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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Movilidad Previsional en el marco de la emergencia pública

Por Pascual Daniel Persichella, columnista de Mundo Gremial.

Mundo Gremial

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Camara de Diputados

Ha sido tan meneada la cuestión de la movilidad previsional en estos días, en que aparació el Proyecto de Ley, que se debatió, entró en vigencia y se comienza a ejecutar, que amerita un primer análisis este punto concreto.

Tal como lo determina el artículo 1º de la Ley Nº 27541, publicada en el BON de fecha 23-12-19, la movilidad previsional tratada, se da en el marco de una Ley de Emergencia Pública en diversos tópicos, con delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, conteste la previsión del artículo 76 de la Constitución Nacional.

La Ley se dicta en el contexto de lo que se denomina “Doctrina de la Emergencia”, que cuenta con muchas leyes ya en Argentina, sobre la que se ha escrito diversidad de textos y existe un sinnúmero de fallos del Tribunal Cimero. Mientras no surja  una declaración judicial de inconstitucionalidad de la Ley o de parte de ella, no merece atención la faceta doctrinaria; sin dejar de decir que todo es por lo pronto Discurso Político, caracterizado por la constante argentina: el oficialismo sostiene y la oposición se opone. Con todos los argumentos veraces y falaces que puedan entrar en nuestra imaginación.

Yendo a los datos duros, el texto y sentido de la Ley, distinguiendo los concretos y determinados efectos jurídicos de ella, de las conjeturas que, si bien las hay sinceras; cunden mayoritariamente las interesadas que, caen en la lógica perenne de oficialismo y oposición, con el agregado de actualidad de la grieta, donde a cada orilla, malas ambas; están los fanatismos de uno y otro color, que nada construyen, más que mayor grieta.

Comencemos por el artículo 76 de la Constitución Nacional que habilita el instituto de la delegación de facultades; por lo que tal materia, no es autoritarismo, antidemocracia ni dictadura, como se oyó y oye decir. Es una cuestión constitucional, sobre la que con honestidad intelectual se puede debatir si las facultades delegadas están dentro o fuera de lo permitido por la Constitución Nacional. Esta sería una discusión pertinente, no la tacha a priori de la delegación de facultades. De no, todo se hace maniqueo: cuando me las confieren a mí esta bien, cuando se las deelgan al otro está mal. La famosísima DOBLE VARA ARGENTINA. Una payasada enarbolada por payasos del discurso.

La Constitución reza, en lo que interesa: “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (primer párrafo, artículo 76, CN).

La primera conclusión según mí óptica, es que la delegación de facultades hechas por la Ley a favor del Poder Ejecutivo Nacional, conteste los artículos 1º y 2º de la misma, es totalmente constitucional. Para ello me fundo en los siguientes argumentos:

-La Constitución estipula los requisitos constitucionales que deben cumplirse para que la Delegación de Facultades no viole a la Carta Magna:

-1º Requisito: Debe delegarse en materias determinadas o en el marco de una emergencia pública. La Ley satisface tal exigencia porque su artículo 1º, además de declarar la Emergencia Pública, define con total precisión en qué materias la declara; y en el resto de la Ley trata cada uno de esos tópicos legislando los alcances de la emergencia. Las materias son: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

2º Requisito: Debe haber un plazo fijado para el ejercicio de esas facultades delegadas. El artículo 1º de la Ley, expresamente sostiene que tanto la Declaración de emergencia pública como la delegación de facultades, lo serán hasta el 31-12-2020. La ley también satisface este segundo requisito constitucional.

3º Requisito y último: Las bases de la delegación debe impartirlas el Congreso de la Nación. El artículo 2º de la Ley establece esas bases delegativas, las que pueden gustar o no. Pero no se puede desconocer que es lo que la Constitución exige y está cumplido. Son siete las bases delegativas impartidas por el Congreso. De su lectura conceptual básica, sin fanatismos ni odios, surge que son objetivos políticos, dentro de los cuales el Poder Ejecutivo podrá ejercer, reglamentar e instrumentar la delegación de facultades otorgada; principalmente a la hora de ir reglamentando la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

Es decir: se puede realizar un debate político sobre la Ley, racional o irracional. Lo que no se puede sostener seriamente es que la Ley no respeta la Constitución Nacional. Esta aseveración mía, está limitada obviamente, por alguna declaración de inconstitucionalidad de la Justicia, que pudiera ocurrir; porque el Derecho no es lo que yo u otros sostengamos; sino lo que dice un Juez. Hasta hoy no existe declaración judicial de inconstitucionalidad total o parcial.

