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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Regularización de Trabajadores Informales: un proyecto de blanqueo que destiñe

Por Raúl Ferrara, abogado laboralista, docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Dentro del repertorio de frases populares hay una que podría definir la insistencia del gobierno en promover un régimen general de regularización de trabajadores informarles… la archi conocida: “No hay dos sin tres”.

Recordemos que el ejecutivo a través del otrora Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encabezado entonces por el Lic. Jorge Triaca y envalentonado con el victorioso resultado electoral de 2017, envió un proyecto ómnibus de reforma laboral que recorría variados institutos del derecho del trabajo pero que, en particular, destinaba uno de sus capítulos a la informalidad laboral y la evasión en la seguridad social.

El enorme costo político de la sanción de la reforma previsional en medio de los tristes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional sumados al fuerte rechazo de los sectores más combativos del sindicalismo y de duros cuestionamientos por parte de jueces del trabajo y abogados laboralistas obligaron al gobierno a resignar su deseo de obtener el triplete de Reforma de Previsional, Laboral y del Sistema de Riesgos de Trabajo en 2017.

Ya en 2018, la estrategia del gobierno tránsito otro carril, pero el mismo sentido de circulación: tomó el proyecto original, eliminó algunos institutos, efectuó otras correcciones menores y lo dividió en 3 proyectos distintos (de dudosa técnica legislativa) que fueron ingresados hace casi un año por el Senador Pinedo.

La controversia se mantuvo durante todo 2018 y ninguno de los tres proyectos logró los consensos en los sectores políticos, sindicales y académicos. En el medio se produjo la salida de Triaca, la degradación del área laboral y su subordinación a la cartera de producción, ocupando el centro de la escena la estrella emergente del gabinete Dante Sica.

En este año electoral y con el FMI condicionando los desembolsos a la implementación de medidas de ajuste, el gobierno parece decidido a no aceptar una nueva derrota y optó por acotar aún más el alcance de las versiones 2017 y 2018, para lo cual el pasado viernes 05 de abril, por medio del Senador Basualdo, ingresó el proyecto que denominó como de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral

En términos generales, el proyecto recrea la lógica de los anteriores: establecer un periodo de un año para que los empleadores que tienen trabajadores informales los registren, para lo cual establece incentivos y beneficios de distinto calibre.

Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos?, ¿quién los financia? ¿qué diferencias existen con los proyectos anteriores para que el gobierno considere que en este caso logrará la ansiada aprobación?

En primer lugar, repite los incentivos que contemplaban los proyectos 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional y de todas las multas en cualquier estado por emplear trabajadores en negro, baja del REPSAL y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores que se regularizan.

A diferencia de los proyectos anteriores, que establecían condonación total durante los primeros 180 días de vigencia y parcial (70%) durante los 180 días siguientes, el nuevo proyecto establece la condonación total durante el año de vigencia del sistema.

A este nada despreciable perdón total de deudas le agrega la “Promo 2019”: el beneficio de eximir al empleador por dos años de abonar contribuciones respecto de los trabajadores que se regularizan. Ud. se preguntará: ¿y con el trabajador que pasa?

Claramente la primera consecuencia es que pasa a estar “en blanco”, es decir registrado con acceso a la seguridad social. Recordemos que, en el país, aprox. el 50% del empleo privado se da en situaciones de informalidad.

Sin embargo, el proyecto 2019 mantiene el tope de 60 meses al reconocimiento a los fines previsionales del trabajador regularizado. Es decir que los trabajadores con mas de 5 años de trabajo en negro serán quienes en gran medida “subsidien” con ese límite arbitrario el blanqueo de las deudas de sus empleadores.

Se destaca como una mejora que el reconocimiento se realiza sobre la base del salario promedio inicial de convenio colectivo aplicable mientras que en los proyectos anteriores apenas lo era sobre el devaluado Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Junto a estas modificaciones se agregan otras relacionadas con el régimen de agravamientos indemnizatorios que contempla la Ley 24013 para el trabajo informal, otras con el sistema de otorgamiento de certificados de trabajo y otras con la incorporación de un régimen de exención de contribuciones patronales por dos años a todos los nuevos puestos de trabajo.

