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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Movilidad Previsional en el marco de la emergencia pública

Por Pascual Daniel Persichella, columnista de Mundo Gremial.

Mundo Gremial

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Camara de Diputados

Ha sido tan meneada la cuestión de la movilidad previsional en estos días, en que aparació el Proyecto de Ley, que se debatió, entró en vigencia y se comienza a ejecutar, que amerita un primer análisis este punto concreto.

Tal como lo determina el artículo 1º de la Ley Nº 27541, publicada en el BON de fecha 23-12-19, la movilidad previsional tratada, se da en el marco de una Ley de Emergencia Pública en diversos tópicos, con delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, conteste la previsión del artículo 76 de la Constitución Nacional.

La Ley se dicta en el contexto de lo que se denomina “Doctrina de la Emergencia”, que cuenta con muchas leyes ya en Argentina, sobre la que se ha escrito diversidad de textos y existe un sinnúmero de fallos del Tribunal Cimero. Mientras no surja  una declaración judicial de inconstitucionalidad de la Ley o de parte de ella, no merece atención la faceta doctrinaria; sin dejar de decir que todo es por lo pronto Discurso Político, caracterizado por la constante argentina: el oficialismo sostiene y la oposición se opone. Con todos los argumentos veraces y falaces que puedan entrar en nuestra imaginación.

Yendo a los datos duros, el texto y sentido de la Ley, distinguiendo los concretos y determinados efectos jurídicos de ella, de las conjeturas que, si bien las hay sinceras; cunden mayoritariamente las interesadas que, caen en la lógica perenne de oficialismo y oposición, con el agregado de actualidad de la grieta, donde a cada orilla, malas ambas; están los fanatismos de uno y otro color, que nada construyen, más que mayor grieta.

Comencemos por el artículo 76 de la Constitución Nacional que habilita el instituto de la delegación de facultades; por lo que tal materia, no es autoritarismo, antidemocracia ni dictadura, como se oyó y oye decir. Es una cuestión constitucional, sobre la que con honestidad intelectual se puede debatir si las facultades delegadas están dentro o fuera de lo permitido por la Constitución Nacional. Esta sería una discusión pertinente, no la tacha a priori de la delegación de facultades. De no, todo se hace maniqueo: cuando me las confieren a mí esta bien, cuando se las deelgan al otro está mal. La famosísima DOBLE VARA ARGENTINA. Una payasada enarbolada por payasos del discurso.

La Constitución reza, en lo que interesa: “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (primer párrafo, artículo 76, CN).

La primera conclusión según mí óptica, es que la delegación de facultades hechas por la Ley a favor del Poder Ejecutivo Nacional, conteste los artículos 1º y 2º de la misma, es totalmente constitucional. Para ello me fundo en los siguientes argumentos:

-La Constitución estipula los requisitos constitucionales que deben cumplirse para que la Delegación de Facultades no viole a la Carta Magna:

-1º Requisito: Debe delegarse en materias determinadas o en el marco de una emergencia pública. La Ley satisface tal exigencia porque su artículo 1º, además de declarar la Emergencia Pública, define con total precisión en qué materias la declara; y en el resto de la Ley trata cada uno de esos tópicos legislando los alcances de la emergencia. Las materias son: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

2º Requisito: Debe haber un plazo fijado para el ejercicio de esas facultades delegadas. El artículo 1º de la Ley, expresamente sostiene que tanto la Declaración de emergencia pública como la delegación de facultades, lo serán hasta el 31-12-2020. La ley también satisface este segundo requisito constitucional.

3º Requisito y último: Las bases de la delegación debe impartirlas el Congreso de la Nación. El artículo 2º de la Ley establece esas bases delegativas, las que pueden gustar o no. Pero no se puede desconocer que es lo que la Constitución exige y está cumplido. Son siete las bases delegativas impartidas por el Congreso. De su lectura conceptual básica, sin fanatismos ni odios, surge que son objetivos políticos, dentro de los cuales el Poder Ejecutivo podrá ejercer, reglamentar e instrumentar la delegación de facultades otorgada; principalmente a la hora de ir reglamentando la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

Es decir: se puede realizar un debate político sobre la Ley, racional o irracional. Lo que no se puede sostener seriamente es que la Ley no respeta la Constitución Nacional. Esta aseveración mía, está limitada obviamente, por alguna declaración de inconstitucionalidad de la Justicia, que pudiera ocurrir; porque el Derecho no es lo que yo u otros sostengamos; sino lo que dice un Juez. Hasta hoy no existe declaración judicial de inconstitucionalidad total o parcial.

