«Esta marcha es parte de la campaña contra la criminalización de la protesta social», señaló Rubén «El Pollo» Sobrero, dirigente del cuerpo de Delegados del ex Ferrocarril Sarmiento y miembro de la comisión que lleva adelante la campaña.
Sobrero, que estuvo preso el mes pasado durante cuatro días acusado de haber instigado la quema de vagones del Sarmiento, dijo que en su caso «a pesar que se ha demostrado que no hay pruebas, si bien fui liberado y el juez me dictó Falta de Mérito, la causa penal sigue adelante». «En unidad podremos pararle la mano a estos atropellos», advirtió.
En tanto, Christian Castillo, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), integrante del Frente de Izquierda, convocó «a participar masivamente de la marcha contra la criminalización de la protesta social».
La convocatoria incluye el reclamo por el «desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas de los 5.000 luchadores obreros y populares»; la «libertad a Oñate, Olivera, Tapia, Claros, Germano y todos los presos por luchar»; y «basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan», y está realizada por numerosos sectores «antiburocráticos» del movimiento obrero.
Castillo señaló que «es un escándalo que todos los delegados combativos, como los de la Comisión Interna de Kraft, los trabajadores de Zanon y tantos otros estén perseguidos por defender los derechos de los trabajadores, mientras no hay ningún imputado por los asesinatos de luchadores populares como en el Indoamericano o en Jujuy».
La previa
La Presidenta se refirió semanas atrás críticamente a los cortes de calles, durante un reclamo salarial de los peones rurales, y defendió la política «no represiva» del gobierno.
«¿Por qué aprovecharse de un gobierno que ha hecho de la política de la no represión brutal contra jóvenes, que vemos en otros países?», dijo, y sostuvo que «la protesta política tiene derecho a hacerla una persona, 20 o mil. Pero me parece que estamos en otra Argentina y los argentinos merecemos otra forma de encarar las protestas políticas y sociales».
En ese marco, pidió «a los que quieran protestar que lo hagan, pero que lo hagan sobre la vereda, en una plaza, o aquí en la Plaza de Mayo» y aseguró que «nunca vamos a criminalizar la protesta social». «Pero eso no es protesta social, es un mamarracho que quiere molestar a los ciudadanos y a un gobierno», dijo en referencia al corte realizado por UATRE.
Debate en el Congreso
En tanto, un grupo de legisladores y sindicalistas realizó una jornada este martes en el Congreso, convocada por la titular de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Donda (FAP), en rechazo a la persecución judicial de militantes y sindicalistas.
«En los últimos años venimos viendo un recrudecimiento de la criminalización y judicialización de la protesta social, estos hechos no son aislados, es una práctica habitual del poder judicial, ya sea por su permeabilidad al poder político o por su propia concepción de la protesta social», planteó Donda.
Por su parte, el legislador Claudio Lozano precisó que «el 63% de las violaciones a la libertad sindical se da dentro de los lugares de trabajo y eso es un resabio de la dictadura militar para impedir la agrupación y organización de los trabajadores».
A su turno, Horacio Alcuaz, al explicar su proyecto de amnistía de los procesados en protestas sociales, aclaró que «el oficialismo no se animó a aplicar su mayoría en la comisión y no lo trató, porque hubiera significado sacarse del todo la careta». Es por eso que, explicó, su iniciativa deberá ser presentada nuevamente el año próximo.
Asimismo, Macaluse también se comprometió a acompañar los reclamos de los trabajadores y opinó que a partir de las últimas medidas económicas tomadas por el Gobierno «se prevé que la conflictividad aumente».
La radical Storani también abogó por un trabajo en conjunto con los legisladores de las provincias en cuestión, como Formosa -donde fueron asesinados miembros de la comunidad Quom por las fuerzas de seguridad- y Santa Cruz, donde hubo una fuerte represión a los docentes.
En tanto, el abogado y sociólogo de la UBA, Doctor en Leyes por Chicago University y la UBA, Roberto Gargarella, explicó que «la discusión trasciende el derecho penal y uno tiene todas las de ganar si reconoce eso. El juez penal debe mirar más allá de este derecho y pensar cuales son los puntos que están en juego».
El abogado Leonardo Filipini adhirió a los lineamientos que plantearon los diputados y planteó que los procesos judiciales suelen quedar en una especie de «nebulosa» en la que nunca se resuelven y los procesamientos se mantienen.
Dentro del grupo de los gremialistas, el secretario adjunto de la CTA Ricardo Peidró aseguró que «la represión y la criminalización no siempre se dan desde las fueras de seguridad, sino que juegan las patotas y el modelo sindical empresario».
De la jornada también participó Sobrero, quien opinó que «es muy preocupante que no solo se criminaliza a los que defendemos derechos fundamentales sino también van por los que se solidarizan con nosotros, como pasó con Vilma Ripoll y con Néstor Pitrola».
En la charla estuvieron presentes también legisladores de Proyecto Sur, la ex diputada Vilma Ripoll y el titular del Partido Obrero Néstor Pitrola -ambos procesados por acompañar el conflicto de Kraft-, y el concejal del partido de Merlo detenido Horacio Cepeda, entre otros.
Además de los casos de TBA y de Kraft, los presentes recordaron episodios como la represión en el Parque Indoamericano, y los asesinatos de Mariano y Cristian Ferreyra, según informó Parlamentario.com.
