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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Sindicalización policial: juridicidad y decisión política

Por Pascual Daniel Persichella, columnista de Mundo Gremial,

Mundo Gremial

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Los trágicos fallecimientos de dos policías mujeres en la Provincia de Buenos Aires, asesinadas; y un caso menor respecto a esas muertes, de un policía sanjuanino que luego de diez años fue sobreseído en un proceso penal, pero sigue exonerado y sin percepción de salarios; me motivaron a expresarme sobre la cuestión mal saldada -para mi opinión- de No sindicalización de la Policía. La sindicalización frustrada no es la panacea, pero es una herramienta paliativa para procurar una mejor condición de vida y laboral.

He sostenido en oportunidades anteriores sobre esta temática que: Obviamente el de los policías es un trabajo humano, con peculiaridades, pero trabajo humano al fin. Cuando se presentan problemas salariales y de condiciones de vida y laborales de los policías, son conflictos colectivos de trabajo. La falta de organizaciones sindicales no permite encauzar democrática, pacífica y eficazmente, esas problemáticas; y deja a quienes trabajan de policías, en el brete de soportar o acuartelarse. Se los obliga a ponerse al margen de la Ley, como en las retrógradas épocas en que la actividad sindical era un delito (delito de coalición en el Derecho Francés).

Esas muertes por ser ellas policías; este calvario quedando en la calle, sin trabajo, salario ni seguridad social; con el estigma adicional de ser un policía exonerado. Son problemas de la vida y del trabajo de los policías. Son cuestiones sindicales.

Entonces considerando que: en nuestro Estado de Derecho la institución jurídica pergeñada específicamente para atenderlas es el Sindicato (art. 3º, Ley 23551), a partir de la realidad histórico sociológica de la agremiación; que cuando nuestra Constitución Nacional garantiza al trabajo en sus diversas formas la organización sindical libre y democrática; y a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, al arbitraje y el derecho de huelga (art. 14 bis, CN). Atendiendo también a que: según fuentes jurisprudenciales internacionales, el reconocimiento legal de los Sindicatos y de la actividad sindical de este colectivo de trabajadores, ya se ha obtenido en Israel, Holanda, Estados Unidos, Uruguay, Suecia, España, Francia, Portugal, Malta, Irlanda, Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, Chipre, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa. Deduciendo de esos precedentes internacionales, que no se excluye de los citados derechos y garantías sindicales a los policías, tuve la esperanza que la CSJN, al resolver sobre el rechazo del Poder Ejecutivo Nacional al pedido de otorgamiento de inscripción sindical a favor del SIPOBA, iba a habilitar la Sindicalización Policial en Buenos Aires; con ciertas limitaciones especiales en el giro de la actividad sindical. Verbigracia: restringir y hasta prohibir el derecho a huelga.

Pero no. La CSJN, en “Recurso de Hecho: Sindicato Policial Buenos Aires. c. Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”; de fecha 11-04-17, confirmó por mayoría que se rechazara el pedido de inscripción sindical solicitado.

Haré una suscinta exposición de las razones de la Corte, para evaluar el estado de situación y hacer algún análisis propositivo, a partir de los lineamientos del Tribunal Cimero.

Sostuvo conceptualmente la Corte en voto mayoritario:
Que lo que debía indagarse era si los policías tenían derecho a constituirse en Sindicato, a la luz de las prescripciones del artículo 14 bis de la CN; comenzando por aseverar que esa norma constitucional no implica un derecho incondicionado para todos los trabajadores; es más, que a algún colectivo de trabajadores se lo ha privado de el, como es el caso de los policías. Agregó la Corte que los Convencionales del 57 dejaron en claro que los policías no podían hacer huelga y de ello coligió la Corte, que no tenían derechos sindicales. Abundó en que a esa fecha histórica el contexto internacional estaba en línea con esta conclusión de ella; que adolece de una cierta imprecisión según mi opinión.

