Para poder enfrentar los desafíos que plantea el crecimiento, la calificación laboral resulta una cuestión básica. En este sentido, el Ministerio de Trabajo nacional promueve una serie de políticas tendientes a favorecer la capacitación y en consecuencia el enriquecimiento del mercado laboral y el nivel de competitividad de diferentes sectores. Fuentes de la cartera informaron que: desde 2003 a esta parte, los alcances de estas políticas permitieron que más de 1 millón de personas pudieran capacitarse.
El ministro de Trabajo Carlos Tomada entiende que “una oferta de calidad debe ser diseñada en un marco de diálogo social” y por ello la propuesta incluye a sindicatos y empresas que acompañan los procesos de formación. De este modo, “se profundiza el compromiso de apoyar un modelo de país en el que todos los sectores trabajan de manera articulada, promoviendo la competitividad”, subrayó Tomada.
Vale resaltar que, en el marco del diálogo social entre representantes de empresas y trabajadores y, a partir del trabajo conjunto con otros ministerios y referentes de los sectores de actividad, se implementaron cursos en más de 45 sectores de actividad. Casi 70 mil trabajadores certificaron sus competencias laborales, lo que implica un reconocimiento a sus saberes y su experiencia en el campo. Asimismo, se fortaleció en su capacidad de gestión y equipamiento a 360 instituciones de formación profesional. Por otra parte, un total de 352 empresas accedieron al Régimen de Crédito Fiscal, un incentivo para capacitar a sus planteles, instrumento destinado a financiar proyectos presentados por las empresas que impliquen el fortalecimiento de las competencias laborales tanto de trabajadores ocupados como desocupados. Así, las empresas responsables de los proyectos reciben un certificado de crédito fiscal que les permite cancelar impuestos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Afip.
Por su parte, el secretario de Empleo, Enrique Deibe considera que “construir una sociedad justa requiere de políticas que fortalezcan nuestro capital social. Se trata de construir democracia, porque buscamos igualdad de oportunidades y eso implica que haya acceso a los conocimientos”.
Deible explicó que durante el período 2003-2006, el Ministerio de Trabajo incluyó a la formación profesional como un “elemento fundamental para la inclusión social” entonces las políticas públicas se orientaron a favorecer la incorporación de quienes carecían de las competencias laborales requeridas, lo que derivó en la creación de una Red de Servicios Públicos de Empleo e incentivos para la contratación e inserción laboral de los trabajadores. Pero a partir del 2007, frente a un descenso sustancial del desempleo, la formación comenzó a pensarse como un “proceso continuo que permite acompañar la adecuación de las competencias del trabajador a los requerimientos de la innovación tecnológica”, señaló Deibe. Así se creó un Sistema Nacional de Formación Continua, pensado como un instrumento para regular y ordenar la formación a lo largo de la vida de los trabajadores.
Optimista, Deibe concluyó que “este sistema nacional de formación continua nos va a permitir tener mejores ofertas de capacitación, mejores instituciones y por lo tanto mejor trabajo que es lo que se merecen nuestros trabajadores y nuestros empresarios.”
