Aerolíneas Argentinas: La Justicia desestimó la denuncia del Gobierno contra Pablo Biro

La Justicia rechazó la denuncia que el Gobierno nacional aplicó contra el sindicalista de los aeronáuticos Pablo Biro por «extorsión y amenazas», impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

En las últimas horas, el fiscal federal Franco Picardi pidió desestimar la presentación de la gestión de Javier Milei, en el marco de declaraciones de Biró en contexto del conflicto salarial que mantienen los gremios aeronáuticos con Aerolíneas Argentinas.

La denuncia fue realizada por el Ministerio de Seguridad por expresa indicación de su titular, Patricia Bullrich. Fue en Comodoro Py y recayó en manos del juez Ariel Lijo, quien es postulado por el Poder Ejecutivo para ser parte de la Corte Suprema.

El rechazo fue confirmado por IProfesional. Se destacó que el fiscal al tomar la denuncia y ver si la impulsa o no, señaló que se debe desestimar porque no existe delito alguno en esas declaraciones que Biro hizo en un programa radial el pasado 16 de septiembre.

«Esto se va a poner mucho peor. Cuando digo mucho peor no me refiero a los alcances de lo dañoso que puede ser una huelga. Lo que digo es que el Gobierno está jugando todas las cartas, muy fuerte y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía», había expresado el sindicalista en medio de la escalada del conflicto.

El fiscal Picardi entendió en un escrito presentado ante el juez Lijo que Biró no cometió ningún delito expresado en el Código Penal, entre ellos el de amenazas que calificó en su presentación el Gobierno Nacional.

«La amenaza coactiva, al igual que la figura básica, requiere para su configuración el anuncio de causar un daño futuro. Para ello, se exige que la amenaza sea grave, seria, injusta y posible. Nada de esto sucedió en el caso», expresó la fiscalía en un escrito que compartió el periodista Sergio Farella.

La CGT rechazó la denuncia del Gobierno contra Pablo Biró y pidió encauzar el diálogo en el conflicto

La fiscalía consideró que fue una frase sacada de contexto tal cual lo denunció el Ministerio de Seguridad y que fue en el marco de un conflicto gremial iniciado hace semanas.

«No puedo perder de vista que las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión -que incluye el de peticionar ante las autoridades- y de los derechos laborales y sindicales, todos de raigambre constitucional que, a la vez, forman parte del corpus del derecho internacional de los derechos humanos», concluyó.