A partir de esta vidriosa conclusión, sobre que no reconocer el derecho de huelga a los policías, implica necesariamente que no tienen derechos sindicales; colige luego que no pueden constituir sindicatos.
Observo un simplismo en el razonamiento; dado que la huelga es una de las actividades sindicales posibles. Es la última y más grave medida. Se deprecia el sentido y función del reclamo sindical, la negociación colectiva de trabajo, la conciliación y el arbitraje; que también están estipulados en el hoy viejo artículo 14 bis.

Es más; si la Ley Sindical Argentina asevera en su artículo 5º inciso d. que una asociación sindical tiene derecho a realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores, el exceso de sinonimia del Tribunal Cimero, entre huelga y actividad sindical, linda con lo no razonable, máxime si recordamos que estamos en el ámbito de los Derechos Humanos Fundamentales: fundar sindicatos y afiliarse a ellos. (Convenciones sobre Derechos Humanos, art. 75 inciso 22, CN)

Avanzando para construir su decisión institucional, la Corte sostiene que tampoco es cierto que no existan normas de derecho positivo vigente que estipularan esta restricción a los policías, relativa a los derechos sindicales. Ejemplifica y bien; que la ley 21965 prohibió a la Policía Federal toda actividad gremial. Agregando que cuando se aprueba el Convenio OIT Nº 154 sobre Negociación Colectiva para el Sector Público, en el Mensaje al Congreso expresamente se aclara que este derecho no alcanza a las fuerzas armadas y de seguridad.

Es decir -deduce-, que en diversas oportunidades que el Congreso de la Nación tuvo, siempre impidió reconocer derechos sindicales a los policías. Agrega que ante una Queja de los policías a la OIT, esta recomendó considerar que la Argentina no estaba violando derechos y garantías sindicales de los policías. Esta es la línea argumental dura de la Corte.

Luego de este análisis histórico de la cuestión pivoteando sobre el artículo 14 bis de la CN, comienza un análisis posterior y superior, a la luz de la Constitución Reformada de 1994, particularmente desde la trascendente norma del artículo 75 inciso 22 y las implicancias del Derecho Convencional. Que -en mi opinión- a tenor del Derecho y Control de Convencionalidad, la doctrina sobre Derechos Humanos Fundamentales (progresividad, pro homine y evolución dinámica, nunca a la baja, de estos derechos); es donde hoy nos debiéramos parar ante el dilema.

Asevera finalmente y en ese sentido:
Que el derecho de los policías a sindicalizarse está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador. Aclaro yo que esta reconocido de modo expreso; no obstante que en cada uno de esos instrumentos se prevén limitaciones o restricciones a los derechos sindicales de los policías.
El texto más restrictivo a mi entender es el del artículo 16.3. de la CADH, que expresa que las limitaciones al derecho de sindicalización (derecho de asociación con fines laborales), sólo se pueden disponer por ley; y luego cuando refiere a la policía, postula restricciones que pueden llegar hasta la privación de tal derecho.

Concluye que ahora, con la Reforma del 94, el derecho de sindicalización de la policía sí existe, pero está sujeto a las restricciones o a la prohibición de la ley interna. Y ejemplifica que hay países donde la sindicalización de la policía opera con restricciones o en otros casos está prohibida.

Textualmente expresa que: “…En definitiva, es constitucionalmente admisible la restricción o la prohibición de la sindicalización de los miembros de las fuerzas de policía provinciales si ella es dispuesta por una ley local…”; como ocurre en el caso del SIPOBA. (Considerando 21 del Fallo)

Sin desconocer razón formal a la Corte; no merece el tino discutir sobre las leyes locales como la de la Provincia de Buenos Aires. Está demasiado dicho que la cuestión sindical es una materia privativa del Congreso de la Nación; es más, algunos doctrinarios estiman que esta rama del Derecho de Trabajo integra materialmente el Código de Trabajo y Seguridad Social. Máxime en atención a donde quiero arribar.

Valiéndose de sustentable argumentación, aduce que nunca se planteo la inconstitucionalidad del derecho positivo argentino que prohíbe o excluye a la actividad sindical en parte o en todo, respecto de los policías.
Como fuere; no es serio sostener que el fallo de la Corte y su sentido no es una opción razonablemente posible. Pero el objeto de estas simples disquisiciones es que -para mi- no está saldada la cuestión en términos de justicia material, ni de conveniencia política.

