Se estima que cerca del 10 % de la población en el mundo entero tiene algún tipo de discapacidad, esto es unos 650 millones de personas según los datos de las Naciones Unidas, de los cuales 470 millones están en edad de trabajar. Sin embargo, la gran mayoría está fuera del mundo del trabajo. Especialmente en países en desarrollo, las personas con discapacidad (PCD) están excluidas de las actividades de la vida cotidiana y en especial de las actividades laborales, lo que conlleva serias implicaciones socio-económicas para ellos y sus familias.
La Argentina, no esta fuera de estas cuestiones, según la ENDI -Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad- organizada y llevada a cabo por el INDEC en el año 2002/2003, complementaria del Censo de Población 2001, proporcionó cifras que no distan de las que se registran a nivel internacional.
De ella surgió que el 7,1% de la población en nuestro país presenta una o más discapacidades. Uno de cada cinco hogares se ve afectado por esta problemática, quiere decir que alcanza aproximadamente a 6.700.000 personas, de las cuales afecta a 2.200.000 portadoras de discapacidad e involucra a 4.500.000 personas sin discapacidad que conviven con ellas.
Casi el 50% de la población con discapacidad se encuentra en edad laboral, siendo el 44% jefe/a de hogar.
Estas cifras dan una real magnitud del tema. Tema que la sociedad debe empezar a visibilizar, dado que es un fenómeno real e identificable, universal y complejo, en parte previsible y, por ende evitable. Colectivo éste, en el cual podríamos ingresar cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestras vidas.
Según la ENDI otro dato relevante es que sólo el 12,8% de las personas afectadas nacen con alguna discapacidad y más de la mitad de las discapacidades (el 56,6%) son adquiridas: ya sea por enfermedad, por accidente laboral, por accidente doméstico o por accidente de tránsito.
Por lo tanto, la discapacidad es una posibilidad en la vida de todas las personas.
La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como una condición que se origina en un estado negativo de salud y que se constituye en la interacción de la persona que la porta con el entorno del que forma parte (físico y cultural).
Otro término a definir es el de trabajo. Hay muchas definiciones que se podrían dar, pero la característica básica es que es una ocupación remunerada, que otorga identidad, que permite integrarnos a la sociedad en la que vivimos y sobre todo que permite un ejercicio pleno de la ciudadanía, con derechos y obligaciones.
Cuando se habla de la problemática de “los discapacitados”, solemos escuchar acerca de la inclusión laboral, y en realidad la inclusión laboral es la forma de integración social de cada uno de nosotros a partir del trabajo.
Por lo tanto, el trabajo, otorga identidad, lugar y reconocimiento social, redes de apoyo, contención y fundamentalmente, brinda el espacio para el despliegue de aquellas potencialidades del hacer que forjan el futuro de cada sujeto.
Entender la dimensión del trabajo como una instancia de articulación entre el ser humano y la sociedad, coloca a la “inclusión social” mediante el trabajo en un sentido multidimensional, integrando en esta problemática la dimensión individual, social y cultural del lugar donde este fenómeno se produce.
La dificultad o imposibilidad de incluirse socialmente a través del trabajo representa el contacto con la exclusión, el aislamiento y la desprotección, que tiene como consecuencia una fragilidad a nivel de la identidad.
En la comunidad internacional se registra una creciente concientizacion sobre la discapacidad. En muchos países se han comenzado a llevar a cabo acciones tendientes a la instalación del tema de discapacidad en la vida económica y la sociedad en general.
Así es como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en el año 2008, ha creado un amplio compromiso formal en este sentido.
Cabe destacar que nuestro país ha ratificado dicha Convención a través de la Ley Nº26378, con jerarquía constitucional, y que en el artículo 27 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado con un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible, realizando una extensa enumeración de medidas a adoptar tendientes a promover el ejercicio del derecho al trabajo.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con una legislación especifica de protección de este colectivo, es la Ley Nº10592, famosa norma que plantea en relación a la temática laboral, la obligatoriedad del Estado en reservar vacantes en las plantas de los distintos organismos –provinciales y municipales-, para ser cubiertas por personas con discapacidad (PCD), con idoneidad para desempeñarlos. El “famoso cupo del 4%” mínimo, que mas de una vez todos hemos escuchado.
Este tipo de medidas se denominan de “discriminación positiva”. También esta ley promueve exenciones impositivas para aquellas empresas que contraten PCD, debiendo aclarar que las empresas privadas no están obligadas a contratar PCD, lo que muy frecuentemente el imaginario social cree. Sí las empresas subsidiadas por el Estado provincial, que deberían contar con PCD en sus planteles.
Cuando hablamos de idoneidad para desempeñarse laboralmente en un trabajo competitivo, estamos hablando de la capacidad y habilidad de la persona, en este caso la PCD, para cumplir todas las exigencias del puesto de trabajo, teniendo en cuenta la posibilidad de realizar todos los ajustes necesarios y razonables para que pueda ejercer su derecho a la participación plena en el mundo laboral.
Se entiende por agenda pública aquella integrada por todas las cuestiones que la comunidad percibe como merecedoras de atención pública y como asuntos sobre los cuales el Estado y la sociedad deben ocuparse.
No es acaso este tema de Discapacidad y Trabajo, un tema que debería estar en la agenda pública?
T. O. Claudia Spidalieri
