Conéctate con nosotros

ANÁLISIS Y OPINIÓN

Sindicalización policial: juridicidad y decisión política

Por Pascual Daniel Persichella, columnista de Mundo Gremial,

Mundo Gremial

Publicado

|

Los trágicos fallecimientos de dos policías mujeres en la Provincia de Buenos Aires, asesinadas; y un caso menor respecto a esas muertes, de un policía sanjuanino que luego de diez años fue sobreseído en un proceso penal, pero sigue exonerado y sin percepción de salarios; me motivaron a expresarme sobre la cuestión mal saldada -para mi opinión- de No sindicalización de la Policía. La sindicalización frustrada no es la panacea, pero es una herramienta paliativa para procurar una mejor condición de vida y laboral.

He sostenido en oportunidades anteriores sobre esta temática que: Obviamente el de los policías es un trabajo humano, con peculiaridades, pero trabajo humano al fin. Cuando se presentan problemas salariales y de condiciones de vida y laborales de los policías, son conflictos colectivos de trabajo. La falta de organizaciones sindicales no permite encauzar democrática, pacífica y eficazmente, esas problemáticas; y deja a quienes trabajan de policías, en el brete de soportar o acuartelarse. Se los obliga a ponerse al margen de la Ley, como en las retrógradas épocas en que la actividad sindical era un delito (delito de coalición en el Derecho Francés).

Esas muertes por ser ellas policías; este calvario quedando en la calle, sin trabajo, salario ni seguridad social; con el estigma adicional de ser un policía exonerado. Son problemas de la vida y del trabajo de los policías. Son cuestiones sindicales.

Entonces considerando que: en nuestro Estado de Derecho la institución jurídica pergeñada específicamente para atenderlas es el Sindicato (art. 3º, Ley 23551), a partir de la realidad histórico sociológica de la agremiación; que cuando nuestra Constitución Nacional garantiza al trabajo en sus diversas formas la organización sindical libre y democrática; y a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, al arbitraje y el derecho de huelga (art. 14 bis, CN). Atendiendo también a que: según fuentes jurisprudenciales internacionales, el reconocimiento legal de los Sindicatos y de la actividad sindical de este colectivo de trabajadores, ya se ha obtenido en Israel, Holanda, Estados Unidos, Uruguay, Suecia, España, Francia, Portugal, Malta, Irlanda, Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, Chipre, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa. Deduciendo de esos precedentes internacionales, que no se excluye de los citados derechos y garantías sindicales a los policías, tuve la esperanza que la CSJN, al resolver sobre el rechazo del Poder Ejecutivo Nacional al pedido de otorgamiento de inscripción sindical a favor del SIPOBA, iba a habilitar la Sindicalización Policial en Buenos Aires; con ciertas limitaciones especiales en el giro de la actividad sindical. Verbigracia: restringir y hasta prohibir el derecho a huelga.

Pero no. La CSJN, en “Recurso de Hecho: Sindicato Policial Buenos Aires. c. Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”; de fecha 11-04-17, confirmó por mayoría que se rechazara el pedido de inscripción sindical solicitado.

Haré una suscinta exposición de las razones de la Corte, para evaluar el estado de situación y hacer algún análisis propositivo, a partir de los lineamientos del Tribunal Cimero.

Sostuvo conceptualmente la Corte en voto mayoritario:
Que lo que debía indagarse era si los policías tenían derecho a constituirse en Sindicato, a la luz de las prescripciones del artículo 14 bis de la CN; comenzando por aseverar que esa norma constitucional no implica un derecho incondicionado para todos los trabajadores; es más, que a algún colectivo de trabajadores se lo ha privado de el, como es el caso de los policías. Agregó la Corte que los Convencionales del 57 dejaron en claro que los policías no podían hacer huelga y de ello coligió la Corte, que no tenían derechos sindicales. Abundó en que a esa fecha histórica el contexto internacional estaba en línea con esta conclusión de ella; que adolece de una cierta imprecisión según mi opinión.

