Los sindicatos sumaron sus voces al debate por una ley integral contra la violencia institucional. Lo hicieron este lunes durante una nueva reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación.
Las y los legisladores avanzan en el tratamiento en comisión del proyecto de ley que busca «prevenir y erradicar» casos de violencias institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional.
En la reunión, presidida por la diputada del Frente de Todos Paula Penacca y el diputado Hugo Yasky, expusieron dirigentes sindicales de diferentes actividades para manifestar el apoyo a la ley y compartir vivencias sobre violencia institucional en el marco de sus tareas profesionales.
Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), señaló la importancia del rol del periodismo respecto a la violencia institucional.
“Cuando las fuerzas de seguridad infringen la ley, siempre apuntan y disparan contra los trabajadores y trabajadoras de prensa. Por eso, queremos proteger la actividad periodística”, remarcó.
En la misma línea, desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), el abogado Miguel Gaya, explicó: “A la policía no le gusta que los vean reprimir. Es por eso que nos censuran las imágenes que tomamos como registro de la acción policial”.
En tanto, Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, enfatizó: “Si hay un sector social propenso a recibir las consecuencias de la violencia institucional es el movimiento obrero organizado”.
También hubo exposición de representantes de la Unión del Personal Municipal de Berazategui y la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación y la Federación Gráfica Bonaerense.
La de este lunes fue la tercera reunión informativa que llevó a cabo el plenario sobre el proyecto impulsado por el oficialismo. Con anterioridad, habían expuesto representantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de estos casos.
El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán “de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”.
“Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta”, indica el artículo 1ro. del texto.
La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.