Con estos datos podemos sostener que el proyecto del Senador Basualdo, incurre en los mismos errores y omisiones de los proyectos anteriores. Por un lado, exagera en los beneficios otorgados al evasor sin que se advierta un correlato u equilibrio con los beneficios que se le reconocen al trabajador. La muestra acabada de ello es que mientras al empleador se le licua toda la deuda de todos los periodos y se le otorga el beneficio adicional de 2 años de exención de contribuciones futuras, al trabajador se le pone un tope temporal y salarial al reconocimiento de derechos.

Pero lo que es más grave: el proyecto no contempla ningún resguardo para evitar que el trabajador “blanqueado a costo cero” sea despedido al día siguiente de regularizado en el marco de la ley.

La inexistencia de una prohibición de despido por un periodo determinado de ese trabajador (y que razonablemente debería tener alguna relación con su antigüedad real) es la llave maestra de un mecanismo creado más para licuar deudas previsionales que para la regularización de trabajadores informales. En estas cuestiones no hay margen para la ingenuidad y menos aun cuando todos los indicadores laborales señalan que este año el desempleo seguirá creciendo, superando cómodamente los dos dígitos.

En cualquier caso, y aun cuando se corrigieran estos aspectos del proyecto, lo cierto es que el gobierno sigue proponiendo medidas que por un lado no atacan la enfermedad sino los síntomas y por el otro van a destiempo de la realidad. Pretender resolver el problema de un trabajo informal que alcanza el 35% (50% si tomamos solo al sector privado) con un sistema de incentivos es hacer voluntarismo. La verdadera batalla contra el empleo en negro debe darse combatiendo a la economía en negro de la cual es uno de sus síntomas, sin que el proyecto contenga una sola medida en ese sentido.

Y, por otro lado, proponer incentivos para la formalización de trabajadores con una economía recesiva e inflacionaria, que cada día crea más desocupados y en la que cierran 30 Pymes por día parece una ironía o un cinismo supino: nadie blanquea trabajadores si esta pensando en cerrar o reducir plantel salvo que justamente lo haga para despedir a bajo costo, como ya analizamos más arriba.

En definitiva, veremos si este nuevo proyecto de cambiemos sigue la suerte de los anteriores o si, como dice también el refrán popular: “La tercera es la vencida”.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

“Argentina está a la altura de los requerimientos de OIT sobre futuro del trabajo”

GINEBRA (Enviado Especial) – Entrevista a Lucas Fernández Aparicio, secretario de Trabajo de la Nación, uno de los representantes del Estado argentino en la Conferencia del Centenario.

Mundo Gremial

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El Estado argentino participa activamente en la 108° Conferencia Internacional del Trabajo que organiza todos los años la OIT en Ginebra, Suiza.

Representantes de los 187 miembros de la Organización Internacional del Trabajo – OIT son protagonistas del, tal vez, encuentro más importante del último tiempo.

No es una conferencia más. Es la Conferencia del Centenario, con el foco en la problemática del futuro del trabajo como primordial.

La República Argentina está representada por funcionarios del gobierno nacional y los grupos de los trabajadores y empleadores.

En nombre del Ejecutivo argentino, participa el Secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio, acompañado por representantes del ministerio de Producción y Trabajo.

Ubicado desde hace días en Ginebra, Fernández Aparicio habló con Mundo Gremial y compartió las primeras sensaciones transcurrida la primera semana de actividad.

El funcionario destacó la participación argentina en los debates. “Estamos muy contentos de la participación de toda la Delegación y del aporte de los sectores sociales, de trabajo y empresario, y también por cómo hemos llevado adelante todo el proceso de ocupar y participar de los espacios que propone la OIT”, afirmó.

Además, se refirió al principal tema que aborda la Conferencia: el futuro del trabajo. Sobre este punto, señaló la importancia de impulsar espacios de diálogo tripartitos entre las partes involucradas, tal como lo recomendó la conducción de OIT.

“Creemos que Argentina se ubicó a la altura de los requerimientos de la OIT sobre futuro del trabajo, que estamos abordando los desafíos que nos propone el mundo del trabajo muy pro activamente”, sostuvo.

