La medida es una exigencia del Banco Central Europeo, la Unión Europea y el FMI (la troika) para reducir en forma drástica el empleo público. El gobierno griego había concordado con la troika, tras la firma del primer memorándum de 2010, reducir el número de empleados estatales, una categoría que hoy cuenta con 750.000 personas sobre casi 11 millones de griegos, el 6,8% de la población.
El gobierno griego debía llegar a un acuerdo definitivo sobre el plan de recortes de 13.500 millones requerido por la troika a cambio de desbloquear 30.500 millones de financiación ya que entre las exigencias de los acreedores internacionales está una dura reforma laboral que amenaza seriamente los derechos de los trabajadores helenos.
Hasta el momento el acuerdo estaba demorado debido a la decisión inicial del gobierno heleno de someter los cambios a un tratamiento parlamentario. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, afirmó ante la prensa que «el paquete está cerrado», según un cable de la agencia de noticias EFE.
Mañana informará al grupo de trabajo del Eurogrupo y a la población, los detalles de ese acuerdo que exigía en principio recortar salarios, indemnizaciones y aumentar la jornada laboral de los trabajadores, entre otros puntos.
La troika considera que con estas medidas se podrán «ahorrar» unos 13.500 millones de euros, situación a la que se habían opuesto los socios progresistas del Gobierno de coalición dirigido por el conservador Andonis Samarás.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de ministros, el titular de Trabajo, Yannis Vrutsis, aseguró que se estaban dando «pasos en dirección a mejorar el texto original de la Troika en temas laborales», pero no se informó en qué consistieron esas modificaciones.