La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) llevaron a cabo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en apoyo a la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
Para las tres entidades empresarias, el Título IV Trabajo de las “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” resulta necesario ya que consideran que “hay que derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en Argentina”.
El escrito judicial surge en respuesta a la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y que se encuentra en estudio por parte de la CSJN. Para los empresarios, se deben eliminar los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345.
“Los artículos detallados dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar”, argumentaron en el comunicado, considerando que las multas “provocan una afectación económica de enorme relevancia”.
En ese sentido, consideran a dichas sanciones como “el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina”, ya que “disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”.
Además, remarcan que lo expresado es “únicamente relativo a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo”.