El pasado sábado se cumplió un nuevo aniversario de la Declaración de los derechos del trabajador, realizada el 24 de febrero de 1947 por el Presidente Juan Domingo Perón.
En aquella ocasión, al cumplirse un año del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia, Perón entregó a Aurelio Hernández (Secretario General de la CGT) el Decálogo de los Derechos del Trabajador, en el marco de un gran evento desarrollado en el Teatro Colón.
Los Derechos del Trabajador contenidos en dicho decálogo fueron: derecho al trabajo, derecho a una justa distribución, derecho a la capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo y de vida, derecho a la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia, derecho al mejoramiento económico, derecho a la defensa de los intereses profesionales.
Hoy, que el término “decreto” está en boca de todos, lamentablemente por motivos contrarios a los intereses de los trabajadores, es mi intención destacar la importancia de la herramienta política cuando se la utiliza para la construcción del bien común.
El General Perón afirmó que en la declaración se establecían los fundamentos sobre los cuales el Congreso debía elaborar la futura legislación laboral argentina, «para fijar, de una vez por todas, como un jalón imborrable de la justicia, el derecho reconocido por el Estado a los individuos».
El tres veces Presidente dejó plasmado su pensamiento en el texto original del documento, que en su inicio decía textualmente: “El Presidente de la Nación Argentina haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causal de antagonismos, luchas y malestares sociales considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que, en el presente y en el futuro, sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos, dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital, como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y de afianzar, en un nuevo ordenamiento jurídico, los principios que inspiran la legislación social”.
Algunas semanas más tarde, exactamente el 7 de marzo, los derechos del trabajador fueron oficialmente establecidos en el Decreto 4865/47 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional.
Claro que en aquellos años no solo existía un poder ejecutivo que entendía al pueblo trabajador como sujeto político, sino que también contábamos con una Cámara de diputados en la cual casi un 70% de los legisladores adherían a la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los derechos del trabajador, expresión de la Doctrina Social de la Iglesia (Encíclica Rerum Novarum) reflejada en la legislación laboral argentina, lograron rango constitucional con la reforma de 1949.
Tanto para el tratamiento del Decreto 4865/47, como para la convocatoria a la Convención Nacional Constituyente del año 1949, el papel del peronismo dentro del Poder Legislativo fue sustancial.
Hoy ya se empiezan a ver las primeras operaciones políticas con miras a las elecciones legislativas de 2025, y el movimiento obrero tiene la obligación de llegar temprano a esa pelea. El mítico 33% de la lista que corresponde a los trabajadores organizados a estas alturas es pura nostalgia; es el gol del chango Cárdenas de los gremios.
Que este nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos del Trabajador sea una invitación a construir las condiciones objetivas que nos permitan defender las viejas conquistas y generar otras nuevas.
Pero es necesario que los actores correspondientes (los hombres del destino) renuncien a sí mismos, carguen su cruz y sigan el camino de la justicia social.
No puedo decir que soy optimista, pero sí soy un realista esperanzado. Tenemos que recuperar el gobierno y el congreso para la única clase de hombres que debieran existir: los que trabajan.
(*) Secretario Adjunto de ASiMM, Diplomado en Gestión Legislativa por el Senado de la Nación