Si fundar sindicatos y afiliarse es un derecho de los policías, conforme con los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, de rango constitucional hoy; pero que puede restringirse y hasta prohibirse solo por ley; obviamente que nada prohíbe que también pueden hacerse efectivos dichos derechos convencionales regulándolos por ley. Y esta es la cuestión hoy. Avalado también por el Derecho Comparado en la materia.

Parto de los hechos: la falta de balas, del combustible del patrullero, los magros salarios, los adicionales policiales (horas extras excesivas), un régimen disciplinario prusiano, insuficiencia de profesionalización, carencia o menor tecnología respecto de los delincuentes; y cuantas más debilidades señalarían los especialistas de la materia. El silencio que impone el Jefe a los subordinados, para que los problemas sindicales no se expliciten como problemas. Las malas condiciones de vida y laborales de los policías, que no se pueden manifestar porque falta una institución que impersonalice el reclamo, para que la demanda no sea una insubordinación, una falta disciplinaria del policía que reclama o un acuartelamiento.

Todo ello y cuanto más, hoy no tiene encausamiento jurídico institucional; por ello la válvula de escape no es el accionar sindical lícito, sino un acuartelamiento cada tanto y la próxima veremos. Se los está corriendo del Estado de Derecho, con un delito de coalición selectivo a la francesa. Pidiendo disculpas por la mala palabra, están excluidos.
La corrupción policial de la que tanto se habla: ¿Cómo hacen uno, dos o varios policías honestos para denunciar la cuestión y propender a la depuración? Un sindicato bien podría ser el instrumento eficiente para esta lucha, partiendo de una realidad en la que quiero creer: la mayoría de los policías son honestos. El problema son las manzanas podridas, pero no se las puede combatir “cuerpo a cuerpo”, sino desde una institución que impersonaliza al policía o policías que denuncian. Una institución que proteja a la actividad sindical lícita y a las personas físicas que la realicen. (tutela sindical)

Creo que ante un dilema que nos persigue desde hace muchos años (la cuestión policial, la maldita policía, etc.), bien vale la pena arriesgar y hacer algo distinto, novedoso. Si algo no funciona, no podemos seguir eternamente haciendo las mismas cosas.

Por este breve listado de razones es que propicio la sindicalización de la policía. Reconozco que hay una cuestión de alta juridicidad, como surge de lo dicho por la Corte. También hay una estigmatización mediática y conveniente al poder real, de lo sindical y los sindicalistas. Pero; sobre todo existe una cuestión política, de conveniencia o inconveniencia; sin desconocer que también es de naturaleza política mantener el estado de situación; es decir, no permitir la sindicalización. En suma: no hacer nada.

Estimo que, tal como lo expresó la Corte, hoy existe el derecho de los policías a sindicalizarse y a afiliarse al sindicato (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador). También con similar rango convencional, se puede restringir y hasta prohibir tales derechos, pero esa limitación de los Derechos Humanos Fundamentales de los policías, a fundar un sindicato y a afiliarse al mismo; sólo se puede hacer por ley formal.

Es decir que; si el Congreso de la Nación Argentina dicta una ley especial o incorpora a la Ley 23551 el modo, formas y restricciones con que los policías de la Argentina van a ejercer su derecho a constituir sindicatos y a afiliarse; ello es totalmente constitucional.

Como colofón propicio el dictado de una Ley Especial, por la peculiaridad del trabajo humano de los policías. Porque ante tanta actividad gremial policial (praxis acumulada), se la podría construir como a las buenas leyes: desde abajo hacia arriba. Y en materia de organización sindical, sería conveniente para este colectivo de trabajadores, que se organicen en uniones sindicales aglutinadas por el mismo Patrón. Es decir, deberían haber tantos sindicatos de policías como Provincias, además uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro por la Policía Federal. Luego, el conjunto de estos sindicatos se podrían aglutinar en una Federación Única de Sindicatos de Policías de la República Argentina. Obviamente se deberían reglamentar aspectos fundamentales de la actividad sindical regulada por la ley especial; por los altos bienes jurídicos en juego, expidiéndose expresamente la ley, sobre los tópicos constitucionales fundamentales: reclamo sindical (derecho de petición), concertación de convenios colectivos de trabajo, la conciliación el arbitraje, la huelga. Y más; partiendo del paradigma, de que un sindicato puede realizar toda actividad lícita en defensa del interés de los trabajadores (Ley 23551, art. 5 inciso d.).