Ejemplo de ello -subrayó Fernández Aparicio- es la reciente conformación, bajo el ala del ministerio de Producción y Trabajo, de la Comisión del Diálogo Social.

Para el funcionario, el objetivo de la Comisión y de la agenda permanente de la cartera laboral “está en convocar a los actores del sistema de relaciones laborales para ir construyendo en mejor escenario a futuro y en orden a los desafíos que la tecnología, automatización, nos propone en el mercado laboral”.

Por otro lado, el secretario de Trabajo opinó sobre la elección de los Casos a tratar en la Comisión de Aplicación de Normas, uno de los ámbitos más importantes de OIT.

“Lo dijimos en el momento que tuvimos que intervenir, lo hicimos para hablar del Caso Uruguay. Creemos que es conveniente que con el diálogo tripartito se trabaje en las oportunidades de mejora que tiene la metodología de selección de los casos que tratan en la lista corta de esa comisión”, expresó.

Para Aparicio, “es necesario ponerle mucha transparencia y objetividad a los criterios que se utilicen para armar la elaboración de esa lista y creemos que a veces se priorizan cuestiones geopolíticas o que están vinculadas con una suerte de equilibrio regional cuando en realidad lo que hay que atender es al caso y abordar los casos en función de su importancia, su urgencia, su relevancia y no de una priorización sobre cuestiones geopolíticas”, concluyó.

Es válido destacar que los casos de denuncia contra el Estado argentino no fueron seleccionados entre los 24 a tratar durante la realización de la 108° Conferencia Internacional del Trabajo. Sí fueron incluidos, los de Brasil y Uruguay, entre otros.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

“La idea de que los trabajadores deban ceder derechos para obtener un empleo resulta insostenible”

ENTREVISTA | Para Pedro Américo Furtado la informalidad es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina por resolver. El 2018 cerró, según el INDEC, con 20,4 millones de trabajadores de los cuales 4,9 millones no están registrados mientras que otros 4,9 son cuentapropistas.

Pablo Maradei

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Foto: MundoGremial.com ©

A horas de subirse a un avión con destino a Ginebra para participar desde el lunes en la la 108° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, Pedro Américo Furtado, titular de la OIT, se prestó a un extenso diálogo con Mundo Gremial. La reforma laboral, algo que el Gobierno intentó llevar adelante desde que asumió en diciembre de 2015, aunque ahora frizada por el calendario electoral imperante, Furtado sostiene que “el desempleo tiene múltiples causas pero difícilmente pueda argumentarse que el rol del sector sindical es una de ellas”. Este lunes también estará en Suiza Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo.

– Se cumplen 100 años de la OIT. ¿Qué hito histórico laboral fue lo que impulsó a su creación? 
En términos históricos, la referencia inmediata para contextualizar la creación de la OIT es, desde luego, el final de la Primera Guerra Mundial, la Conferencia de Paz París en 1919 y lo que luego fuera el Tratado de Versalles y la Liga de las Naciones. Son hitos estrechamente conectados con la OIT, que además de ser la agencia más antigua de las Naciones Unidas, es la única cuyos mandantes son representantes de gobiernos, organizadores de empleadores y trabajadores. Si bien la guerra dejó países literalmente en ruinas, economías devastadas, familias desplazadas y toda una nueva geografía, las transformaciones en el mundo del trabajo habían comenzado mucho antes como resultado de procesos de industrialización, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, por un lado, los trabajadores ya organizados exigían condiciones más equitativas y seguras. Por otro lado, los gobiernos y los empleadores aceptaban la necesidad de colaborar y acordar normas para regular el trabajo, pero pensando más allá de la rentabilidad, sino en que hubiera justicia social. Ahí mismo se advirtió cuán relevante es el diálogo como herramienta de construcción colectiva. En este contexto nació la OIT y, precisamente, desde el preámbulo de su constitución, asumió una misión asociada a la paz universal y duradera.