A partir de esta vidriosa conclusión, sobre que no reconocer el derecho de huelga a los policías, implica necesariamente que no tienen derechos sindicales; colige luego que no pueden constituir sindicatos.
Observo un simplismo en el razonamiento; dado que la huelga es una de las actividades sindicales posibles. Es la última y más grave medida. Se deprecia el sentido y función del reclamo sindical, la negociación colectiva de trabajo, la conciliación y el arbitraje; que también están estipulados en el hoy viejo artículo 14 bis.

Es más; si la Ley Sindical Argentina asevera en su artículo 5º inciso d. que una asociación sindical tiene derecho a realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores, el exceso de sinonimia del Tribunal Cimero, entre huelga y actividad sindical, linda con lo no razonable, máxime si recordamos que estamos en el ámbito de los Derechos Humanos Fundamentales: fundar sindicatos y afiliarse a ellos. (Convenciones sobre Derechos Humanos, art. 75 inciso 22, CN)

Avanzando para construir su decisión institucional, la Corte sostiene que tampoco es cierto que no existan normas de derecho positivo vigente que estipularan esta restricción a los policías, relativa a los derechos sindicales. Ejemplifica y bien; que la ley 21965 prohibió a la Policía Federal toda actividad gremial. Agregando que cuando se aprueba el Convenio OIT Nº 154 sobre Negociación Colectiva para el Sector Público, en el Mensaje al Congreso expresamente se aclara que este derecho no alcanza a las fuerzas armadas y de seguridad.

Es decir -deduce-, que en diversas oportunidades que el Congreso de la Nación tuvo, siempre impidió reconocer derechos sindicales a los policías. Agrega que ante una Queja de los policías a la OIT, esta recomendó considerar que la Argentina no estaba violando derechos y garantías sindicales de los policías. Esta es la línea argumental dura de la Corte.

Luego de este análisis histórico de la cuestión pivoteando sobre el artículo 14 bis de la CN, comienza un análisis posterior y superior, a la luz de la Constitución Reformada de 1994, particularmente desde la trascendente norma del artículo 75 inciso 22 y las implicancias del Derecho Convencional. Que -en mi opinión- a tenor del Derecho y Control de Convencionalidad, la doctrina sobre Derechos Humanos Fundamentales (progresividad, pro homine y evolución dinámica, nunca a la baja, de estos derechos); es donde hoy nos debiéramos parar ante el dilema.

Asevera finalmente y en ese sentido:
Que el derecho de los policías a sindicalizarse está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador. Aclaro yo que esta reconocido de modo expreso; no obstante que en cada uno de esos instrumentos se prevén limitaciones o restricciones a los derechos sindicales de los policías.
El texto más restrictivo a mi entender es el del artículo 16.3. de la CADH, que expresa que las limitaciones al derecho de sindicalización (derecho de asociación con fines laborales), sólo se pueden disponer por ley; y luego cuando refiere a la policía, postula restricciones que pueden llegar hasta la privación de tal derecho.

Concluye que ahora, con la Reforma del 94, el derecho de sindicalización de la policía sí existe, pero está sujeto a las restricciones o a la prohibición de la ley interna. Y ejemplifica que hay países donde la sindicalización de la policía opera con restricciones o en otros casos está prohibida.

Textualmente expresa que: “…En definitiva, es constitucionalmente admisible la restricción o la prohibición de la sindicalización de los miembros de las fuerzas de policía provinciales si ella es dispuesta por una ley local…”; como ocurre en el caso del SIPOBA. (Considerando 21 del Fallo)

Sin desconocer razón formal a la Corte; no merece el tino discutir sobre las leyes locales como la de la Provincia de Buenos Aires. Está demasiado dicho que la cuestión sindical es una materia privativa del Congreso de la Nación; es más, algunos doctrinarios estiman que esta rama del Derecho de Trabajo integra materialmente el Código de Trabajo y Seguridad Social. Máxime en atención a donde quiero arribar.

