Fallo judicial: La UATRE recupera su obra social para trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) recuperará, a partir del 1ro de julio, la administración de la obra social del gremio, OSPRERA, intervenida por la justicia federal desde el 2 marzo del año 2023.

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El Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, dictó el fin de la Administración Provisoria de OSPRERA, argumentando que la entidad, “se encuentra en condiciones de efectivizar la normalización correspondiente”, sostiene el tribunal en su resolución.

A su vez, el Juzgado ordenó designar un “veedor judicial”, por el plazo de un año, con las facultades de “participar en el dictado de resoluciones, controlar el estricto cumplimiento de las normas legales, participar en el armado de la estructura funcional de la Obra Social y del control de gestión” de la entidad que cuenta con más de 650 mil afiliados.

La resolución, también encomienda al gremio que conduce José Voytenco la designación del Consejo Directivo de OSPRERA, “de conformidad con el estatuto, las normas legales y reglamentarias, por el término de 4 años (art.11 Estatuto) computados desde la fecha del instrumento de designación”, indicó el Juzgado.

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El tribunal le pidió además a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que, hasta que se resuelva la designación del Consejo, le otorgue el certificado de autoridades, “en favor de los miembros del Consejo Directivo de OSPRERA y las entidades bancarias correspondientes registren efectivamente las firmas operativas de estas autoridades orgánicas”, por lo que el Administrador Provisorio, Héctor Horacio Acuña, continuará como representante legal de la entidad el plazo que tarde en conformarse el nuevo Consejo.

OSPRERA fue intervenido luego de que la interna electoral del gremio, entre Voytenco y el ex titular de la obra social, Pablo Ansaloni, quien fue removido de su cargo tras una auditoría provisoria impuesta por la Justicia.

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La auditoría entonces determinó que durante la gestión de Ansaloni hubo “malversación de fondos”, “administración fraudulenta” y “asociación ilícita”, en el marco de, entre otras razones, un gasto injustificado de un plazo fijo de $4.000 millones de la entidad, de los que al momento de la intervención, solo quedaban $338 millones.

A su vez, se constató que la OSPRERA recibió $ 1.700 millones de la Superintendencia de Servicios de Salud que no fueron destinados a cubrir prestaciones y de la cual no hay justificación sobre los gastos.

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La resolución emitida esta semana por el tribunal pampeano destacó que “los veedores han tomado adecuado y profundo conocimiento de las gestiones llevadas a cabo por el Administrador Provisorio”, entre las que se resaltan la “recomposición de los activos, gestiones prestacionales, operativas y administrativas”, respecto al momento en que se determinó la intervención.