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– Nos podría dar una síntesis de los problemas que se erradicaron en estos 100 años y cuáles son los desafíos que se presentan ahora?
El centenario de la OIT permitió hacer, como organización pero también de manera individual, un ejercicio retrospectivo muy interesante: identificar algunas cosas naturalizadas en torno al mundo del trabajo, como si hubieran sido siempre así, pero que en realidad son logros relativamente recientes. Piense en la jornada de ocho horas de trabajo, los fines de semana, la seguridad social, la protección de la maternidad, la inclusión de personas con discapacidad, el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor y podríamos seguir. Hay una serie larga de derechos de los trabajadores que fueron conquistados a lo largo del tiempo y, en cada una de esas conquistas, la OIT estuvo presente. El análisis de los convenios, las normas y las recomendaciones que la OIT fue dando a lo largo de cien años muestra que, además de acompañar y guiar esa conquistas, también tuvo una visión que le permitió anticiparse a temas clave, como el caso de la migración laboral o la equidad de género. Existen flagelos como el trabajo forzoso o el trabajo infantil en los que se registraron avances muy notables, pero desde luego esos problemas todavía persisten. En el mundo son más de 152 millones las víctimas del trabajo infantil. En Argentina, son uno de cada diez niños y niñas de entre cinco y quince años. Aún hay inmigrantes que trabajan en condiciones de hacinamiento, con jornadas de trabajo extensas y alta precariedad, hay altos índices de accidentes y muertes en el lugar de trabajo, el desempleo juvenil es tres veces más alto que para el resto de la población. Pero el trabajo de la OIT realmente puede observase en mejoras concretas en la vida de todas las personas. Además de las deudas pendientes, también hay nuevas complejidades: los cambios demográficos, tecnológicos y climáticos impactan de manera transversal en todas las áreas del mundo del trabajo. Desde la posición de la OIT, si hay una respuesta común para hacer frente a estos desafíos, es el diálogo social: la herramienta más potente para que los gobiernos, sindicatos y empresas puedan revitalizar el contrato social poniendo a a las personas en el centro del debate.

– Comenzó la 108° Conferencia Internacional en Ginebra y el futuro del Trabajo será la cuestión medular a tratar. Da la impresión de que por esta reconversión son más los trabajos que se pierden que los que se generan nuevos. Podría darnos un paneo de la situación en Argentina y en el resto del mundo.
Aunque ese tema a menudo genera inquietudes y cierto grado de pesimismo, los desafíos son también oportunidades y el futuro no está escrito. A fin de cuentas, será lo que nosotros, como sociedad, seamos capaces de construir. Por un lado, los diagnósticos ya se conocen y son muy claros. ¿Se perderán puestos de trabajo? Sí, como ha sucedido siempre ante cada transformación socioeconómica y tecnológica de gran escala. Pero, ¿se crearán nuevas formas de empleo? ¡Sin dudas! Le doy un ejemplo: se calcula que la aplicación del Programa de París sobre el Clima causará la pérdida total de unos 6 millones de empleos, pero a su vez se estima que va a generar 24 millones de nuevos empleos. Una de las metas que perseguimos, en línea con los Objetivo de Desarrollos Sustentables (ODS), es crear (antes de 2030) 344 millones de empleos. Se necesitan 190 millones de empleos más para poner fin al desempleo actual. Y si bien las tendencias y los desafíos son mundiales, cada nación tiene sus particularidades específicas y la expresión de estos problemas se da siempre de maneras diferentes. En Argentina, existen oportunidades para generar trabajo decente en actividades con sostenibilidad ambiental en toda su estructura productiva y para una importante variedad de perfiles de trabajadores. La economía verde, la economía rural y la economía de cuidados son sectores estratégicos para sustituir la pérdida de empleos en las actividades intensivas y, además, para avanzar hacia una garantía laboral universal. Otro aspecto fundamental para pensar el futuro del trabajo es el derecho al aprendizaje permanente como método efectivo de contención social y reconversión de los puestos laborales perdidos.