Si bien el cometido de este papel de trabajo es analizar el instituto de la movilidad previsional en la Ley, que está inscripto en el artículo 14 bis de la Costitución Nacional, cuando reza: “…El Estado otogará los beneficios de la seguridad social,…En especial, la ley establecerá: …; jubilaciones y pensiones móviles;…” (art. 14 bis, CN, tercer párrafo); merece el tino que nos detengamos primero en las bases de delegación previstas en el artículo 2º de la Ley. Remito a su lectura, pero s.e.u.o., definen los siguientes siete objetivos políticos a saber:

a. Compatibilizar obligaciones de deuda pública con la recuperación de la economía productiva y la mejora de los indicadores sociales básico.

b. Reestructuración tarifaria con equidad distributiva y sustentabilidad productiva; eficientizando a los Entes Reguladores.

c. Reactivación productiva con incentivos focalizados y regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social, para micros, pequeñas y medianas empresas.

d. Procurar la sostenibilidad fiscal.

e. Carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, reordenando todo el sistema previsional, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los que menos gana.

f. Suministro de medicamentos esenciales para los más vulnerables, acceso a medicamentos e insumos esenciales para enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles, efectivo cumplimiento de la Ley de vacunas y garantizar acceso a prestaciones médicas esenciales a los beneficiarios del PAMI y del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

g. Recuparación de salarios de los sectores más vulnerables y promover acuerdos salariales.

El test de constitucionalidad o razonabilidad del cumplimiento, ejecución, instrumentación y reglamentación de esta Ley, según mi óptica, dependerá de que el Poder Ejecutivo Nacional no se aparte arbitrariamente o no se contraponga a tales siete objetivos. No es una cuestión facil de dilucidar, se debe ir paso a paso, sobre hechos y no palabras.

Nadie seriamente puede aseverar que la ley es mala o es buena. Es un instrumento, una basija cuya eficacia y éxito dependerán de qué medidas le pongamos adentro. La cuestión no es ni para apolegetas ni para detractores; mucho menos para fanáticos ni odiadores antiperonistas; que siempre han estado y que la política culturosa del gobierno de Macri, los explicitó y amontonó entre otros honestos convencidos que lo votaron.

Los siete objetivos postulados, ideológicos por cierto; y que estas vivan por siempre, porque cuando nos pretenden convencer que no hay ideologías o que no es cuestión de ideologías, es cuando a los del campo popular, humanista, populista, como gustan de despreciarnos; es cuando peor nos va. Esa ideología es la que le da sustento a la nominación de LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL.

En un ejercicio de consistencia: obsérvese que en cada objetivo se define una meta, pero respetando determinados valores políticos o condiciones de cumplimiento. Por ejemplo en e.: La meta politica es reordenar todo el sistema previsional argentino; pero bajo condición que al hacerlo, debe mejorase el poder adquisitivo de los beneficios previsionales de menor cuantía, mediante mecanismos redistributivos y solidarios. Estos mecanismos pueden ser intra o extra sistema previsional, según yo estimo.

Volviendo al discurso jurídico puro; si es que existiera, lo que no creo; avancemos sobre el texto de la ley, yendo al cometido de la MOVILIDAD PREVISIONAL.

Digamos como aproximación que la movilidad previsional es una garantía que propende a mantener una relación razonable, realista, posible; entre el salario del trabajador activo y su jubilación. La utopía en la materia ha sido el mentado 82% del salario. Hubo una época en que la Ley previsional lo establecía así. Nunca la Constitución prescribió este u otro porcentaje, esta refiere a jubilaciones y pensiones moviles. Lo indudable es que se trata de una relación que debería permitir que el jubilado y familia puedan mantener al final de sus días, razonablemente, el nivel de vida que alcanzó en su vida laboral activa. Este objetivo de Justicia Social se viene perdiendo, los sistemas previsionales están en crísis acá y en otros lugares del mundo. No es objeto acá, tratar de las causas de la crísis, que seguramente serán múltiples y complejas.