Valiéndose de sustentable argumentación, aduce que nunca se planteo la inconstitucionalidad del derecho positivo argentino que prohíbe o excluye a la actividad sindical en parte o en todo, respecto de los policías.
Como fuere; no es serio sostener que el fallo de la Corte y su sentido no es una opción razonablemente posible. Pero el objeto de estas simples disquisiciones es que -para mi- no está saldada la cuestión en términos de justicia material, ni de conveniencia política.

Si fundar sindicatos y afiliarse es un derecho de los policías, conforme con los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, de rango constitucional hoy; pero que puede restringirse y hasta prohibirse solo por ley; obviamente que nada prohíbe que también pueden hacerse efectivos dichos derechos convencionales regulándolos por ley. Y esta es la cuestión hoy. Avalado también por el Derecho Comparado en la materia.

Parto de los hechos: la falta de balas, del combustible del patrullero, los magros salarios, los adicionales policiales (horas extras excesivas), un régimen disciplinario prusiano, insuficiencia de profesionalización, carencia o menor tecnología respecto de los delincuentes; y cuantas más debilidades señalarían los especialistas de la materia. El silencio que impone el Jefe a los subordinados, para que los problemas sindicales no se expliciten como problemas. Las malas condiciones de vida y laborales de los policías, que no se pueden manifestar porque falta una institución que impersonalice el reclamo, para que la demanda no sea una insubordinación, una falta disciplinaria del policía que reclama o un acuartelamiento.

Todo ello y cuanto más, hoy no tiene encausamiento jurídico institucional; por ello la válvula de escape no es el accionar sindical lícito, sino un acuartelamiento cada tanto y la próxima veremos. Se los está corriendo del Estado de Derecho, con un delito de coalición selectivo a la francesa. Pidiendo disculpas por la mala palabra, están excluidos.
La corrupción policial de la que tanto se habla: ¿Cómo hacen uno, dos o varios policías honestos para denunciar la cuestión y propender a la depuración? Un sindicato bien podría ser el instrumento eficiente para esta lucha, partiendo de una realidad en la que quiero creer: la mayoría de los policías son honestos. El problema son las manzanas podridas, pero no se las puede combatir “cuerpo a cuerpo”, sino desde una institución que impersonaliza al policía o policías que denuncian. Una institución que proteja a la actividad sindical lícita y a las personas físicas que la realicen. (tutela sindical)

Creo que ante un dilema que nos persigue desde hace muchos años (la cuestión policial, la maldita policía, etc.), bien vale la pena arriesgar y hacer algo distinto, novedoso. Si algo no funciona, no podemos seguir eternamente haciendo las mismas cosas.

Por este breve listado de razones es que propicio la sindicalización de la policía. Reconozco que hay una cuestión de alta juridicidad, como surge de lo dicho por la Corte. También hay una estigmatización mediática y conveniente al poder real, de lo sindical y los sindicalistas. Pero; sobre todo existe una cuestión política, de conveniencia o inconveniencia; sin desconocer que también es de naturaleza política mantener el estado de situación; es decir, no permitir la sindicalización. En suma: no hacer nada.

Estimo que, tal como lo expresó la Corte, hoy existe el derecho de los policías a sindicalizarse y a afiliarse al sindicato (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador). También con similar rango convencional, se puede restringir y hasta prohibir tales derechos, pero esa limitación de los Derechos Humanos Fundamentales de los policías, a fundar un sindicato y a afiliarse al mismo; sólo se puede hacer por ley formal.

Es decir que; si el Congreso de la Nación Argentina dicta una ley especial o incorpora a la Ley 23551 el modo, formas y restricciones con que los policías de la Argentina van a ejercer su derecho a constituir sindicatos y a afiliarse; ello es totalmente constitucional.

