Como ya es de público conocimiento, el Poder Ejecutivo, mediante el DNU 70/23, intenta hacer una reforma laboral contraria a los intereses de los trabajadores.
En el caso de dicho decreto del Presidente Javier Milei, sus disposiciones tienen plena vigencia hasta tanto no sea rechazado por ambas Cámaras del Congreso a excepción del capítulo laboral, en el cual la justicia hizo lugar a un recurso presentado por la Confederación General del Trabajo, suspendiendo su aplicación.
El bloque de Unión por la Patria de la cámara alta, luego de vencidos los plazos que marca la Ley 26.122 para que la comisión bicameral trate el DNU, tomó la iniciativa peticionando se celebre sesión con el objeto de rechazar el decreto presidencial, cumpliendo con el artículo 20 de la ley antes mencionada. Dicha petición se realizó, tal como marca el reglamento del Senado (artículo 19), “con la firma de 5 o más senadores”.
Vale destacar que la solicitud se reiteró la semana pasada con la firma de todos los senadores de UP, y la idea del bloque es repetir el pedido todas las semanas.
La Presidenta del Senado
Según el artículo 57 de la Constitución Nacional: “El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado (…)”; responsabilidad que hoy recae sobre la “Vicepresidenta” Victoria Villarruel.
Según el artículo 20 de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación: “El presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”.
Sin embargo, Villarruel ha decido “cerrar” el Senado ante la posibilidad real de que el DNU sea rechazado.
Contradicción existencial e hipocresía
Como todos sabemos, la hoy vicepresidenta tiene parte de su base de representación política en un nacionalismo católico que nunca ha tenido nada de nacional, y demasiadas veces tampoco de católico.
Los derechos del trabajador, atacados en forma artera en el DNU, no son otra cosa que la expresión de la Doctrina Social de La Iglesia (Encíclica Rerum Novarum) reflejada en la legislación laboral argentina.
Cabría esperar que alguien que se autopercibe católica practicante, al punto de asistir a misas tridentinas, defienda la posición de la Santa Iglesia, incluida la que desarrolla “sobre la situación de los obreros».
La postura de entender al cristianismo no como una cosmovisión sino como un tenedor libre donde cada uno se sirve lo que se le antoja pareciera más una concepción propia del modernismo católico que de una concepción tradicionalista.
Dada la verdad y el valor de su contenido, es imperativo que todo creyente otorgue a las encíclicas su asentimiento, obediencia y respeto. El Papa Pío XII destacó que, si bien las encíclicas no constituyen la forma convencional de proclamar pronunciamientos infalibles, sí reflejan el Magisterio Ordinario de la Iglesia y, por ende, merecen el respeto de los fieles.
La vicepresidenta no puede, como funcionaria (habría sido denunciada por incumplimiento), ni debe, como cristiana, seguir pisando un pedido de sesión que tiene entre otros objetivos salvaguardar las conquistas de los trabajadores.
Más allá de las contradicciones espirituales de la dupla que comanda el poder ejecutivo, la vice por hipocresía y el presidente por la disparatada práctica de una especie de sincretismo religioso, el movimiento obrero argentino debe tomar conciencia de la importancia superlativa de la Doctrina Social de la Iglesia en la génesis de nuestros derechos.
De hecho, todo el Movimiento Nacional Justicialista tendría que reflexionar sobre que significa que el mismo Perón haya definido a nuestra doctrina como profundamente cristiana.
Dejo para otra ocasión escribir con mayor profundidad sobre los valores trascendentes sobre los que se apoyan los grandes principios del peronismo y su impacto en el movimiento obrero argentino. Pero cierro estas líneas con el siguiente fragmento de la encíclica Rerum Novarum: “Los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil, impidiendo o castigando las injurias. Sólo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública; la clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la muchedumbre desvalida”.
(*) Secretario Adjunto de ASiMM, Diplomado en Gestión Legislativa por el Senado de la Nación