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– Atado un poco a los debates sobre el futuro del trabajo, en nuestro país, los sindicatos explotan su protagonismo mediático cuando es época de discusión paritaria debido a los altos niveles de inflación que pesan desde hace años sobre nuestra economía; luego pareciera que no participaran en otras discusiones o debates respecto, por ejemplo, al futuro laboral. ¿Es tan así o es algo que queda relegado? En otros países sin inflación, ¿por dónde pasan las discusiones sindicales?
En primer lugar, la coyuntura macroeconómica de un país siempre va a impactar de manera directa en la realidad de los trabajadores, pero no es la única variable. Hay también aspectos estructurales de los mercados de trabajo, como la informalidad o la seguridad social, que tienen un peso muy significativo en la calidad del empleo y por extensión en el bienestar de la sociedad. Los sindicatos son un actor fundamental, como contraparte del sector empresarial y gubernamental, para discutir los procesos productivos y asegurar los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales en sentido amplio. En Argentina, el sector sindical tiene una actividad muy intensa que trasciende y por mucho a las discusiones paritarias, independientemente del protagonismo mediático que puedan tener. Hay una tarea minuciosa y continuada del sector sindical argentino que no llega a verse reflejada en los medios, tal vez porque apunta a objetivos de mediano y largo plazo que implican procesos de investigación, discusión y consenso que sobrepasan los tiempos de la noticia. Todas las actividades, proyectos, estudios, investigaciones que se realizan desde la OIT cuentan con participación gremial en mayor o menor medida, con referentes que se destacan por una formación técnicamente muy sólida y que además inciden y acompañan en los procesos de cambio. En este momento, por ejemplo, solamente considerando proyectos de la OIT que involucran directamente a distintos referentes sindicales, los debates están pasando por la seguridad y la salud en el trabajo, la economía verde, la economía de plataformas, la violencia y el acoso laboral, las brechas de género, la inspección laboral, la erradicación del trabajo infantil y forzoso, la mayor representación de la mujer en el ámbito empresarial, el trabajo doméstico, las estrategias de formación profesional y desde luego la libertad sindical. Las organizaciones de trabajadores argentinas son muy diferentes a las de otros países de la región y del mundo, por su historia, su impronta, su formación y el impacto que generan. Todos los actores del ámbito laboral tienen que poder adaptar, a sus prácticas, estructuras para dar respuesta a los nuevos desafíos y creo que el sector sindical argentino avanza en esa dirección.

– La falta de derechos laborales y justicia social alcanza a diferentes países: en Argentina esta informalidad se da por los altos costos laborales según sostiene el Gobierno y los empresarios. En el resto de los países que padecen altos porcentajes que es lo que la determina?
La informalidad laboral es uno de los grandes desafíos que tiene por delante Argentina. En algunos segmentos críticos el empleo no registrado tiene niveles de precariedad que deben abordarse con urgencia y de manera integral, buscando generar empleos de mayor calidad, políticas productivas y empresas sostenibles. El rol de la inspección laboral en este aspecto es central. Valoramos los incentivos y las estrategias para facilitar una transición justa hacia la formalidad, con acuerdos sectoriales dirigidos al empleo rural y que mejoren también el acceso a la protección social. Pero en el país casi el 50 por ciento de la población empleada continua en la informalidad. En toda la región de América Latina y el Caribe se observan altos índices de informalidad. En países fuertemente competitivos y con economías desarrolladas, como Suecia, Alemania y Suiza, los costos laborales son muy altos y prácticamente no se registra informalidad. El informe de la comisión global sobre el futuro del trabajo que ahora se discute en Ginebra tiene una recomendación específica para abordar este problema, con una reestructuración de los incentivos a las empresas a fin de estimular las inversiones a largo plazo.

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– Desde que asumió Cambiemos se puso como uno de los focos del estancamiento económico laboral del país las fuertes estructuras sindicales que no permiten agilizar la toma de personal al no ceder derechos. Usted, ¿qué lectura tiene al respecto?
El desempleo tiene múltiples causas pero difícilmente pueda argumentarse que el rol del sector sindical es una de ellas. La OIT publicó su informe sobre las perspectivas sociales y del empleo en el mundo a comienzos de este año, y ya entonces se prevía la continuidad de la recesión económica y un incremento en el nivel del desempleo del 9,5 al 10 por ciento. En esta dinámica macroeconómica, los representantes de los trabajadores no han tenido una responsabilidad particular. En parte, pienso que la madurez del diálogo social entre los representantes tripartitos conduce necesariamente a relaciones caracterizadas por un menor antagonismo y una mayor negociación, en las que el concepto del trabajo decente se impone por su propio peso y, en ese contexto, la idea de que los trabajadores deban ceder derechos para obtener un empleo resulta insostenible.