Como colofón propicio el dictado de una Ley Especial, por la peculiaridad del trabajo humano de los policías. Porque ante tanta actividad gremial policial (praxis acumulada), se la podría construir como a las buenas leyes: desde abajo hacia arriba. Y en materia de organización sindical, sería conveniente para este colectivo de trabajadores, que se organicen en uniones sindicales aglutinadas por el mismo Patrón. Es decir, deberían haber tantos sindicatos de policías como Provincias, además uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro por la Policía Federal. Luego, el conjunto de estos sindicatos se podrían aglutinar en una Federación Única de Sindicatos de Policías de la República Argentina. Obviamente se deberían reglamentar aspectos fundamentales de la actividad sindical regulada por la ley especial; por los altos bienes jurídicos en juego, expidiéndose expresamente la ley, sobre los tópicos constitucionales fundamentales: reclamo sindical (derecho de petición), concertación de convenios colectivos de trabajo, la conciliación el arbitraje, la huelga. Y más; partiendo del paradigma, de que un sindicato puede realizar toda actividad lícita en defensa del interés de los trabajadores (Ley 23551, art. 5 inciso d.).

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

Seguir leyendo
Aviso

ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: ¿El futuro del trabajo que queremos?

Por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara (*)

Mundo Gremial

Publicado

|

Uno de los grandes debates que ha instalado la pandemia de COVID19 es el de “la nueva normalidad”. Esta figura -que puede parecer una abstracción- se empieza a consolidar como una realidad inminente a partir de algunos discursos que naturalizan situaciones otrora excepcionales.

Desde una mirada positiva, la postpandemia se avizora como una oportunidad para revalorizar el rol de los Estados que intervienen con políticas públicas para modificar la realidad en contraposición con los que dejan librada al mercado el abordaje de la política social y sanitaria de la pandemia.

Sin embargo, existe también una mirada que merece un llamado de atención desde el mundo del trabajo y que no podemos soslayar. En estas últimas semanas hemos escuchado hasta el hartazgo que el “teletrabajo”, “home office” o “trabajo remoto” ha llegado para quedarse, resaltando las bondades de esta modalidad laboral como “beneficio” para los trabajadores y trabajadoras, reduciendo la importancia del trabajo presencial a un mero costo laboral adicional y, por lo tanto, ajustable. Ese relato, parte de una construcción ideológica que -aprovechando la emergencia sanitaria- vuelve a introducir solapadamente la vocación de los mismos sectores que claman por el “libre mercado” de flexibilizar las condiciones de trabajo.

Todos hemos escuchado como se destacan las virtudes de esa modalidad laboral, que justificarían su extensión masiva tanto en el sector privado como en el sector público. La primera reflexión que nos permitimos es que no puede calificarse como “teletrabajo” a las tareas que actualmente realizan desde sus hogares millones de trabajadores: no ha existido una planificación, diseño e implementación de esos puestos de trabajo para ser realizados en esas condiciones. Tampoco ha habido un acuerdo de voluntades previo: los trabajadores que hoy realizan esa modalidad de trabajo no fueran contratados bajo esas condiciones y tampoco fueron consultados sobre la aceptación de la misma. Por ello, queda claro que se trata de una implementación nacida de la necesidad urgente de adoptar una medida de emergencia frente a una situación sanitaria que puso en riesgo la vida y la salud de los 45 millones de habitantes de nuestro país.

A pesar de ello, la figura y el debate se han instalado, y pretendemos arrimar una mirada crítica sobre la modalidad, pero sin caer en una posición arcaica o anti tecnológica. Ser crítico no implica negarse en forma dogmática, sino plantear reservas fundadas sobre una extensión masiva y apresurada y sin un profundo estudio y un adecuado marco regulatorio.

La Organización Internacional del Trabajo ya en 2016 en el “Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de TIC y financieros” elaboró un documento que señalaba que los teletrabajadores “están expuestos a numerosos riesgos, entre otros, la pérdida de autonomía cuando los empleadores tratan de aplicar nuevas modalidades de supervisión del trabajo; una creciente sensación de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial; la falta de protección de las condiciones de trabajo debido a que no se realizan inspecciones del trabajo; y, en el caso de las mujeres que trabajan a domicilio, el riesgo de afrontar una doble carga de trabajo al tener que compaginar su actividad profesional con las responsabilidades familiares”.

