UTA: Roberto Fernández y el final de una conducción agotada

La jornada de lunes quedará marcada en la historia del sindicalismo argentino. Formará parte del listado de días olvidables, de hechos violentos repudiables, pero también la muestra de una rebelión de las bases contra una conducción agotada.

Lo que pasó en la sede de la UTA -Unión Tranviario Automotor- de Balvanera es el desenlace de un conflicto con antecedentes que presagiaban un final semejante.

Roberto Fernández asumió en enero de este año un nuevo mandato como secretario general del sindicato. Fue en el marco de un proceso electoral cargado de denuncias y ribetes judiciales, bajo un fuerte descontento de un importante grupo de trabajadores.

La masividad y el acompañamiento de choferes en el paro del 30A, convocado por el Frente Sindical y sin el acompañamiento del oficialismo de la UTA, fue una fotografía de la caída en la representación del actual titular del gremio.

El «Gallego» renovó su cargo a través de una elección con lista única con denuncias por proscripciones por parte de la oposición que conduce Miguel Ángel Bustinduy.

Miguel Ángel Bustinduy

El cuestionamiento es hacia el estatuto de la organización. Y más aún el abuso en su interpretación que la conducción de Fernández utiliza para perpetrarse en el poder, según denunció  el ala opositora a Mundo Gremial.

Aseguran que el estatuto es «totalmente antidemocrático» impidiendo la participación abierta de los trabajadores. Su diseño aborta la posibilidad de líneas opositoras y es cuestionado por especialistas en la materia, aseguran.

Esta discusión llegó a la Justicia laboral, pasó por distintos estadíos, pero a pesar de las acusaciones, una sala de la Cámara de Apelaciones de Trabajo dio el visto bueno y así Fernández renovó su mandato a fines del año pasado.

Los choferes denuncian que en las elecciones de delegados lo que transitan es similar.

Mundo Gremial contó en mayo de este año la situación vivida en la empresa Vosa y que desató un escándalo en la actividad: el oficialismo proscribió al candidato opositor y garantizó su permanencia en la representación.

Un caso similar sucedió en la empresa Villanueva SA en Quilmes. Durante el 2019 hubo conflictos laborales en Santiago del Estero, Corrientes y en distintas provincias y seccionales con disputas internas a Fernández.

«Todo fue posible por la connivencia con el gobierno anterior», afirman allegados al sector opositor. Hacen referencia a una supuesta complicidad con el macrismo y el ministerio de Producción y Trabajo.

Un nombre que se mencionó por lo bajo fue el de Lucio Cruz, veedor del ministerio laboral, y el apuntado como «el encargo de operativizar» la realización de la elección en que fue reelecto Fernández.

Lucio Cruz

«(Cruz) le dijo a la junta electoral que él ‘era Dios’, fue arregló todo con el abogado de la UTA y garantizó que no participe la lista de Bustinduy», arremetió un referente de la oposición en diálogo con este medio.

En este panorama de irregularidades y denuncias a la conducción actual de la UTA se desarrollaron los hechos conocidos, con toma de la sede central del gremio y con un Fernández refugiado en los techos el edificio, y liberado a la medianoche con custodia de la Policía de la Ciudad.

El malestar de la oposición de agigantó al enterarse de la posible llegada de uno de los abogados de la UTA, Abel «Chavo» Di Manuele, a la jefatura de Gabinete del ministerio de Transporte, en lo que entienden será un nuevo período de privilegios para el «Gallego» y su gente.