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La oposición de la UTA demostró su poderío y el gobierno advirtió con sanciones
Otro capítulo de la disputa entre Roberto Fernández y Miguel Bustinduy. El gobierno anticipó «medidas sancionatorias» contra las empresas que no ofrecieron servicio.
El paro del sector opositor a Roberto Fernández en la UTA se sintió con fuerza en sectores del área metropolitana y el conurbano bonaerense. Fueron más de 50 las líneas que adhirieron a la medida de fuerza convocada por la Agrupación «Juan Manuel Palacios».
En su mayoría fueron los servicios del grupo empresario DOTA los que se vieron paralizados durante 24 horas por el paro impulsado por el sector que conduce Miguel Bustinduy.
La huelga fue una demostración de poder interno y un mensaje, uno más, para Fernández en el disputa que mantienen dentro de la UTA.
Bustinduy lidera a los colectiveros embroncados con el oficialismo que denuncian fuertes pérdidas de poder adquisitivo e inconvenientes en la prestación de la obra social, a la que consideran devastada.
La pelea entre Fernández y el líder de la «Juan Manuel Palacios», con banco de Hugo Moyano, data de años pero se intensificó durante 2018 cuando la conducción nacional del sindicato proscribió a la lista opositora en elecciones.
En ese marco, el gobierno tildó el paro de ayer como «ilegal» y anticipó sanciones. Así lo aseguró el ministro de Transporte, Mario Meoni, y explicó que «la UTA y el conflicto no se relaciona con las cuestiones salariales sino con temas internos, sobre los que trabaja la cartera laboral».
En tanto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) aseguró que «se adoptarán medidas sancionatorias» sobre las firmas que no ofrecieron hoy servicio de pasajeros -aunque no explicó de qué tipo- y afirmó en un comunicado que la convocatoria a una protesta por parte de «un grupo de trabajadores fue arbitraria e injustificada».