Los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Rioja y La Pampa, rechazaron “enfáticamente” los puntos del DNU 70/2023 y del proyecto de Ley de Bases, vinculados a los aspectos laborales, “debido a que colisionan con los derechos esgrimidos en la Constitución Nacional”, afirmaron las autoridades de las carteras de Trabajo de las provincias.
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En un comunicado conjunto firmado por las autoridades en materia laboral de cada provincia, los funcionarios se comprometieron a “evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”, remarcaron.
El documento, redactado como manifiesto en el marco de la primera reunión del Encuentro Federal por el Trabajo que se celebrará el próximo 6 de mayo, enumera las razones que argumentan que tanto el DNU como la ley de Bases, “colisionan definitivamente con los derechos constitucionales” en materia laboral del país y amparados por el principio de Progresividad.
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Sobre el nuevo proyecto de Ley de Bases que se debate esta tarde en la Cámara baja del Congreso de la Nación, consideraron que, “en nada subsana el estado actual de cosas , donde además se pretende reinstalar el impuesto a las ganancias sobre salarios, consagrando una injusticia que el propio Presidente había colaborado a eliminar con su voto cuando hace tan solo 5 meses era diputado”, criticaron.
Por otra parte, el texto resalta que “a más de 4 meses de asumido el nuevo Gobierno Nacional, las condiciones materiales de vida de los sectores merecedores constitucionalmente de tutela diferenciada se han visto ostensiblemente deterioradas”, subrayaron.
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A su vez, explicaron que “No se trata solamente de la situación inflacionaria, sino de la ausencia de todo tipo de mecanismo de control respecto de precios en bienes esenciales, tarifas en servicios, alquileres, provisión de medicamentos” y advierte que “el espíritu desregulador ha avanzado en todas las áreas de la actividad económica, pero pone un único techo, y paradójicamente, es a la recomposición salarial, a la Negociación Colectiva, a las Paritarias”, sostienen los funcionarios.
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El manifiesto resalta además el ajuste y el desfinanciamiento a las provincias ,“a golpes de Decretos de Necesidad y Urgencia” pone en crisis el “accionar básico (de las administraciones), el pago de sueldos y la compra de insumos que permitan cumplir con funciones estatales impostergable”, indicaron.
En esa línea, manifestaron su preocupación por la situación económica que atraviesa la sociedad en su conjunto y la inacción de las “instituciones diseñadas precisamente para hacer efectivas las garantías y derechos sociales contenidos en la Constitución, como el Consejo Federal del Trabajo, la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares” que, “no están funcionando o se demora su convocatorio”, aludieron.
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Las autoridades que rubricaron el manifiesto fueron el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Ricardo Valdéz, la secretaria de Trabajo de Santiago del Estero, Julia Comán, la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, y la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa.
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