Se pretende saber qué pasará con la movilidad previsional en Argentina.

Ante todo debemos expresar, que hasta el 22-12-19 tal movilidad consistía en un coeficiente porcentual que surgía de considerar promediando en un 70% el índice inflacionario y en un 30% la variación salarial formal, ello aplicable trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. También decir que los haberes previsionales percibidos en diciembre 2019, recibieron el incremento de diciembre, además del bono a los beneficios de menor cuantía. Y que esta movilidad es el sistema general, pero que existen regímenes especiales y los llamados de privilegio. Un ejemplo de regímen especial es el de los docentes, que hacen un aporte del trabajador adicional en 2% mensual.

La Ley de Solidaridad Social… establece, con vigencia a partir del día 23-12-19, que se suspende dicha movilidad previsional general por 180 días, con el fin de atender prioritariamente y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingreso. En tal línea se dispuso el bono de $ 5.000 para diciembre 19 y enero 20. A la vez, dentro de dicho plazo el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente los incrementos previsionales, atendiendo en primer lugar a los beneficiarios de más bajos ingresos. También en tal plazo, una Comisión integrada por los Ministerios de Economía y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto con las Comisiones de la materia del Congreso de la Nación, deben formular un proyecto de Ley que establezca un régimen de movilidad previsional general que reemplace el vigente hasta el 22-12-19, con el fin de que garantice una adecuada participación de los beneficios previsionales en la riqueza de la nación, con criterios de solidaridad y redistribución. Como refiere a participación en la riqueza de la Nación, colijo que la redistribución no será sólo intra sistema previsional, sino que avanzará por fuera del mismo, lo que es Justicia Social, según mi concepción.

Finalmente y también; se convocará a actuar otra Comisión, con los mismos integrantes referidos arriba pero con distinto cometido, a cumplir en igual plazo: Revisar la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponer modificaciones legales sobre los sistemas de movilidad o actualización previsional de los regímenes especiales que identifica, como de todo otro especial, contributivo o no contributivo, a saber:  Docentes de todos los niveles; Docentes Universitarios; Suplemento de Movilidad Previsional para todo el sistema; Pensión graciable para ex presos políticos; Reparación económica para niños, niñas, adolecentes y discapacitados en casos de homicidio de un progenitor a manos del otro condenado o fallecido; Reparación histórica para jubilados y pensionados; Pensiones a ex combatientes de Malvinas; Investigadores Científicos y Tecnológicos; Régimen de ex Presidentes, ex Vice Presidentes, Corte Suprema de Justicia de la Nación y diversos funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación y organismos especiales; Movilidad del Servicio Exterior de la Nación; Personal Militar; Servicio Penitenciario de la Nación; Servicio Penitenciario Federal y Guardaparques Nacionales.

Hasta acá la Ley en su texto y sentido elementales, sin cargas políticas de apologetas ni detractores, sin grotescos discursos politiqueros.

Y de aquellos -hasta acá- se puede colegir:

Que no es una Ley inconstitucional, antidemocrática ni autoritaria.

Que es falso que se han delegado facultades legislativa por fuera de la Constitución Nacional.

Que es falso que se han congelado las jubilaciones, porque el Poder Ejecutivo Nacional debe fijar trimestralmente los aumentos (art. 55 de la Ley).

Que es falso que se reducirán las Jubilaciones y Pensiones. No lo dice ni expresa ni implícitamente la norma.

Que seguramente los beneficios previsionales más bajos tendrán mejores incrementos, por el método de aumentos por sumas fijas. A eso propenden los objetivos políticos de la Ley y su valor fundamental: SOLIDARIDAD SOCIAL EN LA EMERGENCIA.

Que no es verdad que se pretenden mantener regímenes especiales y de privilegios, dado que se debe generar un proyecto de Ley con modificaciones a los mismos., dentro de los 180 días de la Ley (art. 56 de la Ley).