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Qué hay detrás de la presencia de Gustavo Béliz en la CGT

Llamativo, el ex funcionario de Néstor Kirchner acompañó al electo presidente a Azopardo. Alberto Fernández dio pistas de la discusión que se viene con el movimiento obrero y que encontraría a Béliz como su ejecutor.

Pablo Maradei

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Los interrogantes son múltiples y las visiones optimistas se contraponen con las pesimistas. La digitalización de la economía, el proceso continuo de innovación tecnológica sumado al surgimiento de la economía de plataformas (en el país desde el 2016), el uso del Big Data, la bioeconomía, la inteligencia artificial, la robótica y las máquinas asistidas obligan a replantear el paradigma vigente de trabajo con la obligación de repensar el futuro del trabajo. Nada nuevo bajo el sol, pero cuando Alberto Fernández exhortó a los gremialistas desde las entrañas del movimiento obrero a que Azopardo “se convierta en un centro de educación tecnológica para capacitar a los trabajadores y los jóvenes” estaba explicando la presencia de Gustavo Béliz en ese lugar.

¿Por qué? Porque durante su camino por el desierto alejado del ruido político se dedicó a explorar el futuro del trabajo. El mes pasado, desde el Vaticano y en el seminario “Dignidad y el futuro del trabajo”, organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y que dirige el monseñor argentino Marcelo Sánchez Sorondo, Béliz tiró una frase: “Debemos ser conscientes de que hay un calentamiento global tecnológico sobre nosotros”. Y así otras vinculadas al destierro al que están y estarán obligados a ir millones y millones de trabajadores que se quedarán sin trabajo por el avance de la tecnología. Alberto Fernández les dijo a los muchachos elípticamente que en muchos casos habrá que barajar y dar de nuevo para encarar este momento crucial. Habilita y se anticipa de hecho a la discusión de convenios por sector (como para empezar por algo) y aggiornamiento de estructuras sindicales que ya huelen rancias.

Otra frase de Fernández marcando la cancha: “Nos vamos a sentar a diseñar las políticas del futuro, y lo vamos a hacer entre todos. Esas son las políticas que van a perdurar más allá de mi mandato”.

Paréntesis: el delegado papal Sánchez Sorondo tiene un vínculo muy aceitado con Hugo Moyano y Gustavo Vera, con quienes compartió varios escenarios por el proyecto camionero que se conoció como Multisecotrial 21F (el nombre viene por la fecha en que tuvo lugar, el 21 febrero de 2018, un acto monumental de Hugo Moyano en la 9 de Julio en el que se defendió de las causas judiciales). También compartieron un seminario antimafia. Una muestra del pensamiento de Sorondo: “Es providencial tener un Papa argentino y siendo nuestro gran líder tenemos que defender e impulsar su programa que es la defensa de la casa común, la madre tierra como llama San Francisco de Asís, y así luchar por la dignidad humana. Porque el capitalismo salvaje como lo llamaba San Juan Pablo II, pone el centro en el dinero, y no en el ser humano y su casa común”.

Abajo, a la derecha, Enrique Rodríguez, abogado de consulta de Camioneros, acompañando a Moyano en conferencia de prensa

Defender la casa común es preocuparse por el medio ambiente y promover la economía verde o circular: donde nada va a la basura sino que se recicla y reutiliza. Béliz escribió sobre esto.

Béliz, del que no hace falta mencionar su vínculo con la Iglesia por su pertenencia al Opus Dei, lleva escritos varios libros y dossiers indagando respecto a qué pasará con la cuarta revolución industrial que ya baña al mundo con su perfume de incertidumbre. A Béliz lo acerca al calor del presidente electo Enrique Rodríguez, el presidente de la obra social OSPOCE. Rodríguez es un abogado de consulta permanente del gremio Camioneros por las distintas causas judiciales que lo acechan: incluso se lo llegó a ver en la conferencia de prensa en la que este sindicato salió airoso de la multa, por 10.000 millones de pesos, que le había impuesto el gobierno de Cambiemos.

