Pero el problema es que por más que ahora no arranque la obra empezó a correr desde el primero de enero de este año el plazo que tiene el gobierno para entregar las compensaciones a la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) por desafectar el muelle, y si incumple las fechas el ente administrador (Enapro) tendrá que pagar por daños y perjuicios.
Si bien el ente tiene 5 años para entregar el nuevo muelle, el acuerdo sostiene que para el primero de enero del año que viene tiene que entregarle a TPR el predio de 6 hectáreas totalmente libre, cuando ya pasaron cuatro meses y no se hizo nada.
El tema es que allí (como se ve en la foto) hay un emisario que correr para poder construir el muelle. Aguas presupuestó en $12 M para esa obra, pero todavía no lanzó la licitación. Es más, extraoficialmente en el Enapro creen que se necesitarán u$s 15M. También allí hay un grupo de familias viviendo en condiciones precarias que hay que trasladar, tarea que, según cálculos extraoficiales en el Enapro, podría costar u$s 2 M. ¿Se podría hacer todo eso en 8 meses?
Los documentos legales que dan sustento a los acuerdos para realizar el Puerto de la Música dejan lugar al desarrollo de todo tipo de acciones legales contra la administración, punto central de la debilidad de la provincia que no pudo evitar que el Supa y Vías Navegables le pongan en el freezer la obra más querida del gobernador Binner. Y el de los plazos de obra es un ejemplo.
Punto biz accedió a todos esos papeles oficiales y en las próximas ediciones los irá publicando para que sean de público conocimiento.
Uno es el “Acta de Compromiso Enapro-TPR por Centro de la Música de Rosario firmado el 27 de agosto en 2008 por Guillermo Salazar Boero y Ángel Elías (4 páginas), junto con el anexo 1 (de 3 páginas más dos planos) y su posterior addenda (de dos páginas y un plano). Luego sigue el “Acuerdo Enapro y Provincia de Santa Fe” del primero de octubre de 2008 (de 6 páginas) y la ordenanza municipal 8424 que acuerda los nuevos usos urbanos para la zona.
En esos acuerdos a TPR le daban siete años más de concesión y un terreno de 6 hectáreas al sur del espejo de agua, como compensación por desafectar el muelle de Belgrano y Pellegrini .
Pero luego estalló la crisis del accionista principal, se vendió la empresa concesionaria y también empezó a tallar en la negociación la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, que tiene que autorizar la desafección del muelle, y hubo que renegociar buena parte de los entendimientos previos.
Así se firmó el 17 de mayo de 2010 el “Convenio de Desocupación” entre el Enapro (lo redactó Pablo Ferrés y lo firmó Ana María Brunet), TPR (Gustavo Shanahan y Pablo Nairoti) y el gobernador Hermes Binner. Tiene 9 páginas.
Luego le sigue la “Addenda al Convenio de Desocupación”, firmado el 17 de mayo de 2010 (10 páginas más una página de Anexo) donde aparece un dato llamativo: en el tercer punto se acuerda que “no corresponde la intervención de la provincia” en el convenio. En efecto, en un “agregado” al acuerdo se saca a uno de los firmantes del acuerdo. ¿Veían algo raro que buscaron que la administración no quede comprometida o tenga que responder”.
Pero lo importante es que en los puntos II y III del segundo capítulo de la addenda se “establece que el área de relocalización deberá ser entregada por el Enapro a TPR totalmente libre de construcciones, cosas, personas, intrusos o cualquier tipo de ocupación en el plazo de 18 meses a contar desde el primero de enero de 2011”, y también “el Enapro garantiza a TPR que se construirá un muelle de 350 metros de largo en un plazo máximo de 5 años a contar desde el primero de enero de 2011”.
Esto es, sin tener autorizaciones del gobierno nacional ni el financiamiento comprometido para el nuevo muelle, el Enapro firmó un convenio que hace cinco meses que está rigiendo cuando todavía no pudo ni iniciar las obras del Puerto de la Música.
Si bien hay mucho tiempo para levantar el muelle, el problema es el plazo de un año para entregar las 6 hectáreas. Allí (como se ve en la foto) no sólo vive gente en villas, que tendrán que negociar y pagarles para sacarla, sino que también hay un emisario que correr ya que no se puede construir nada sobre él. Para ese emisario, Aguas tiene presupuestado $12 M para este año, pero todavía no se anunció la licitación, y quedan 8 meses para dejarlo listo. Un plazo que ya no se puede cumplir
El tema es que según se estima en el punto 6 de la addenda “para el supuesto de incumplimiento en los términos referidos y por la privación del uso del terreno y muelle que debe entregarse a la concesionaria (…) el incumplimiento de la obligación estipulada facultará a TPR a reclamarle al Enapro el cumplimiento y/o los daños y perjuicios que correspondieren”.
En definitiva, los convenios ya empezaron a regir y si el Enapro no cumple puede ocurrir que tenga que defenderse en la Justicia por incumplimiento contractual.