A aquellas dificultades que -4 años antes de la pandemia- planteaba la OIT, podría agregarse que la deslocalización del trabajo y el aislamiento del teletrabajador rompen el pensamiento colectivo debilitando su posición como trabajadores: en muchos casos no se conocerán entre sí y ni siquiera sabrán de la existencia de otros pares. Ello genera, además, la desaparición de horarios o jornada de trabajo, con una tendencia a extender la misma para alcanzar nuevos estándares impuestos unilateralmente; el teletrabajador podría convertirse en un trabajador a destajo e incluso incorporar a su propia familia a la realización de tele tareas para aumentar su productividad. Se agrega también la potencial falta de provisión de elementos de trabajo que implica, en los hechos, que es el trabajador quien asume costos de la explotación; la difuminación de los límites entre la vida personal y la actividad laboral y la inexistencia o desconocimiento del derecho a la desconexión, importarían, en muchos casos, que el teletrabajo sea una verdadera trampa: bajo la apariencia de “el trabajo del futuro” podría esconderse una peligrosa nueva forma de explotación laboral.

Frente a esos problemas, deben necesariamente adoptarse medidas de resguardo: un marco regulatorio adecuado, pensado estratégicamente y, preferentemente, emanado del diálogo social tripartito. Algunas de las herramientas a implementarse para evitar que el teletrabajo sea sinónimo de precarización y abusos podrían ser desde la reversibilidad de la modalidad a la alternancia con la modalidad presencial; un derecho de desconexión efectivo con medidas técnicas y organizacionales que garanticen un límite real a la jornada de trabajo y los descansos; acciones positivas para garantizar la actividad sindical como una cantidad determinada de jornadas u horas presenciales obligatorias destinadas a la interacción entre trabajadores y sus representantes; la determinación de los costes que serán solventados por el empleador por el uso de la infraestructura y servicios del domicilio del trabajador; la determinación legal de las condiciones de salud y seguridad en las que se prestarán las tareas contemplando también los costos que sean necesarios. En igual sentido, creemos que, debería ponerse especial énfasis en la atención de los riesgos psicosociales de esta modalidad, reforzando los sistemas de prevención y atención dentro del sistema general de riesgos del trabajo. Otro factor para considerar es el de implementar mecanismos que posibiliten el ejercicio del poder de policía estatal: la realización de tareas en domicilios particulares podría ser el instrumento para mantener en la clandestinidad a teletrabajadores o para asegurar que la violación del eventual marco regulatorio quede impune. Un registro público de empresas que empleen teletrabajadores y de sus teletrabajadores sumado a sistemas informáticos seguros pero que permitan a las administraciones del trabajo el acceso y monitoreo de la trazabilidad de las tareas remotas podría resultar indispensable para evitar la vulneración de derechos.

Más allá de las reservas y posibles soluciones que hemos planteado, también existen otros interrogantes relacionados con el potencial de extensión del teletrabajo en nuestro país. El reciente informe de Ramiro Albrieu para CIPPEC concluye que “el porcentaje de trabajos que tiene el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27% y un 29% de los trabajos totales, ratio que se reduce sensiblemente si corregimos la estimación por el uso efectivo de TIC en los hogares, llegando a una estimación de piso de 18% en el caso de uso de computadoras”.

Es decir, con el actual estado de situación menos de 1 de cada 5 trabajos podría -potencialmente- realizarse en forma remota. Ello pone en evidencia que, además de los problemas regulatorios, nuestro país debería, para incorporar al teletrabajo como modalidad laboral masiva, resolver el retraso tecnológico del entramado productivo, efectuar una reingeniería de procesos pensando al teletrabajo como un eslabón más del mismo y resolver las necesidades de conectividad hogareña y de mejora en las aptitudes de los potenciales teletrabajadores.

Creemos entonces que, ante este cuadro de situación, una mirada prudente es indispensable para evitar que, en la “nueva normalidad”, el teletrabajo sea la excusa para convencernos que, deslocalizando el trabajo, atomizando y ocultando en sus domicilios a trabajadores y trabajadoras, trasladando costos y sobrecargando la jornada de trabajo vamos caminando hacia el futuro cuando en realidad podríamos estar entregando mansamente conquistas de más de 100 años de luchas obreras.

