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INTERNACIONAL

Docentes de República Dominicana defienden el derecho a huelga, con una manifestación el 21 de marzo

Hidalgo convocó al ministro de Educación, Ángel Hernández, a producir junto a la ADP espacios de gobernabilidad que propicien la unidad de esfuerzos para superar los déficits en materia educativa.

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El presidente de la Asociación Dominicana de ProfesoresEduardo Hidalgo, se refirió a la decisión del Ministerio de Educación de someter a las seccionales de Santiago, Villa Altagracia, Haina y San Pedro de Macorís a diversos tribunales territoriales con recursos de amparo de extrema urgencia que limitan la protesta en el sector.

Ante este accionar, el gremio magisterial tomó la decisión de convocar este jueves 21 de marzo, a todos los maestros de la zona este del país, a una concentración frente al Tribunal de San Pedro de Macorís.

«El Ministerio de Educación no logrará amedrentar ni callar al magisterio nacional con los sometimientos arbitrarios que ha emprendido, ya que la única finalidad de ese gremio es alzar la voz respecto a las múltiples deficiencias y precariedades en las escuelas públicas del país, en aras de que se busquen soluciones concretas y definitivas», sostuvo el dirigente

Hidalgo convocó al ministro de Educación, Ángel Hernández, a producir junto a la ADP espacios de gobernabilidad que propicien la unidad de esfuerzos para superar los déficits en materia educativa.

En ese sentido, agregó que el sector educativo de ese país atraviesa una serie de deficiencias, que provocan la reacción de la comunidad educativa en distintos lugares del país. Según las declaraciones de Hidalgo, prevalece «la falta de personal administrativo, de personal docente, de talleristas, de mobiliarios, de agua, la falta de aulas, las intoxicaciones por fumigaciones, entre otras situaciones que afectan el ambiente escolar”.

La cartera planteó que la convocatoria a huelga  realizada por la asociación, el pasado jueves 14 y viernes 15 de marzo, viola los acuerdos a los que arribó ese gremio y el Gobierno para garantizar el cumplimiento del calendario y el horario escolar de manera efectiva en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente contra el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

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