En conclusión; como decía el Periodista Majul cuando lo era: no crean todo lo que ven, escuchan o leen.

Habrá que aprender que la libertad de expresión que se ejerce por medios y/o periodistas, políticos, especialistas y demás; con el agravante de las Redes Sociales, no es siempre vehículo de la verdad.

La libertad de expresión debe defenderse a rajatablas, la mentira no.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

En época de vacas flacas… que las máquinas paguen impuestos

La idea, aunque fuera de agenda mediática, es compartida por dirigentes sindicales del sector industrial. En ciertos países, frente al colapso del sistema de la seguridad social, se está debatiendo el tema.

Pablo Maradei

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Se mezcla todo en nuestro país: desempleo, sistema previsional colapsado (también en otras partes del planeta), necesidad de exportar para generar dólares genuinos, recesión con necesidad de ampliar la recaudación impositiva, y tantos otros etcéteras de una economía arruinada en continuado desde hace décadas. Los votos de los argentinos para con esas nupcias se renuevan cada diez años (?) o lo suficiente como para que cada compatriota tenga tres o cuatro dosis de debacle económica a lo largo de su vida.

En muchas industrias y desde hace décadas las máquinas reemplazaron al hombre: no es nuevo hablar de esto. Pero el proceso es imparable y no hay horizonte claro de cómo atajar o contener los avances despiadados sobre un paradigma laboral que está jaqueado continuamente. Lo último, por ejemplo, es que a través del desarrollo de inteligencia artificial se elaboró un programa que sugiere qué actores debe elegir un director según el guion.

A esta novedad se le suma otra en nuestras pampas: que las máquinas que reemplacen puestos de trabajo realizados por seres humanos paguen impuestos. Se lo comentó un secretario general del sector industrial a Mundo Gremial: “No veo mal que si una máquina reemplaza a un hombre, esa empresa deja de pagar salario e impuestos; por lo que la carga impositiva podría mantenerse, no sé si en los mismos niveles monetarios pero sí para que el sistema previsional no siga en caída libre”.

Completa la foto Rodolfo Daer, del sector alimenticio industrial, quien comparte la visión de su colega: “Ese tributo debe alcanzar no solo a robustecer el sector previsional sino también a las obras sociales”. Y agrega un eje a discutir: “La alta tasa de productividad que traen aparejadas las nuevas tecnologías abre el debate sobre un nuevo contrato laboral en el que debemos discutir reducción de días laborales y jornadas”. Brinda ejemplo: “En 1994 Terrabusi tenía dos plantas y empleaba a 7.500 trabajadores; hoy tiene una sola y trabajan 1800 personas pero elabora 11 toneladas más de galletitas que en aquel entonces”. Completa: “Esa fenomenal productividad permite que la planta trabaje todos los días y en distintos turnos lo que se puede completar con jornadas más cortas de trabajo empleando a más gente”.

Memoriosos: el tema de la reducción laboral lo planteó Nicolás Del Caño en los debates presidenciales del año pasado.

Este tema no está en la agenda pública argentina; pero sí en el mundo. Y no hablamos de sindicalistas que se ponen al frente del reclamo sino de los multimillonarios como Bill Gates y Elon Musk que fueron quienes se animaron a tirar la primera piedra hace dos años en Estados Unidos.

Duda: ¿El efecto impositivo sobre las máquinas desalentaría que las fábricas se modernizaran incorporando máquinas a sus procesos productivos? ¿Ralentizaría la caída del empleo? Todo depende del resultado que aporte la conjugación que se fuera a dar entre los distintos actores económicos (empresas y sindicatos), poder político y legislativo para encarar una legislación sana, sensata y consensuada. También está el factor psicológico: qué hacer frente a los desempleados que terminan con cuadros de depresión agudos o deterioro en su salud y que seguramente recurran a sistemas de salud públicos.

En cualquier caso, y ante la parálisis veraniega, desde el sector empresario prefirieron solamente aportar con que es un “tema polémico” y que no hay una posición tomada al respecto. Se entiende: en épocas de vigencia de un Consejo Económico y Social preferible no poner temas a debate tan profundos como este.