El desafío es enorme y, por ello no debemos caer en el facilismo de creer que el primer día de la postpandemia nos encontrará a todos teletrabajando ni en el obstruccionismo de prohibirlo.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

Seguir leyendo

ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿La CGT no tiene página web?: La CGT no tiene página web

Año 2020. Una institución del peso en la economía y las características de la CGT no tiene “espacio de referencia” en el mundo virtual. Un problema de fondo que la pandemia expone.

Juan Manuel Morena

Publicado

|

Discutamos el teletrabajo, la nueva revolución industrial, rompamos los nuevos paradigmas de la educación con las nuevas herramientas, con una institución que no tiene ni página web ni redes sociales.

Hoy los presidentes y líderes mundiales comunican medidas por Twitter o en un video de Instagram. Y de eso podemos hablar toda la nota, o escribir varios artículos con especialistas.

Pero que en el año 2020 una institución del peso en la economía y las características de la CGT, no tenga su página web, habla a las claras de un problema de fondo. Y este contexto de pandemia, lo expone.

No estamos hablando de un canal de comunicación. Estamos hablando de un espacio de referencia, donde se encuentran las acciones, estudios, posiciones y muchos elementos centrales para la vida de las instituciones en este siglo.

En el aspecto comunicacional, la CGT queda a la merced del funcionamiento inorgánico. Pero cuando se quejan del maltrato en algunos medios, tienen que recordar la buena imagen empieza por casa. Si los canales, redes y distintas herramientas comunicacionales de la central fuesen oficiales, podrían ellos tener mejor tratamiento.

Que la CGT comunique bien tiene que ser una responsabilidad social. Cuando este tema en alguna oportunidad lo debatí en Twitter, los defensores del estado actual me decían que ellos se enteran por sus sindicatos de base de lo que comunica la central. Lo que ellos no entienden, y lo que la conducción debe contemplar, es que la CGT representa al universo de los trabajadores, no solo a los sindicatos y a sus afiliados. Y eso lo tiene que hacer valer.

Cuando uno googlea CGT sale en primera posición la página web de la secretaría que coordina Gerardo Martínez (Internacional) y después aparece Wikipedia, el Consejo Económico y Social, Facebook (una página extraña que le da 1,7 de valoración sobre 5 puntos), la Izquierda Diario, diario La Nación y, por último, Infobae. Esto es en la primera página de resultados de búsqueda, la que los especialistas en posicionamiento SEO marcan como la importante.

Si regalás el espacio y no lo ocupás en el motor de búsqueda, no te quejes de lo que pasa en los medios. Porque en ese espacio aparece lo que vos querés comunicar.

Y cuando se pregunta porque sucede esto en la CGT, la respuesta es: “la página web no figura en el estatuto, entonces nadie se quiere hacer responsable”. Traducción: nadie tiene la responsabilidad y el que quiere hacerlo tiene que asumir el costo de financiamiento y la responsabilidad del funcionamiento. Por lógica, entendiendo la antigüedad del propio estatuto, la secretaría de prensa debería ser la responsable. Pero en los pasillos dicen que Jorge Sola no es afecto a trabajar.

Cuando uno observa lo que Martínez hace en su sindicato (UOCRA) y en la secretaría de Relaciones Internacionales en materia de comunicación, o el aparato de prensa y cultural que tiene desarrollado Víctor Santa María (SUTERH), se da cuenta que capacidad para poder desarrollarlo sobra.

Hay un principio griego en filosofía que dice quien no puede lo menos, no puede lo más. Podríamos decir en este caso quien no quiere lo menos, no quiere lo más. Como puede la CGT en este contexto discutir temas de teletrabajo y plataformas si no puede desarrollar su espacio virtual. Si no habilita canales de consulta para trabajadores en contextos aislados. En esencial que la central de trabajadores más poderosa de Latinoamérica se fortalezca en estos temas.

