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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Regularización de Trabajadores Informales: un proyecto de blanqueo que destiñe

Por Raúl Ferrara, abogado laboralista, docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Dentro del repertorio de frases populares hay una que podría definir la insistencia del gobierno en promover un régimen general de regularización de trabajadores informarles… la archi conocida: “No hay dos sin tres”.

Recordemos que el ejecutivo a través del otrora Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encabezado entonces por el Lic. Jorge Triaca y envalentonado con el victorioso resultado electoral de 2017, envió un proyecto ómnibus de reforma laboral que recorría variados institutos del derecho del trabajo pero que, en particular, destinaba uno de sus capítulos a la informalidad laboral y la evasión en la seguridad social.

El enorme costo político de la sanción de la reforma previsional en medio de los tristes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional sumados al fuerte rechazo de los sectores más combativos del sindicalismo y de duros cuestionamientos por parte de jueces del trabajo y abogados laboralistas obligaron al gobierno a resignar su deseo de obtener el triplete de Reforma de Previsional, Laboral y del Sistema de Riesgos de Trabajo en 2017.

Ya en 2018, la estrategia del gobierno tránsito otro carril, pero el mismo sentido de circulación: tomó el proyecto original, eliminó algunos institutos, efectuó otras correcciones menores y lo dividió en 3 proyectos distintos (de dudosa técnica legislativa) que fueron ingresados hace casi un año por el Senador Pinedo.

La controversia se mantuvo durante todo 2018 y ninguno de los tres proyectos logró los consensos en los sectores políticos, sindicales y académicos. En el medio se produjo la salida de Triaca, la degradación del área laboral y su subordinación a la cartera de producción, ocupando el centro de la escena la estrella emergente del gabinete Dante Sica.

En este año electoral y con el FMI condicionando los desembolsos a la implementación de medidas de ajuste, el gobierno parece decidido a no aceptar una nueva derrota y optó por acotar aún más el alcance de las versiones 2017 y 2018, para lo cual el pasado viernes 05 de abril, por medio del Senador Basualdo, ingresó el proyecto que denominó como de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral

En términos generales, el proyecto recrea la lógica de los anteriores: establecer un periodo de un año para que los empleadores que tienen trabajadores informales los registren, para lo cual establece incentivos y beneficios de distinto calibre.

Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos?, ¿quién los financia? ¿qué diferencias existen con los proyectos anteriores para que el gobierno considere que en este caso logrará la ansiada aprobación?

En primer lugar, repite los incentivos que contemplaban los proyectos 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional y de todas las multas en cualquier estado por emplear trabajadores en negro, baja del REPSAL y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores que se regularizan.

A diferencia de los proyectos anteriores, que establecían condonación total durante los primeros 180 días de vigencia y parcial (70%) durante los 180 días siguientes, el nuevo proyecto establece la condonación total durante el año de vigencia del sistema.

A este nada despreciable perdón total de deudas le agrega la “Promo 2019”: el beneficio de eximir al empleador por dos años de abonar contribuciones respecto de los trabajadores que se regularizan. Ud. se preguntará: ¿y con el trabajador que pasa?

Claramente la primera consecuencia es que pasa a estar “en blanco”, es decir registrado con acceso a la seguridad social. Recordemos que, en el país, aprox. el 50% del empleo privado se da en situaciones de informalidad.

Sin embargo, el proyecto 2019 mantiene el tope de 60 meses al reconocimiento a los fines previsionales del trabajador regularizado. Es decir que los trabajadores con mas de 5 años de trabajo en negro serán quienes en gran medida “subsidien” con ese límite arbitrario el blanqueo de las deudas de sus empleadores.

Se destaca como una mejora que el reconocimiento se realiza sobre la base del salario promedio inicial de convenio colectivo aplicable mientras que en los proyectos anteriores apenas lo era sobre el devaluado Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Junto a estas modificaciones se agregan otras relacionadas con el régimen de agravamientos indemnizatorios que contempla la Ley 24013 para el trabajo informal, otras con el sistema de otorgamiento de certificados de trabajo y otras con la incorporación de un régimen de exención de contribuciones patronales por dos años a todos los nuevos puestos de trabajo.

Con estos datos podemos sostener que el proyecto del Senador Basualdo, incurre en los mismos errores y omisiones de los proyectos anteriores. Por un lado, exagera en los beneficios otorgados al evasor sin que se advierta un correlato u equilibrio con los beneficios que se le reconocen al trabajador. La muestra acabada de ello es que mientras al empleador se le licua toda la deuda de todos los periodos y se le otorga el beneficio adicional de 2 años de exención de contribuciones futuras, al trabajador se le pone un tope temporal y salarial al reconocimiento de derechos.

