“Baja”, “cesante», «suspendido», «limitar los servicios» y «despido» se lee en muchos legajos de trabajadores y trabajadoras desaparecidos durante la última dictadura, víctimas del terrorismo de Estado.
Sí, leyeron bien. Baja, cesante, suspendido. Como si de repente una mañana hubieran decidido por voluntad propia dejar de asistir a sus puestos de trabajo sin más que eso.
Siendo diputada nacional y por mi origen sindical trabajé en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y presenté en 2019 un proyecto que permitiera visibilizar esta situación y que generara desde el Estado las acciones reparatorias para asegurar la recuperación de la verdad en las historias de los compañeros y compañeras.
El proyecto tiene su origen en una iniciativa presentada en 2015 con el apoyo de organizaciones del movimiento obrero y de organismos de derechos humanos. En ese momento obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero no prosperó en el Senado de la Nación.
En tanto, el miércoles en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados- en la que participaron representantes de los organismos de Derechos Humanos y de asociaciones sindicales- los diputados y diputadas que expusieron se comprometieron al tratamiento y posterior sanción del proyecto.
El proyecto dispone “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido, en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado que revistaban, al momento de su desaparición, como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa”.
En marzo de 2007 la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación suscribió un acuerdo de colaboración con el Archivo Nacional de la Memoria del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con el objetivo de realizar un relevamiento de trabajadoras y trabajadores del ex Ministerio de Obras Públicas, que resultaron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar.
A partir de ese acuerdo se conformó la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad, la que advirtió que no se consignaba la causa real de la interrupción de la relación laboral en la documentación oficial de los legajos de los empleados públicos detenidos desaparecidos.
Unos años más tarde, en 2012 el Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto N° 1199 que aprobó la actuación de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad facultándolo a realizar todo el relevamiento del personal de la Administración Pública Nacional, que resultó víctima de desaparición forzada, como asimismo toda otra actividad tendiente a la identificación, preservación y clasificación de informaciones, testimonios y documentos referidos al accionar del terrorismo de Estado.
Por el trabajo realizado estos años, por la responsabilidad del Estado Nacional de impulsar y generar acciones para garantizar la verdad, hoy es necesario que estas medidas abarquen también a los trabajadores y trabajadoras del sector privado.
Con la reparación de los legajos de más trabajadores y trabajadoras podemos dar un paso más en el camino colmado de esfuerzo y compromiso que nos vienen señalando las organizaciones de Derechos Humanos con su lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del detenido desaparecido. Sigamos en cada acción y desde cada lugar construyendo memoria activa que fortalezca la conciencia colectiva para que no se repita el capítulo más doloroso de nuestra historia.
* Dirigente sindical de APOC – Diputada Nacional (MC)
