La RED ICJ le entregó al Papa una propuesta para garantizar el bienestar de los funcionarios públicos

Los miembros de la Red Impuestos, Control Público y Justicia (ICJ), conformada por la Asociación de los Organismos de Control (APOC), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), le acercaron al Papa Francisco detalles sobre la iniciativa conjunta para fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública.

Fue en el marco de la clase inaugural de la Escuela Laudato que encabezó el Sumo Pontífice y que contó con la participación de estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Haití, Italia, México, Panamá, Paraguay y Portugal.

Federico Recagno, secretario General de APOC; su par de AEFIP, Pablo Flores; y el secretario de Relaciones Internacionales de UEJN, Ariel Pringles, le entregaron al Papa una carta para interiorizarlo sobre la lucha que lleva adelante la Red ICJ contra el acoso y violencia laboral a la que están expuestos los trabajadores a los que representan mientras ejercen sus deberes de funcionarios y funcionarias públicas y manejar información privilegiada.

“Este tipo de violencia afecta a la buena gobernanza y, en consecuencia, a toda la ciudadanía y es una problemática que no es exclusiva de la región, sino que repercute en mayor o menor medida a todo el mundo”, señaló el comunicado de prensa difundido por la organización.

Tras el encuentro, Recagno, secretario General de APOC, destacó: «Conocemos la sensibilidad de nuestro Papa hacia trabajadoras y trabajadores. Su apoyo, tanto como sus oraciones, pueden ser un empuje decisivo para llevar adelante esta iniciativa en beneficio de la transparencia y los trabajadores».

La cita fue el corolario de una gira que los dirigentes gremiales realizaron por Italia y que incluyó una reunión con sus pares nucleados en la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

La Red ICJ fue creada en 2014 con el objetivo de contribuir a la lucha contra la corrupción, la evasión, el narcotráfico y el contrabando; mejorar la gobernanza y potenciar los derechos laborales y sindicales de sus afiliados; defender la independencia y libertad laboral; valorizar la tarea que se realiza y alertar acerca de toda presión que se pretenda ejercer por las características objetivas de la función que se desempeña; y cumplir con las tareas encomendadas sin que se transforme a los trabajadores en el eslabón más débil de la cadena, entre otros.