Otro dirigente complementó con otra visión política: “El metamensaje de revivirlo a Béliz es para que se sepa que la política va a estar por encima de los servicios; algo que Alberto quiere replantear y que lo dijo en público”. Refiere a que justamente Néstor Kirchner, quien fue jefe de Alberto y de Gustavo, eligió echar del gobierno a este último en 2004 cuando mostró la foto de Jaime Stiuso en la tele. Otros tiempos.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Moyano juega en solitario frente a la unidad que pide el albertismo

Desde el sector tradicional le enrostran cortarse solo “por sentirse el ombligo del mundo”; los camioneros contestan que estuvieron desde la primera hora con el futuro gobierno.

Pablo Maradei

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En la historia del movimiento obrero podemos definir un primer y gran espacio temporal que tuvo lugar desde que el coronel Juan Domingo Perón, al frente de la vicepresidencia y de la secretaria de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra del gobierno militar de Edelmiro Farrell, empezó a consolidar lo que sería su base de sustento político apoyándose en las masas populares. Floreció el modelo sindical peronista, con gremios por rama de actividad y firmas de convenios colectivos, entre otros menesteres. Con zizagueos en su influencia sobre el poder, entre gobiernos democráticos y de facto, el segundo momento en que esas bases crujieron fue durante el menemismo. La propuesta del riojano era el apartamiento del Estado como garante de todas aquellas conquistas para dar lugar a que el mercado sea el regulador natural de las tensiones económicas. Está claro que hubo quiebre entre los sectores tradicionales del sindicalismo que apoyaron este cambio de paradigma y el moyanismo que se abrió y fundó el MTA, de extracción combativa a lo que fue el gobierno neoliberal.

De ese entonces, y como acostumbra nuestro país, entre estos dos modelos hubo grieta: los 12 años del kirchnerismo revalorizaron el peso del Estado, se abrieron las discusiones paritarias y el Salario Mínimo Vital y Móvil volvió a tener pulso. El macrismo aplicó receta menemista. Y acá estamos de nuevo con Alberto Fernández, tratando de equilibrar un mix; aunque, claro está, siendo un gobierno peronista la balanza está inclinada hacia el lado que todos esperan. Y además porque el movimiento obrero le dio el respaldo que el futuro presidente necesita. Se lo dieron todos los sectores: CGT, CTA y el moyanismo.

Del armado y de lo que podrá pasar allí se habló este jueves en la sede de UPCN: hasta allá fueron los dirigentes cegetistas de la mesa chica junto a dirigentes de la Corriente Federal, que lidera Sergio Palazzo, y del MASA, que conduce Omar Viviani. Una foto reducida, pero de cada uno de los sectores que estuvieron en Tucumán en la asunción de Juan Manzur en su segundo mandato al frente de esa provincia.

El mismo dirigente se ocupó de trazar el escenario: “Podemos tener tres imágenes: la del cierre de campaña en Mar del Plata, la del búnker en Chacarita y la de Tucumán. En las tres estuvo el peronismo y el gran ausente fue Moyano. Se cree que es imprescindible y el ombligo del mundo. Esa no es una actitud nuestra sino que es suya”. El “nuestra” para este dirigente es todo el movimiento obrero versus Moyano.

Desde el campamento Camionero respondieron a la consulta de Mundo Gremial por el faltazo de los Moyano o de algún delegado del gremio a cualquiera de esos tres actos. Y la respuesta no fue decorosa: “Nosotros tuvimos que estar cuando tuvimos que estar que es desde hace tiempo y en contra de este gobierno de ricos: frenamos la reforma laboral cuando ellos, oficialistas de todos los gobiernos, daban el aval al macrismo para esa ley. Pero va más allá de Macri: ellos están siempre con el gobierno de turno y ahora hicieron lo de siempre: sumarse al triunfador”. Y tiraron una reflexión respecto al bancario: “Está jugando más a hacer política que hacer gremialismo que es lo que tenemos que ser como dirigentes sindicales”.