Pero lo que es más grave: el proyecto no contempla ningún resguardo para evitar que el trabajador “blanqueado a costo cero” sea despedido al día siguiente de regularizado en el marco de la ley.

La inexistencia de una prohibición de despido por un periodo determinado de ese trabajador (y que razonablemente debería tener alguna relación con su antigüedad real) es la llave maestra de un mecanismo creado más para licuar deudas previsionales que para la regularización de trabajadores informales. En estas cuestiones no hay margen para la ingenuidad y menos aun cuando todos los indicadores laborales señalan que este año el desempleo seguirá creciendo, superando cómodamente los dos dígitos.

En cualquier caso, y aun cuando se corrigieran estos aspectos del proyecto, lo cierto es que el gobierno sigue proponiendo medidas que por un lado no atacan la enfermedad sino los síntomas y por el otro van a destiempo de la realidad. Pretender resolver el problema de un trabajo informal que alcanza el 35% (50% si tomamos solo al sector privado) con un sistema de incentivos es hacer voluntarismo. La verdadera batalla contra el empleo en negro debe darse combatiendo a la economía en negro de la cual es uno de sus síntomas, sin que el proyecto contenga una sola medida en ese sentido.

Y, por otro lado, proponer incentivos para la formalización de trabajadores con una economía recesiva e inflacionaria, que cada día crea más desocupados y en la que cierran 30 Pymes por día parece una ironía o un cinismo supino: nadie blanquea trabajadores si esta pensando en cerrar o reducir plantel salvo que justamente lo haga para despedir a bajo costo, como ya analizamos más arriba.

En definitiva, veremos si este nuevo proyecto de cambiemos sigue la suerte de los anteriores o si, como dice también el refrán popular: “La tercera es la vencida”.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El lado grasa del Teletrabajo: Edenor vende sillas a sus empleados y el oficialismo vota sin la búsqueda de consensos

Una vez más los ciudadanos somos espectadores del berretismo dirigencial.

Pablo Maradei

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Esta semana nos enteramos que, como parte de un proceso de reestructuración laboral, Edenor puso en venta sus sillas ergonómicas a precio de remate (¿?) para sus empleados: por medio de un mail de comunicación interna les ofrece a sus trabajadores comprar por 7.000 pesos sillas que se venden en el mercado a $17.500 o a $13.500. Hablamos de una empresa que tiene que manejar una parva de billetes para suministrar, mínimamente, la electricidad a media Ciudad de Buenos Aires: humillante para una empresa de esa envergadura. Lo cierto es que en algún punto están pensando en desprenderse de oficinas ya que sus asalariados se mantendrán teletrabajando. A propósito: ¿la ley que se votó en el Senado esta semana revertirá la idea?

Paréntesis: este berretismo empresarial se da en plena discusión de sacarle la concesión a Edesur, que recibió al igual que Edenor, aumentos siderales de tarifa durante la era Cambiemos y según el ENRE no hizo inversiones. Algo que también sostiene Carlos Minucci, secretario general de los jerárquicos de la energía: “Las inversiones datan de la época de Segba”, dijo a Mundo Gremial. Viaje al pasado: Segba era la empresa estatal de energía.

Volviendo al teletrabajo: a priori esa ley dejó muchos huecos sin cubrir de los que hemos hablado en este portal porque los senadores oficialistas decidieron no escuchar a nadie; por lo menos en el debate durante el recinto. Puertas afuera, y como según le comentó la senadora Gladys González a Mundo Gremial, la predisposición era otra: “Habíamos conversado con legisladores oficialistas y la predisposición era otra; de hecho tenían otros proyectos con otra mirada más moderna; pero lo que va ganando terreno es la posición del kirchnerismo a no escuchar”. Basta mirar el contexto político de la cooperativa gobernante para ver lo expuesta que están esas tensiones internas. Y va ganando, por poder, el ala dura.

Si a la oposición y al sector empresario no lo escucharon, ¿qué tenían los dirigentes sindicales para decir? Por lo que más se preocupó Héctor Daer fue en decir que “estamos ante una modalidad de trabajo y no una actividad” para mantener la paz interna y evitar reyertas por encuadramientos.