¿Por qué la discusión se plantea ahora? Se conjugan muchos factores: un crecimiento exponencial de la población a nivel mundial que necesitará trabajar y a su vez en muchos países europeos se da un envejecimiento poblacional que hace colapsar los sistemas de seguridad social. Curioso: el argentino está reventado sin tener envejecimiento poblacional. A la par: en esta 4° revolución industrial la Inteligencia Artificial y los robots suponen un tsunami a los puestos laborales existentes. ¿Esa suposición se cristalizará en realidad? ¿O será otro pliegue en la evolución?

Algunos datos que recopiló la OIT que sirve de pantallazo para hacernos una idea del futuro del trabajo: investigaciones de la Universidad de Oxford anticipan que un 47% de los empleos en Estados Unidos se encuentran en un alto riesgo de automatizarse para mediados de 2030. Para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se prevé que 57% de los empleos son susceptibles de ser automatizados. En América Latina y el Caribe alrededor de 50,6% de las actividades tienen el potencial de ser automatizadas, con lo que se verían afectados más de 100 millones de empleados.

Si aún no sabemos si la contracara a la creación de empleo es la robótica, estudios del Banco Mundial estiman que más de 200.000 robots industriales son empleados cada año y que la cifra continuará en alza. ¿Será hora de poner cartas en el asunto?

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Aumento a estatales: ¿Cuántos trabajadores quedan afuera de la medida?

Mientras los empleados de la órbita nacional recibirán el incremento, miles de trabajadores provinciales y municipales no gozarán del beneficio.

Jonatan Beltrando

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Si bien aún no es oficial, ya se conoce que los trabajadores estatales nacionales recibirán un aumento en línea con el sector privado de $4.000, que se abonará en dos cuotas. No obstante, la mayoría de las provincias no harán efectivo el incremento por lo que cientos de trabajadores quedarán al margen de la medida. ¿Cuántos trabajadores no recibirán el aumento? ¿Cuál es la situación de cada provincia? ¿Qué pasa con los municipios?

Es indudable el esfuerzo que viene realizando el gobierno de Alberto Fernández para comenzar a dinamizar la economía y fomentar el consumo, a partir del incremento salarial paulatino en el bolsillo del trabajador. No obstante, la mayor parte de los trabajadores de todas las órbitas del Estado no alcanzará el beneficio.

Al margen de que la medida, que se hará oficial en las próximas horas, fue bien recibida por los gremios estatales, se sabe que cientos de miles de trabajadores de la órbita del Estado provincial y municipal no recibirán el incremento.

Específicamente, son 198.836 los empleados del sector público nacional que recibirán el aumento (presuntamente de $4.000 a abonarse en febrero y marzo) sumado a militares y agentes de las fuerzas de seguridad, como Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, entre otros, que forman parte del sector público nacional que cuenta con 744.825 empleados.  La suma sólo representa poco más del 24% de los empleados estatales de todo el sector público del país.

Es decir, que la medida no beneficiará a los casi 3 millones de trabajadores provinciales ni a los cerca de 600 mil empleados municipales, más del 75% de los empleados a nivel nacional.

Cada provincia presenta sus particularidades, pero la mayoría ya confirmó que no podrá hacer frente al desembolso que propone el gobierno nacional ya que el gasto en salarios representa alrededor del 50% de las arcas.

En la provincia de Buenos Aires, con la reciente aprobación en la Legislatura de la Ley Impositiva 2020, el gobierno de Axel Kicillof confirmó que abonará el aumento a los estatales bonaerense, aunque aún no hay precisiones sobre la metodología con la que se aplicará la suba. Así y todo, la cifra de los trabajadores beneficiados ascendería al 40%; aún quedarían 2.381.497 trabajadores por fuera del incremento.

Córdoba, por su parte, cerró su paritaria hasta febrero próximo: acordó un aumento del 4% a fines de 2019 que se cobró en enero.

Santa Fe tampoco podrá replicar la medida nacional ya que se encuentra en una situación de pagos escalonados (entre el 3 y el 15 de este mes) y explicaron que no están en condiciones de negociar incrementos de salario.