Con este escenario -de unidad a medias como marca registrada del movimiento obrero- el viernes que viene Alberto Fernández irá a la CGT al Plenario de Secretarios Generales: una foto simbólica pero de importancia. “El viernes que viene se le dará el respaldo orgánico al futuro presidente” contó un secretario general del sector de los Gordos a Mundo Gremial.

En el medio de este caldero, la CGT solicitó a la Iglesia, a través del cardenal Mario Poli, que inicie el proceso de beatificación de Eva Perón; algo difícil de que prospere. Se sabe que para llegar a esa instancia se le deben validar dos milagros en vida a quien fuera la mujer del General Perón. Curioso: el matrimonio, ni siquiera en esos años de bonanza peronista, pudo hacer el milagro de unir al movimiento obrero durante sus mandatos.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Con Alberto sí; con Macri, no: el problema de las promesas de campaña

En el Pacto Social que promueve el candidato del kirchnerismo muchos gremialistas están dispuestos a poner en discusión los convenios colectivos; pero si ganara el macrismo: ¿qué pasaría?

Pablo Maradei

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En el gobierno de Cambiemos por ahora todo es cautela; aunque se la matiza con sesgos de esperanza: las plazas del “Sí se puede” han logrado darle oxígeno al oficialismo luego de la sepultura que le propinaron las Primarias el ya lejano 11 de agosto. Si hay vida después de este domingo y el 24 de noviembre llevara al triunfo a Mauricio Macri, ¿los gremialistas estarían tan dispuestos a sentarse para encarar el tema de discutir convenios como se comprometieron con Alberto Fernández? Nadie en el mundo gremial se imagina -o prefiere no hacerlo- con ese escenario en el que habrán quedado en offside. Cuando se los consulta, refutan la suposición con gestos o con silencios. “Esperemos a ver qué dice la gente; aunque sabemos que no se pueden equivocar otra vez”, dicen fijando posición.

En cualquier caso, una fuente híper calificada del mundo laboral del búnker de Juntos por el Cambio comentó a Mundo Gremial en la previa al acto de cierre de este jueves: “Si la ciudadanía nos da otros cuatro años, la propuesta será lo que están habilitando a discutir los propios gremios que es poner a debate los convenios. Si se lo habilitan a Alberto Fernández, el piso será ese”. Pone un reparo ante la incertidumbre de las alianzas que se vayan a tejer en un nuevo mandato de Macri. Completa que “la forma de construcción de acuerdos posibles definirá la acción de política posterior”. Es decir, acuerdos con la oposición no kirchnerista para amalgamar fuerzas en el Congreso y poder avanzar en otras cuestiones.

Hablamos que “si el piso son los convenios” lo que vendrá será un revival de una reforma laboral. Dice la misma fuente: “El sector empresario le viene pidiendo a Fernández definiciones pro empresa por lo que no veo muy descolocado pensar en que tomen nuestro proyecto de reforma laboral que tenía el aval de la CGT para avanzar en algo remozado”. A propósito de reforma laboral: ¿qué rol jugará Miguel Ángel Pichetto que era el garante, cuando encarnaba la oposición peronista a Cambiemos, de “que nada que no tenga el visto bueno de la CGT avanzará en el Senado”? Pero la reforma laboral sería solo una solapa de la avanzada.

Ya sin especular con quien será el próximo presidente apunta este dirigente del PRO: “El que venga, sea Mauricio o Alberto, tiene por delante recomponer el salario real de manera inteligente atado a productividad, y eso no es otra cosa que discutir convenios. Se lo piden a Alberto como se lo piden a este Gobierno”. Analiza: “Los índices de productividad están a la baja y hay que lograr inversión productiva que genere trabajo”. Y por último apunta: “El tema que no se puede eludir más es la discusión del sistema de seguridad social: como está planteado es insostenible. En esto juegan las economías de plataforma que no debería ser lo que es hoy en cuanto a su marco regulatorio pero tampoco podemos mirar para otro lado a un sistema que abre puestos de trabajo. Hay que encontrar un mix que haga esto viable”

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