Quebró la empresa Alco y hay incertidumbre por el futuro de 1000 empleados

La justicia decretó en las últimas horas la quiebra de una de los principales fabricantes y exportadores de conserveras del país, la empresa mendocina Alco-Canale,  generando que 1.000 empleos estén en riesgo.

Sin embargo, quien manifestó su postura al respecto fue el Subsecretario de Industria y Comercio de la provincia de Mendoza, Sergio Moralejo, explicando parte del fallo: «Hay algunos alicientes en el fallo que van a llevar tranquilidad, sobre todo a los trabajadores y a los proveedores de la zona» y agregó que las plantas seguirán funcionando de manera normal, y que la primera condición que tendrán los oferentes es mantener los puestos de trabajo y hacerse cargo de los costos sociales, «ya hay ofertas informales por el potencial para exportar de la empresa«, destacó.

Se trata de la emblemática empresa alimenticia mendocina considerada la mayor fabrica exportadora de conservas de esa provincia, que acaba de iniciar el proceso de desaparición.

Moralejo declaró que «el juez establece la decisión de continuar inmediatamente la explotación de la empresa, en los términos previstos en la Ley de Quiebras» y que «se mantienen las fuentes de trabajo y la empresa debe seguir trabajando«.

En este marco, es importante remarcar que la compañía venía operando bajo la razón social de Industria Alimentaria Mendocina (IAMSA), propiedad del grupo Alco-Canale, encargada de la elaboración de conservas, pulpas de frutas, tomates, legumbres, hortalizas, dulces y mermeladas, que daba empleo a 700 trabajadores desde su planta en la región mendocina del Valle de Uco, además de otro establecimiento menor ubicado en la localidad de General Alvear,también tenía establecimientos en Río Negro, Catamarca y la localidad bonaerense de Llavallol y llegó a contar con 2.400 empleados.

No obstante los conflictos de la compañía no eran nuevos, en el 2015 comenzó su debacle financiero y  a pesar de que el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, intentó un operativo rescate con una inyección de $150 millones a través de un crédito del Banco Nación, que finalmente no sirvió para que la empresa superara esa crítica situación. El dinero fue entregado a las autoridades de Alco-Canale fueron distribuidos en dos etapas de $75 millones que se completaron en el 2016, sin embargo  no evitaron el despido de cientos de sus trabajadores y la suspensión de otros tantos.

En ese momento, el gobierno mendocino decidió interventir directamente para volver a intentar un operativo rescate hasta que a principios de este año, la compañía otra vez se vio inmersa en un escenario de inestabilidad que derivó ahora en el fallo judicial que decretó su quiebra.

En cuanto a lo que pasará a futuro con las plantas, Moralejo adelantó que «una vez que el Tribunal evalúe los proyectos que se presenten, el punto uno es el mantenimiento de la totalidad de las fuentes de trabajo con el pago de las carga sociales. Es decir que se garantiza la continuidad de la empresa y, para las ofertas, el primer punto es el mantenimiento de los puestos de trabajo«.