El gobierno sanjuanino también se mostró por la negativa justificando la decisión de que cuentan con “cláusula gatillo” que se actualiza todos los meses de acuerdo a la inflación.

Desde el gobierno de Mendoza, en tanto, aclararon que no abonarán esa suma y congelarán los salarios del Ejecutivo por seis meses.

En Río Negro volverán a negociar a mediados de enero y hasta el momento no se conocerá si abonarán un adicional. De todas formas tienen previsto un aumento del 4%.

En la provincia de Chubut, un terreno que ha presentado todas las dificultades económicas durante 2019 aún adeuda el aguinaldo de diciembre y se encuentra muy lejos del incremento salarial. De hecho continúan abonando salarios de manera escalonada.

En Entre Ríos apenas dejaron traslucir la posibilidad de hacerse eco de la medida nacional, aunque aún aguardarán la confirmación del aumento para evaluar qué hacer.

Tucumán es otro de los que parecen encontrarse lejos del acatamiento, ya que eliminó por decreto la “cláusula gatillo” rubricada el año pasado y anunció un recorte general.

En contrapartida, las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Tierra del Fuego, Misiones y Corrientes, se adelantaron a la posible determinación nacional y anunciaron aumentos y bonos especiales en los últimos días.

Según datos oficiales, el Estado argentino cuenta con 3.906.682 empleados, contemplando los trabajadores del sector público nacional, la administración nacional, las provincias y los municipios. A priori, el aumento que se espera se haga oficial prontamente, incluiría a los empleados de la administración pública nacional (198.836) y a la gran mayoría del sector público nacional (744.825).

En suma, cientos de miles de trabajadores no podrán paliar los efectos de la crisis y la marcada disminución del poder adquisitivo de los salarios y quedarán a la buena de cada una de las provincias para revertir su situación en el corto y mediano plazo.

¿Cuánto representa el aumento para un trabajador municipal y la provincia?

A modo de ejemplo, imaginamos cómo repercutiría el aumento en el salario del trabajador y cuánto debería ser el desembolso que afrontaría una provincia.

Un trabajador de la Municipalidad de San Luis recibe $30.000 neto de salario, con lo cual el incremento propuesto sería del 13,3%. Los trabajadores municipales de Villa Mercedes, en tanto, perciben $32.000 en sus haberes, con lo cual el incremento significaría una suba del 12,5%.

Para la provincia, teniendo en cuenta los 40.000 trabajadores (municipales y provinciales) que se desempeñan (aproximadamente), y que la provincia destina en salarios unos 13.700 millones de pesos , el incremento significaría un desembolso de al menos 160 millones más.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

“Si Sola está muy seguro que gana porque no hace las cosas como son y llama a elecciones”

¿Sí o no? Aunque se proclama secretario general, Jorge Sola fue a la Corte Suprema a pedir la revocatoria de lo dispuesto por la Cámara Nacional del Trabajo. Para Enrique Rodríguez, abogado de la parte demandante entrevistado por Mundo Gremial: “haber hecho esto es una autocontradicción importante”.

Pablo Maradei

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Enrique Rodríguez. Foto: Patricia González Photography ©

Paradójico: en el gremio del Seguro no hay nada seguro respecto a la legitimidad de la actual conducción en cabeza de Jorge Sola. Corren cédulas judiciales y administrativas entre el oficialismo y la oposición representada por el segundo del gremio, Miguel Méndez, en las que el primer sector intenta validar unas polémicas elecciones convocadas anticipadamente mientras que el segundo grupo busca anularlas y convocar a un proceso electoral como estaba fijado para este 2020 para que las autoridades se renueven el 22 de mayo.

Ese adelantamiento electoral fue la vía de escape a la escandalosa investigación judicial que se le sigue a Raúl Martínez, el actual secretario general del gremio. Decimos actual porque al contrario de lo que se comunica desde la oficialidad, en la web oficial del sindicato aún corren las autoridades de siempre, es decir el binomio Martínez y Méndez.