Sesión pública especial remota del Honorable Senado de la Nación, en la que se trataron los proyectos de ley de Teletrabajo y de sostenibilidad de la deuda, en Buenos Aires, Argentina; el 30 de Julio de 2020. Foto: CELESTE SALGUERO / COMUNICACIÓN SENADO.

Mundo Gremial le preguntó a la senadora González respecto al nivel de conocimiento de los dirigentes sindicales que fueron a exponer a la Comisión de Trabajo del Senado: “Me esperaba otra cosa, al Senado vinieron a exponer Daer y Yasky; y otros fueron a Diputados, pero tuvieron una mirada que atrasa. Incluso hasta el senador que conduce la Comisión, Daniel Lovera, tiene la misma mirada que ellos”. Sigue: “Tienen una resistencia al cambio sin entender que esto ha venido para quedarse. De hecho Lovera en su discurso habla de la pandemia y esto trasciende a la pandemia ya que nadie está 24 horas en su casa en tiempos normales”. Completa: “Si quiero diferenciar a muchos jóvenes sindicalistas que mandaron sus observaciones y la verdad que esa mirada era totalmente diferente”.

En efecto el teletrabajo es algo que en el mundo juvenil se impone: el no trasladarse al centro para tener más tiempo y acaso gozar de la posibilidad de estudiar en sus barrios de origen vuelve a quedar jaqueado por una ley incompleta. Pero también pueden ver perder su oportunidad de entrar al mercado laboral miles de personas con discapacidad que podrían trabajar desde su casa porque es muy hostil para ellos moverse en esta ciudad tan poco amigable a los más vulnerables. Ni hablar de oficinas que no están preparadas para recibirlos.

Es cierto que se aprobó una ley chueca que desincentiva el teletrabajo, pero aún falta la reglamentación por parte del ministerio de Trabajo que podría subsanar algunos agujeros negros como los que planteó Tomás Karagozian, presidente de UIA Joven, en una extensa entrevista que concedió a este portal.

Ahora bien, más allá de que la ley salió de prepo ¿se animará el ministro Claudio Moroni a enderezar el junco? Final abierto, pero con la certeza de que no es un funcionario del lado político irracional. Luego vendrán las discusiones colectivas entre sindicatos y empresas para ayudar a hacer la normativa más aplicable.

También es cierto que Argentina se vanagloria de tener leyes del primer mundo; aunque siempre estudiamos cómo eludirlas: es parte del gen argentino no cumplir las normas. Pero no solo pasa con la legislación local: el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por el Congreso de nuestro país con fuerza de ley en julio de 2001. Someramente: este convenio constituye la herramienta jurídica más importante para la defensa de los Derechos Indígenas. Luego de que denunciaran el asesinato y persecución de varios integrantes de la comunidad La Primavera por parte del gobierno formoseño, el cacique Félix Díaz -con huelga de hambre incluida- y su gente acamparon durante casi todo 2015 en plena 9 de Julio y Avenida de Mayo. Levantaron el campamento con el cambio de Gobierno y ante promesas de campaña de Mauricio Macri que quedaron a mitad de camino. Y ni siquiera estaba Edenor para venderle sillas para que no sufrieran de la espalda.

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Un ropaje actual para la educación

Por Emiliano Viviani (*)

Mundo Gremial

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Después de transcurrido un tercio del año que corresponde a la mitad de un ciclo lectivo no podemos dejar de mirar hacia adentro. Las circunstancias epidemiológicas que en el mundo aquejan a millones de personas nos proponen que nuevamente tomemos la iniciativa de educar desde otro lugar. De este modo se abren muchos frentes que la comunidad educativa en su conjunto está abordando con todas las herramientas que tiene y puede. Cada uno desde su lugar dispone de ciertas herramientas metodológicas que acompañan las trayectorias educativas a distancia mientras que los establecimientos educativos solo abren para una tarea asistencialista, que nos recuerda las crisis económicas más recientes de la historia del país.

Abordar estas cuestiones permite reflexionar sobre nuestra labor docente en un contexto incierto, con el compromiso de los estudiantes, el necesario acompañamiento de las familias, y el seguimiento de los directivos escolares. Esta misma coyuntura, pese a sus condiciones particulares, sigue fomentando el trabajo docente como una herramienta puesta al servicio de intereses económicos que lejos están de las voluntades y de las necesidades de las mayorías.

