Cooperativa Portuarios: Se complica la situación judicial del interventor Schaer

Juan José Schaer parece estar contra las cuerdas. La aprobación del nuevo reglamento interno de la Cooperativa de Trabajo Portuarios Limitada del Puerto General San Martín desnudó la intención de interventor reconvertir la institución bajo una lógica empresarial en beneficio de las cerealeras, a favor de la familia de Herme Juárez y, claro, contra los intereses solidarios de los socios.

El interventor Schaer, designado por el PRO tras la detención de «Vino Caliente» Juárez, podría enfrentar cargos ante la Justicia por amenazas.

Los socios evalúan por estas horas acudir al Código Penal para denunciar las conductas amenazantes del funcionario para lograr un supuesto consenso de los socios y llegar a la aprobación del polémico reglamento.

Fuentes cercanas a la cooperativa sostienen que Schaer logró sortear las objeciones de los socios con la amenaza que la aprobación del reglamento era la única vía para repartir los excedentes del ultimo ejercicio.

Así, días después de la irregular asamblea, un empleado de la cooperativa, recientemente reincorporado al trabajo por ordenes de Schaer, pudo ser visto recolectando las firmas de los socios que se habían opuesto al reglamento, bajo la amenaza de no repartirles sus utilidades y con el objeto de dar apariencia de legitimidad al nuevo instrumento.

De comprobarse esta maniobra, se podría complicar la situación de Schaer, ya que el Código Penal reprime la conducta de obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad.

Esta situación podría darse en el caso, ya que el funcionario judicial se valió de su autoridad y su poder para repartir dividendos como maniobra para torcer la voluntad de los socios que se habían manifestado en contra de sus propósitos relativos al nuevo reglamento.

Para recordar: la intervención de la Cooperativa, que otrora fuera presidida por el sindicalista Juárez, aprobó en asamblea express un nuevo reglamento interno de la entidad que viola el estatuto social de la misma y vulnera los derechos de los socios.

Un caso sería el establecimiento de deducciones a los excedentes que no están previstas por el estatuto social. Una de estas sería un denominado fondo de “reinversión productiva”, el cual prevé elevarse hasta el 30% de las utilidades que deberían ser repartidas entre los socios.

Traducción: a través de su reglamento, el interventor estaría forzosamente reduciendo los excedentes que le corresponden a los socios por el estatuto. ¿Dónde iría el dinero? Se distribuirán de acuerdo a escalas propias de la especialización, jerarquías categorías, secciones o áreas, beneficiando a priori a sus allegados y de la familia de Juárez.