Una página web no resuelve nada en sí mismo. Pero mejorar estos canales puede ayudar mucho a mejorar la imagen (Responsabilidad social sindical, RSS), conectar a muchos trabajadores, mejorar la información a periodistas no especializados. A transparentar cuestiones que exceden a los gremios confederados, como las resoluciones del comité arbitral, órgano que resuelve cuestiones fundamentales de agremiación.

Hay que fortalecer las instituciones y hay que hacerlas más poderosas, una CGT que comunique mejor, va a ser más poderosa.

Seguir leyendo

ANÁLISIS Y OPINIÓN

El impacto del Covid-19 en las relaciones laborales

Prohibición de despidos y suspensiones. Aplicación Artículo 223 bis, Ley Contrato de Trabajo | Por Dr. Gabriel Izaguirre (*)

Mundo Gremial

Publicado

|

Recientemente el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó por 60 días la prohibición de despidos y suspensiones, en el marco de la emergencia sanitaria, mediante Decreto 487/2020.

Nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello, el gobierno continúa tomando medidas a fin de atenuar su propagación y su impacto en el sistema sanitario.

En el margen de su escaso espacio fiscal, el Ejecutivo busca poner en marcha políticas para mitigar el impacto socioeconómico de la crisis, que llegó a Argentina en un momento de fragilidad económica y social.

El gobierno se encontraba en proceso de renegociar su deuda pública, con niveles altísimos; el país enfrenta problemas serios para cumplir con el pago de sus deudas como había sido acordado. Eso ocurre en un contexto de crecimiento económico negativo y un alto nivel de inflación… Como resultado, el mercado de trabajo ya está debilitado con una tasa de desempleo alta, en particular entre los jóvenes, sumado a una alta informalidad de la economía, lo cual genera empleo precario para una gran parte de la población (según informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “El COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política”).

El mundo en general en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y nuestro país en particular, han sufrido cambios drásticos en su normal y habitual desenvolvimiento cotidiano en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Las políticas de respuesta a la crisis que fueron tomadas por el gobierno argentino tuvieron como consecuencia el actual freno de gran parte de actividades profesionales. Esto ocasionó una fuerte caída comercial que afecta a todas cadenas de valor de la producción. Esas medidas, junto a la incertidumbre sobre el fin de esta crisis, impactan fuertemente sobre la economía nacional.

Es evidente que el ASPO generó un dictado normativo nuevo y dinámico, por lo novedoso de la situación y los variados interrogantes jurídicos que conlleva el hecho de tener que permanecer en nuestras residencias habituales y abstenerse de concurrir a los lugares de trabajo.

Sin perjuicio de las medidas y políticas dispuestas por el gobierno nacional para gestionar la crisis originada por la pandemia y la gran decisión del pueblo argentino de acatarlas con el cumplimiento estricto del aislamiento dispuesto, ello ha generado, indudablemente, cambios drásticos en las relaciones y prestaciones del mundo laboral, generando múltiples interrogantes y situaciones controvertidas, tales como excepciones al cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, las actividades esenciales, los protocolos de seguridad a implementar, el teletrabajo, el pago de salarios, el cierre de comercios y empresas, la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, los protocolos dispuestos para los profesionales de la salud para garantizar la seguridad en el trabajo y en la prestación de labores, la prohibición de despidos y suspensiones; todas cuestiones que se tratan de subsanar con dictados de nuevas normas jurídicas y negociaciones empresariales / sindicales.

En este contexto, señalaré una de las variantes del marco normativo dictado, en lo que se refiere al mundo laboral, para paliar la crisis económica de la actividad comercial, mantener la fuente laboral y en consecuencia evitar situaciones litigiosas, cuál es la prohibición de despedir y suspender personal con la excepción prevista en el art. 223 bis de la LCT.

El Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19, dictó el decreto de necesidad y urgencia DNU 297/2020 el 20 de marzo (prorrogado a la fecha mediante Decreto 459/2020 del 11 de mayo), estableciendo en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, pero aseverando en su art. 8º que: Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A raíz de ello y la problemática generada en el ámbito de las actividades no esenciales, a los fines de garantizar los puestos de trabajo, en aras de preservar la paz social, días después el PEN, en fecha 31 de marzo publicó en el Boletín Oficial el DNU 329/2020 (prorrogado por 60 días más a través del DNU 487/20, el 19 de mayo), mediante el cual se prohíbe los despidos y suspensiones “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. Sin embargo, exceptuó de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la LCT, llamada suspensión concertada – consensuada.

Esta es la única excepción que admite el gobierno a la prohibición: Suspensión pero con pago de salarios e intervención sindical.

Para lograr estos acuerdos la representación sindical resulta indispensable como garantía de preservación del ingreso y el empleo de los trabajadores ante la especulación empresarial siempre vigente, activando, resolviendo, asegurando y, sobretodo, defendiendo de los intereses de los trabajadores, demostrando estar a la altura de las circunstancias excepcionales que toca transitar.

En ese sentido, la negociación de toda suma compensatoria debe negociarse colectivamente, entendiendo que el ámbito de la negociación colectiva es el que permite salidas alternativas entre las partes. No son válidos los acuerdos individuales de rebaja salarial.

No habrá suspensiones en el marco del art. 223 bis LCT sin previa negociación con la organización sindical e intervención del Ministerio de Trabajo, que muestra un gobierno presente, que dictó la Resolución Nº 397/2020 (BO 30/04/2020), para agilizar la tramitación ante las autoridades administrativas laborales, a los fines de dar respuesta inmediata y oportuna, para que los trabajadores y empleadores accedan a esta medida que tiende a paliar la situación actual, evitando un retardo en su implementación que lo torne ineficaz.

Sin perjuicio del enorme esfuerzo que implica para los trabajadores y las trabajadoras la aplicación del art. 223 bis de la LCT, en la coyuntura actual de crisis generalizada resulta ser la herramienta que encontró el gobierno para mitigar los efectos nocivos de la pandemia y sobre todo para resguardar la continuidad laboral.

Cuadra agregar que resulta condición excluyente para la modalidad de este tipo de suspensión que se deberá mantener la dotación de trabajadores sin alteración durante el plazo de vigencia de la norma.

Aunque no es objeto de análisis en este caso, no debe obviarse que se encuentra vigente hasta el 10 de junio de 2020 el DNU 34/2019 (BO, 13 de diciembre de 2019) de la doble indemnización. Si bien, esta norma fue dictada previo a la declaración de la emergencia sanitaria, no debe soslayarse en este análisis, pues integra las consecuencias económicas que generaría al empresario el incumplimiento de la prohibición de despido y/o suspensión, dictada por la normativa señalada.

Sin perjuicio de ello, a mayor abundamiento, para complementar el análisis en formas integral respecto a la necesidad de mantener la fuente laboral, cabe destacar también la medida dictada por el gobierno con el objetivo de ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia y en consecuencia tutelar en forma directa a los trabajadores y a las trabajadoras, asegurando sus puestos de trabajo, a través de la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción a través del DNU 332/2020 (BO 1 de abril de 2020), modificado por el Decreto 376/2020 (BO 20 de abril de 2020).

Este plexo normativo analizado conlleva lograr, a través de un esfuerzo conjunto del Estado Nacional, empresarios y trabajadores, sostener los procesos productivos del país y garantizar el sostenimiento del empleo en las actividades económicas más severamente afectadas por la crisis sanitaria, toda vez que la misma está golpeando muy duro a la economía, ubicando en serio riesgo el desarrollo del trabajo.

Esta idea se condice con el principio de solidaridad que recubre todas las medidas tomadas por el gobierno frente a esta crisis excepcional y refleja la frase que se ha instalado como lema en la cruzada: “Nadie se salva solo”, únicamente a través del esfuerzo compartido podremos atravesar esta crisis y dominar a esta pandemia.

(*) Abogado

Seguir leyendo
Aviso
Aviso
Aviso
Aviso

LAS MÁS LEIDAS

Copyright © 2018 MUNDO GREMAIL. Desing by | dosveintiuno