La importancia de pertenecer al sindicato docente contribuye a construir un sentido de pertenencia y forjar un modo de organización para poner freno a la quita de derechos y buscar condiciones más dignas de trabajo para todos los actores que transitan la institución escolar, entendiendo que se pide todo a la escuela pero poco se aporta para concretarlo. El sindicato visibiliza nuestras realidades comunes o dispares, como parte de un sistema político y económico que negocia nuestras reales condiciones de llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje dignos.

La historia de luchas consecutivas como respuesta a un modelo económico neoliberal que afecta a los países de Latinoamérica está plagada de ejemplos, como el caso particular en nuestro país tras largos años de gestión de un gobierno porteño que produjo con sus políticas educativas el vaciamiento de logros de raigambre nacional, o el caso de la Provincia de Buenos Aires cuya ex gobernadora declaró una guerra abierta al conjunto docente especialmente sindicalizados buscando su debilitamiento. En ambas jurisdicciones se compartía la visión neoliberal propensa a debilitar al colectivo docente organizado en sindicatos con la pretensión de construir nuevas subjetividades más “emprendedoras”. Cuánta necesidad tenemos de estar atentos a la nueva gestión gubernamental después de semejantes atropellos y las pérdidas humanas producto de la desidia de entonces.

La pandemia nos obliga a tener presentes y dar continuidad a nuestras luchas en torno a la NES, la escuela del futuro, el desfinanciamiento educativo, los negocios edilicios como UNICABA CENARD e IRURTIA, el cierre de los comerciales nocturnos, las reasignaciones presupuestarias para refrigerios y viandas, la interrupción del plan 1 a 1 que significó Conectar Igualdad, entre otras que son parte de una concepción mercantilizadora y privatizadora de la educación.

En efecto, el neoliberalismo termina por imponer algo que en principio presenta como sugerencia, es decir, un modelo de sociedad que enarbola los valores del individualismo y el consumo bajo la supuesta premisa de que es inviable otro modelo que no sea el capitalista con sus ajustes y medidas que atentan contra las clases trabajadoras. Cualquier intento de gobierno que tenga presente y sea consciente de las necesidades de justicia social así como la concepción del trabajo como factor nucleante de su sociedad estará obligado a hacer una relectura del peronismo y sus medidas más representativas: redistribución de los ingresos; suministro de asistencia y apoyo a los ciudadanos que sufren necesidades; reconocimiento del papel formal de los sindicatos; mejora de la calidad de vida en los referido a salud, educación, vivienda digna y trabajo de sus habitantes; estimulación y ampliación de la industria y el mercado interno.

Lo que nos une, a pesar de nuestras diferencias, es que todos somos docentes con el claro convencimiento de querer ser parte de una escuela que de batalla ideológica. Como parte de una cultura escolar asumimos a diario desafíos que, a veces, son muy angustiantes, porque las condiciones de trabajo no son las más ideales y el Estado pareciera no estar a la altura de las circunstancias en plena pandemia; lo cierto es que los trabajadores de la educación tenemos que estar preparados para actuar siempre.

La mirada que tenemos todos los que ejercemos la docencia es que todo es político en la escuela. A pesar de que se busque dar un sentido desdibujado desde los medios de comunicación y que ciertos sectores se sumen para bajar una línea de que este esfuerzo llegó para quedarse como parte de una nueva normalidad, postura que está en consonancia con los Organismos No Gubernamentales y la práctica impuesta de pruebas estandarizadas que no condicen con las realidades y formaciones que propone la escuela, cada institución y sus actores lo visibilizan claramente.

Se ve a diario como los sindicatos, los directivos, los docentes enfrentan demandas y emergentes que les exigen actuar. Muchos asumimos tareas que son ajenas a nuestra función, que demandan más horas y días que aquellos que figuran en los recibos de sueldo y que no están reconocidas por una retribución monetaria, lo cual evidencia que eso es condición de la situación excepcional que atravesamos dado el aislamiento social obligatorio, pero también es consecuencia del vaciamiento educativo que está operando en el sistema en consonancia con el modelo neoliberal que apunta a la meritocracia de quien posee los recursos tecnológicos y reconoce un modelo hegemónico de familia.

A modo de reflexión final se puede decir que somos conscientes de las enormes responsabilidades que implican la docencia y la necesidad de unidad de los trabajadores para defender el derecho al acceso y permanencia a la educación pública y gratuita.

* Profesor de Historia. Especialista en gestión educativa.

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Renunció Viviani: ¿El fin del poder sindical como lo conocemos?