Jorge Sola

Ahora una contradicción deja el asunto al descubierto la soga por la que camina el oficialismo. Veamos: por vía administrativa, pese al fallo judicial de la Sala V de la Cámara Nacional del Trabajo, Dante Sica en sus últimos minutos como ministro validó las elecciones y así lo comunicó el oficialismo a los medios pero sin embargo Sola presentó este martes un recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación para intentar dejar sin efecto la resolución de la Cámara. ¿En qué quedamos? Si comunica que es el secretario general, ¿por qué va al máximo tribunal del país a buscar dejar sin efecto el fallo de Cámara?

En una entrevista con Mundo Gremial lo explica el abogado por la parte demandante, Enrique Rodríguez.

¿Cómo explica todos estos idas y vueltas que ocurrieron en estos últimos días?
El viernes 6 de diciembre Sica firmó su renuncia para que se haga efectiva a partir del 10. El mismo 6 Sola plantea un pedido de convalidación de la elección (realizada el 3 de julio de 2019 junto a la validación del Congreso Extraordinario, de marzo de 2018, que aprobó el proceso electoral). El día 9, sin darme traslado como parte del represente del secretario adjunto Méndez y que había logrado la resolución del secretario de Trabajo Lucas Aparicio, el ex ministro Sica, resuelve declarar válida la elección. Es una cosa nunca vista, que en menos de 24 horas se resuelva una cosa sin dar traslado a la otra parte. Esto plantea algo que es clave y esto es que esta resolución es nula de nulidad absoluta. Da mucho que pensar cómo Sica firma esa resolución cuando ya había presentado su renuncia y sobre un tema que viene con expedientes de años que vienen sin resolverse respecto a un tema tan importante.

Enrique Rodríguez. Foto: Patricia González Photography ©

¿El actual ministro Claudio Moroni puede decretar la nulidad de lo firmado por Sica?
Puede… ya que lo primero que se plantea es que los actos inmediatamente anteriores quedan bajo sospecha y más teniendo en cuenta que no nos dan traslado a nosotros. Respetamos la decisión que vayan a tomar las actuales autoridades pero nuestro pedido es que se decrete la nulidad. Y si no lo decretara la resolución de la Cámara -de no dar por válido el Congreso extraordinario y las elecciones- está firme. En consecuencia: no van a poder continuar con este proceso fraudulento.

Ahora, sin embargo y pese a esa resolución administrativa Sola va a la Corte…
Eso es parte de la importante autocontradicción en la que están. Y te digo algo más: recién este miércoles la validaron esa resolución y todavía ni está publicada en el Boletín Oficial lo cual es un mamarracho. Yo me pregunto cómo es que Sola difunde una resolución que no estaba inscripta en el registro del ministerio. ¿Quién se la dio? Porque la resolución que publicaron no tiene fecha ni número y ni tiene la firma digital de Sica que recién este miércoles la pudieron obtener. Esto es una vergüenza total. En su momento, la Justicia dijo que no había agotado la vía administrativa en el ministerio de Trabajo por lo que piden una revocatoria aludiendo que estaba mal presentado el recurso (para no validar las elecciones) porque aluden que yo no era parte sin darse cuenta que con anterioridad había sido decretado por el secretario adjunto Méndez. Esta revocatoria in extremis es rechazada (el 9 de diciembre por la Sala V de la Cámara Nacional).

Enrique Rodríguez. Foto: Patricia González Photography ©

¿Cómo se llegó tan lejos?
Es que todo ha devenido en una pelea de estrategias de judiciales y sindicales en las que se adelantaron las elecciones dos años pero que evidentemente todo se resolvería si se convocara a elecciones nuevamente. Si Sola está muy seguro de que gana porque no hace las cosas como son y llama a elecciones.

Una jugada artera con complicidad
Cuenta Rodríguez: “Este miércoles se supo que la Comisión Arbitral de la CGT resolvió que los trabajadores del Instituto Nacional del Seguro de Salta se encuadren en UPCN cuando desde hace 50 años están en el convenio de Seguro. Esto es porque todo el norte le responde a Méndez y de repente, oh casualidad, sale esta resolución”. Cierra: “Esto es un absurdo absoluto; igualmente por Estatuto de la CGT la resolución debe ser definitiva una vez apelada y resuelta por el Comité Arbitral o un Congreso).

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