Frente a la denuncia del gremio de Dragado y Balizamiento sobre el “desorden” en la administración de la Hidrovía provocado por los “ruidos políticos” que hoy afectan al gobierno, desde la Administración General de Puertos (AGP) advirtieron que en el primer semestre de la operación de la firma estatal hay un “superávit parcial” en la gestión del servicio y que “se mejoraron las condiciones de navegabilidad” del mismo.
Lo cierto es que si bien el ministerio de Transporte, a cargo del massista Alexis Guerrera, tiene bajo su mando esta área, es la AGP, que es conducida por José Beni, un técnico santacruceño vinculado al kirchnerismo, la que opera la vía troncal navegable en forma provisoria. También interviene en el servicio el intendente bajo uso de licencia, Ariel Sujarchuk (Escobar), presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de Vía Navegable.
Fue el titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), Juan Carlos Schmid, en ocasión de disertar en el 16° Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (EATF), el que expuso su malestar ante “la falta de políticas de Estado hacia el sector y la urgencia de llevar adelante la licitación de la Hidrovía”.
Sobre la situación marítima portuaria, el jefe gremial argumentó que “existe una especie de Triángulo de las Bermudas, entre la Administración General de Puertos (AGP), la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y el ministerio de Transporte, que impiden por superposiciones que se den políticas claras” al tiempo que insistió en que “desde abril de 2021 que estamos expectantes, pero la carga no espera y hoy Argentina debe aprovechar la coyuntura internacional”, en referencia a los problemas de logística que decantó la guerra en Ucrania.
Pese a calificar a la Hidrovía como “la autopista por la cual entran y salen los dólares para el gobierno”, mostró su preocupación al “no ver políticas que ordenen la actividad”. Es que en el gremio hay un gran malestar por la renuncia de Roberto Milio, un dirigente del gremio portuario, a su cargo como director de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables en rechazo a la inacción oficial por la situación de la draga Chubut (36-C), que estuvo a punto de hundirse en el puerto de Villa Constitución.
“Para mí el sistema operativo que funcionó en estos 25 años no tiene ningún tipo de fallas, incluso pese a que se expandió el negocio y con la pandemia y con la peor bajante de los últimos 70 años (del río Paraná), el sistema sigue funcionando. El tema de los controles y la planificación es una definición que el Ejecutivo tiene que dar, realmente no aparece todavía quién tiene el martillo para saber qué tipo de política vamos a tener en el sistema troncal de navegación”, concluyó Schmid.
Sin embargo, en la AGP tienen una visión diferente. Esta entidad se hizo cargo del servicio luego del vencimiento de la concesión al consorcio belga-argentino que venía administrando el servicio desde los años ´90. En teoría, operará la Vía Troncal Navegable hasta junio de 2022 a la espera de una licitación internacional, que debería realizar la Subsecretaría de Vías Navegables, que hoy dicen en el oficialismo, «está verde”.
En este marco, en la AGP destacaron que en los primeros seis meses de gestión pública “se sostuvo y mejoró las condiciones de navegabilidad de la ruta por la que salen cerca del 80% del total de las exportaciones del país, pese a la histórica bajante del Río Paraná -que seguirá por varios meses más según las estimaciones del INA-, y hubo ganancia que ronda un superávit parcial en el periodo septiembre-marzo, la cual comenzará a volcarse en mejoras para la Vía como el convenio con UBATEC para incorporar tecnología a la traza”.
En la firma estatal, asimismo, aseguran que se invirtió en la incorporación de modernos equipos, como las nuevas linternas de las boyas -con paneles solares que abastecen su energía, transmisión de datos en tiempo real y tecnología led de larga duración-, y se amplió la infraestructura sumando nuevas boyas e hidrómetros.
“La gestión pública también implicó buscar proveedores nacionales, con una mejora para el desarrollo del sector productivo y su respectivo impacto en el empleo, en las distintas licitaciones públicas que se realizaron y que contaron siempre con 2 o más oferentes, y se siguen llevando adelante”, concluyeron en el organismo.