Moises Naim, periodista venezolano, escribió en el 2013 un libro que se llama El fin del Poder. En el mismo, el autor busca analizar las estructuras del poder y cómo se tornaron menos poderosas que las anteriores, sean políticas, eclesiásticas, militares u empresariales, entre otras. Tienen menos poder, capacidad de giro, podríamos decir. Naim compara [...]
Juan Manuel Morena

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Moises Naim, periodista venezolano, escribió en el 2013 un libro que se llama El fin del Poder. En el mismo, el autor busca analizar las estructuras del poder y cómo se tornaron menos poderosas que las anteriores, sean políticas, eclesiásticas, militares u empresariales, entre otras. Tienen menos poder, capacidad de giro, podríamos decir.

Naim compara un presidente de EEUU de mediados de siglo, con los últimos. A las empresas emblemas como la Ford, con las actuales. En la tapa del libro se puede leer: “Empresas que se hunden, militares derrotados, Papas que renuncian y gobiernos impotentes: Cómo El Poder ya no es lo que era”.

El libro es muy interesante, pero si uno reflexiona sobre las cuestiones locales, y en particular el mundo sindical, las opciones son muy interesantes. Nos podemos hacer las preguntas correspondientes. ¿La CGT de hoy es más o menos poderosa que antes? ¿Hoy un secretario general de la CGT es menos poderoso que en los 80 o en los 90?

¿El secretario general de la UOM es menos poderoso que todos los secretarios anteriores? ¿El desplazamiento de Omar “Tano” Viviani con la directora de la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) de su lado era posible en otros tiempos? Parece que los tiempos cambian.

Este ultimo caso, el de Viviani, es interesante. Se confirmó hace horas su renuncia a la secretario general del Sindicato de Taxistas después de casi cuatro décadas y poco más de un año de renovar mandato. El poderoso Tano, quien fue uno de los actores centrales de los armados sindicales en los últimos años, adelantó su alejamiento mediante un comunicado que dio a la comisión directiva, la abogada Mónica Risotto, titular de la DNAS.

Varios puntos para analizar. ¿La Directora Nacional de Asociaciones Sindicales sigue participando en la vida institucional del sindicato? De ser así, podríamos hablar de una incompatibilidad.

Los transcendidos hablan que días pasados al Tano le exigieron la renuncia. El dirigente habría pedido unos días para evaluar, quiso dilatar. En el medio hubo encontronazos físicos, y hasta se habla de “una paliza” a golpes al dirigente. Los tiempos se aceleraron y su salida es un hecho.

Internas gremiales y el fuerte avance de las aplicaciones de transporte Uber y Cabify empujaron a Viviani a renunciar frente a la casi inevitable legalización de los servicios, una situación que significará un nuevo golpe en la representación sindical, que perdió decenas de miles de afiliados a nivel país.

Cansancio y decepción son las palabras que salen del entorno del dirigente para justificar la decisión de bajarse de la conducción del sindicato, previendo tiempos críticos. Su preponderancia en la labor sindical quedó aplastada por el nuevo reordenamiento del sistema de transporte y el posicionamiento inevitable en el país de las apps.

El otro caso emblemático es el de la poderosa UTA, el mundo de los colectiveros. En un país que los trenes se desplomaron y con las dimensiones que tiene, y con la centralidad político sindical que supo desarrollar Juan Manuel Palacios, hoy vemos una UTA quebrada, vallada, con una obra social fundida.

Su secretario general, Roberto Fernández, solo viene sosteniendo su poder con un estatuto antidemocrático y relaciones de poder. Pero cuando uno ve el desmembramiento en el interior, las movilizaciones de los sectores opositores en la región AMBA, entiende que eso que Palacios construyó no existe más. La renovación toca la puerta todos los días.

El caso de la UOM también es representativo. Se habla de los mismos cuestionamientos que a Viviani: una industria que se transformó y una organización que dejó de ser lo que todos supimos conocer. Hoy Antonio Caló, su secretario general, tiene grandes cuestionamientos internos, por la falta de protagonismo y otros privilegios en el tablero económico que ya lo poderosos metalúrgicos no tienen.

En el universo CGT también hay grandes procesos de cambios, que la pandemia tal vez aceleró, y que deja a la CTA con un “Carrocho” Godoy o un Hugo Yasky como los nuevo burócratas de más de 70 años.

El poder está cambiando, y no es el mismo.

* Juan Manuel Morena, director de Mundo Gremial

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