables a los trabajadores”, concluyeron.

Desde las CCOO que conduce Unai Sordo exigieron a las denominadas plataformas digitales “que respeten nuestros derechos laborales y cumplan con nuestro sistema de protección social”.

“Seguiremos luchando desde la movilización, la denuncia y la negociación contra este fraude que pone en riesgo nuestros derechos, nuestro sistema de protección social y nuestro Estado de Bienestar. Nos ponemos para ello a disposición del conjunto de trabajadores de estos nuevos modelos de negocio”.

La Confederación de los Trabajadores de las Universidades de las Américas (CONTUA) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) reclamaron por el cese de las violaciones a los derechos sindicales en El Salvador.

El pedido fue expuesto en la reunión de Comisión de Aplicación de Normas por el argentino Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), entidad integrante de CONTUA y la ISP.

#OIT100 ➡ El secretario general de la FATUN, Walter Merkis, expuso en nombre de la @CONTUA y la @PSIglobalunion sobre el Caso El Salvador en la Comisión de Aplicación de Normas 2019#MGEnOIT100 🇦🇷🇨🇭 pic.twitter.com/0q5CVTN7JV

— Mundo Gremial (@MundoGremial) June 17, 2019

El Caso El Salvador resultó elegido entre las 24 problemáticas mundiales a tratar durante la 108 Conferencia Internacional del Trabajo.

La política antisindical en el país es gravísima, a tal modo que se derivó en el despido de la de la secretaria general del sindicato de la electricidad, Roxana Maribel Deras Acosta, “fundado en mentiras de la patronal, con el único fin de desprestigiarla a ella y a la organización sindical a la cual pertenece”, denunció Merkis ante la OIT.

En el caso planteado, se evidencia el incumplimiento del Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, en medio de un parálisis del Consejo Superior del Trabajo en el país centroamericano, el ámbito donde deberían dialogar el Estado, trabajadores y empleadores.

Merkis, secretario general de la FATUN

Merkis expresó la solidaridad de la FATUN, CONTUA e ISP con los trabajadores salvadoreños y pidió que “se destraben inmediatamente todos los inconvenientes políticos, jurídicos, o administrativos para poner en funcionamiento, en forma urgente, al Consejo Superior del Trabajo”.

“Se trata de establecer reglas claras, respetuosas de la libertad sindical, del derecho de organización autónoma de los actores sociales, y de la buena fe para integrar las mesas de diálogo, establecer programas de trabajo, llevar adelante las negociaciones, y alcanzar acuerdos sustentables”, señaló en su discurso ante la Comisión de Normas.

En ese marco, instó al nuevo Presidente de El Salvador Nayib Bukele, y a su gabinete, a que atiendan prioritariamente este señalamiento de los expertos, al tiempo que solicitó a las autoridades de la OIT que pongan a disposición todas las herramientas y asistencia técnica para permitir el diálogo tripartito y el cese de las violaciones a los derechos sindicales en el país.

El discurso completo de Merkis en la Comisión de Aplicación de Normas 2019

“Gracias señor Presidente.

Tomamos la palabra en el caso de El Salvador, en nombre de la Internacional de Servicios Públicos y la CONTUA, en apoyo a los trabajadores salvadoreños que sufren una permanente violación de sus derechos sindicales.

El caso planteado por los Expertos trata sobre el incumplimiento del Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, caso que ya lleva tiempo de análisis en la Comisión, y no se logra solución real al problema de la parálisis del Consejo Superior del Trabajo en el país centroamericano.

Se deben destrabar inmediatamente todos los inconvenientes políticos, jurídicos, o administrativos para poner en funcionamiento, en forma urgente, al Consejo Superior del Trabajo. Se trata de establecer reglas claras, respetuosas de la libertad sindical, del derecho de organización autónoma de los actores sociales, y de la buena fe para integrar las mesas de diálogo, establecer programas de trabajo, llevar adelante las negociaciones, y alcanzar acuerdos sustentables.

Resaltamos la necesidad de la buena fe para promover el diálogo, porque de nada sirven las normas jurídicas más perfectas si los gobiernos y los actores sociales actúan con dilación en el nombramiento de representantes, no acuerdan los temas a tratar, o bloquean el quórum de funcionamiento y la toma de decisiones.

Señor presidente, hay un gobierno nuevo en El Salvador. Hace apenas unos días han asumido las nuevas autoridades, y desde el movimiento sindical instamos al Presidente Bukele, y a su gabinete, a que atiendan prioritariamente este señalamiento de los expertos, dialoguen con los actores sociales, y encuentren rápidamente una dinámica de trabajo por la vía pertinente para retomar las tareas del Consejo Superior del Trabajo.

Pero también queremos señalar, que en esta casa, en la OIT, en sus distintos órganos de control, están tramitando decenas de denuncias por casos de violación a los Convenios Fundamentales del Trabajo en El Salvador, por lo que también llamamos al nuevo Gobierno a dar respuestas a estas cuestiones, en forma urgente y cambiar el rumbo de las políticas laborales violatorias de los derechos sindicales.

Especialmente queremos reseñar la situación que se vive en el sector público, y poner como ejemplo a los sindicatos del sector eléctrico afiliados a la ISP que desde 2014, vienen denunciando prácticas anti-sindicales con campañas de desafiliación impulsadas por los representantes del gobierno y de las empresas bajo amenazas de despido a los trabajadores sindicalizados, la desarticulación de la negociación colectiva llegando a la supresión de la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo, y el acoso a las estructuras sindicales con la judicialización sistemática de los conflictos sociales.

La situación es tan grave, que inclusive existe un avanzado proceso de despedido en contra de la secretaria general del sindicato de la electricidad, compañera Roxana Maribel Deras Acosta, fundado en mentiras de la patronal, con el único fin de desprestigiarla a ella y a la organización sindical a la cual pertenece.

Instamos al gobierno a atender este caso, el de Roxana Deras, porque si no lo hace, haremos de él nuestra bandera, y estaremos aquí en esta Comisión el año próximo por el Convenio 87, y antes estaremos en Naciones Unidas, y en los órganos de derechos humanos de la OEA reclamando justicia, y denunciando a los responsables.

Reclamamos diálogo en las relaciones laborales en el sector público, el cese de las políticas anti-sindicales impulsadas por el gobierno anterior, y especialmente, deben cesar ya, ahora, sin demoras, las persecuciones y el acoso a los y las sindicalistas en El Salvador.

Decíamos antes, que desde hace muy pocos días, hay un nuevo gobierno en El Salvador, y entendemos que esta nueva gestión tiene la oportunidad de hacer las cosas como corresponde, revertir la situación, y administrar las relaciones laborales con respeto a la libertad sindical y al diálogo tripartito. Esperamos decisiones y señales en ese sentido.

La OIT puede colaborar con el nuevo gobierno, y con los actores sociales, brindando asistencia técnica. Nosotros desde el movimiento sindical estamos dispuestos a sentarnos en la mesa tripartita si paran las agresiones, y se establece un clima de respeto y confianza.

Gracias”.