Del ilícito tarifado al ilícito prohibido

La coyuntura política nacional pone sobre el escenario la imperiosa necesidad de políticas públicas que resuelvan, o al menos aminoren, los disvalores sociales producidos por recetas económicas que operaron de manera significativamente negativa en el mercado laboral.

Esta necesidad, ha generado una enorme presión sobre los actores políticos y sus respectivos espacios partidarios, reconociendo la obligación de enfocarse en una problemática que ya no se disimula negando su existencia. Y ha sido el Congreso Nacional, y particularmente sus diputados, quienes como representantes del pueblo de la Nación entablaronn el debate público e institucional sobre sus posibles abordajes.

Espacio parlamentario de máxima pluralidad, que con la premisa de canalizar las demandas que las centrales obreras expresaron días atrás, unificó distintos proyectos presentados anteriormente y presentó en la Comisión de Legislación del Trabajo un proyecto de emergencia ocupacional, que contó con dictamen en mayoría gracias al consenso de todas las fuerzas no oficialistas.

Proyecto éste que manifiesta quizás una de las mayores deudas de la legislación laboral. Hablamos del despido arbitrario y su protección normativa. Nos referimos a la manda constitucional que ordena proteger al trabajador frente al despido arbitrario, cuyo contenido actual reconoce en cabeza del afectado un incremento indemnizatorio pero que en nada evita el despido, tan temido por quien encuentra su voz acallada por la necesidad.

Asi, la propuesta redefine esta protección, reforzándola y garantizándole al trabajador la imposibilidad de ser despedido sin que exista una justa causa. Lejos de cualquier reproche de constitucionalidad en su contenido, el precepto materializa el máximo estándar de protección legislativa.

Bien puede plantearse, y de hecho sucede, si este es el camino para solucionar la problemática del empleo. Y seguramente no lo sea en completitud, como tampoco lo será la dilación en su tratamiento o la negación de su existencia. Sin embargo, decisivamente pone un freno al nocivo impacto de numerosos sectores que contando con la connivencia normativa, despiden arbitrariamente desentendiéndose de un tablado nacional que exige el máximo de los compromisos sociales de quienes cuentan con la titularidad de los medios de producción.

De esta forma, el clásico dispositivo que permite despedir sin argumento pagando un incremento indemnizatorio, llamado por la doctrina ilícito tarifado, encuentra en el proyecto un límite legislativo que obliga la expresión y demostración de la existencia de una causa que lo justifique. Caso contrario el trabajador podrá optar entre la reinstalación o la percepción de doble indemnización.

Finalmente queda planteado el debate de una propuesta que aún debe transitar su recorrido parlamentario. Una impronta que debe madurar y encontrar el consenso que habilite su sanción. Pero que sin importar cómo finalice su camino, ha planteado en la agenda de la política nacional un problema cuyos efectos han dejado una marca imborrable en la sociedad y que ya no está dispuesta a soportar.