– Siguiendo la línea de análisis por la que venimos, cuál es el grado de sindicalización de la Argentina respecto a la región y a otros países con fuertes sindicatos como puede ser Europa.
Si se cuentan los trabajadores formales y los no registrados, aproximadamente un 40 por ciento de la fuerza laboral está sindicalizada en Argentina; es decir cuatro de cada diez. En la mirada regional, esto significa que es el segundo país con mayor sindicalización, detrás de Uruguay, que de hecho cuenta con una de las tasas de afiliación sindical más altas del mundo. En los dos casos, y también considerando a Brasil, se observan porcentajes similares a los que tienen países de ingresos altos, pero todavía lejos de las naciones del norte europeo y los países escandinavos. Dinamarca y Finlandia, por ejemplo, tiene una tasa de sindicalización cercana al 70 por ciento.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El trabajo no es cosa de chicos

Por Raúl Ferrara, columnista de Mundo Gremial

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Desde hace 17 años, a instancia de la Organización Internacional del Trabajo todos los 12 de Junio se conmemora en el mundo el Dia Internacional contra el Trabajo Infantil con el objeto de concientizar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicarlo. En Argentina, el trabajo de menores de 16 años no solo está prohibido por ley, sino que desde el año 2008, a partir de la sanción de la Ley 26390, es considerado un delito con el que se penaliza a los empleadores que se aprovechan económicamente del trabajo de niños.

Sin embargo, lo que ya bien entrado el siglo XXI no debería ser materia de cuestionamiento, desde algunos sectores es visto con buenos ojos, destacando las bondades del trabajo temprano “para forjar el espíritu” o incluso señalando que “mejor que trabaje antes de que robe o se drogue”.

Ese mensaje reaccionario proviene incluso de cierta dirigencia política cercana o afín al gobierno. Recordemos el elocuente discurso del Senador por Entre Rios, Alfredo De Angeli, en el año 2014 pidiendo la legalización del trabajo infantil rural, o la nunca desmentida ni aclarada autorización de trabajo infantil a 45 chicos del recientemente reelecto Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el año 2018.

Lo cierto es esta mirada omite considerar o, lo que es peor, oculta deliberadamente lo evidente: la pobreza que obliga a un niño a trabajar cuando debería estar disfrutando su niñez.

Pero incluso a quienes realizan ese análisis sesgado y simplista de las bondades del trabajo infantil se les dificulta sostenerlo frente a algunos interrogantes.

A quienes le otorgan un rol formador habría que preguntarles ¿Cómo inciden las labores desde la edad temprana en la educación del niño? En los casos en que el niño esta escolarizado ¿tiene el mismo rendimiento ese niño que trabaja? ¿tendrá las mismas oportunidades formativas un niño que trabaja respecto del que no lo hace? ¿Cuál es el nivel de terminalidad escolar de un niño que trabaja?A quienes le reconocen una función colaborativa con la economía familiar habría que preguntarles: ¿Por qué no se contrata a un adulto para realizar esa tarea? ¿se le paga el mismo salario al niño que trabaja que a un adulto? ¿Por qué no se le paga un mayor salario u horas suplementarias al padre para que ese niño no tenga que trabajar?

Las respuestas a todos estos interrogantes nos llevan nuevamente al lugar donde empezamos: la pobreza. Pobreza que encuentra como aliado de su perpetuación al trabajo infantil.

Aun las mejores herramientas de gestión dirigidas a combatir este flagelo caen en saco roto cuando no existe una política de gobierno direccionada a la eliminación de la pobreza. Si analizamos aquella promesa de campaña del Presidente Mauricio Macri denominada “POBREZA CERO” y los resultados de una gestión que ha llevado el desempleo a dos dígitos, ha subsumido a un tercio de los argentinos y a más de la mitad de los pibes en la pobreza, es evidente que hemos transitado el camino inverso al de una lucha real contra el trabajo infantil.

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