Si bien el cometido de este papel de trabajo es analizar el instituto de la movilidad previsional en la Ley, que está inscripto en el artículo 14 bis de la Costitución Nacional, cuando reza: “…El Estado otogará los beneficios de la seguridad social,…En especial, la ley establecerá: …; jubilaciones y pensiones móviles;…” (art. 14 bis, CN, tercer párrafo); merece el tino que nos detengamos primero en las bases de delegación previstas en el artículo 2º de la Ley. Remito a su lectura, pero s.e.u.o., definen los siguientes siete objetivos políticos a saber:

a. Compatibilizar obligaciones de deuda pública con la recuperación de la economía productiva y la mejora de los indicadores sociales básico.

b. Reestructuración tarifaria con equidad distributiva y sustentabilidad productiva; eficientizando a los Entes Reguladores.

c. Reactivación productiva con incentivos focalizados y regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social, para micros, pequeñas y medianas empresas.

d. Procurar la sostenibilidad fiscal.

e. Carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, reordenando todo el sistema previsional, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los que menos gana.

f. Suministro de medicamentos esenciales para los más vulnerables, acceso a medicamentos e insumos esenciales para enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles, efectivo cumplimiento de la Ley de vacunas y garantizar acceso a prestaciones médicas esenciales a los beneficiarios del PAMI y del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

g. Recuparación de salarios de los sectores más vulnerables y promover acuerdos salariales.

El test de constitucionalidad o razonabilidad del cumplimiento, ejecución, instrumentación y reglamentación de esta Ley, según mi óptica, dependerá de que el Poder Ejecutivo Nacional no se aparte arbitrariamente o no se contraponga a tales siete objetivos. No es una cuestión facil de dilucidar, se debe ir paso a paso, sobre hechos y no palabras.

Nadie seriamente puede aseverar que la ley es mala o es buena. Es un instrumento, una basija cuya eficacia y éxito dependerán de qué medidas le pongamos adentro. La cuestión no es ni para apolegetas ni para detractores; mucho menos para fanáticos ni odiadores antiperonistas; que siempre han estado y que la política culturosa del gobierno de Macri, los explicitó y amontonó entre otros honestos convencidos que lo votaron.

Los siete objetivos postulados, ideológicos por cierto; y que estas vivan por siempre, porque cuando nos pretenden convencer que no hay ideologías o que no es cuestión de ideologías, es cuando a los del campo popular, humanista, populista, como gustan de despreciarnos; es cuando peor nos va. Esa ideología es la que le da sustento a la nominación de LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL.

En un ejercicio de consistencia: obsérvese que en cada objetivo se define una meta, pero respetando determinados valores políticos o condiciones de cumplimiento. Por ejemplo en e.: La meta politica es reordenar todo el sistema previsional argentino; pero bajo condición que al hacerlo, debe mejorase el poder adquisitivo de los beneficios previsionales de menor cuantía, mediante mecanismos redistributivos y solidarios. Estos mecanismos pueden ser intra o extra sistema previsional, según yo estimo.

Volviendo al discurso jurídico puro; si es que existiera, lo que no creo; avancemos sobre el texto de la ley, yendo al cometido de la MOVILIDAD PREVISIONAL.

Digamos como aproximación que la movilidad previsional es una garantía que propende a mantener una relación razonable, realista, posible; entre el salario del trabajador activo y su jubilación. La utopía en la materia ha sido el mentado 82% del salario. Hubo una época en que la Ley previsional lo establecía así. Nunca la Constitución prescribió este u otro porcentaje, esta refiere a jubilaciones y pensiones moviles. Lo indudable es que se trata de una relación que debería permitir que el jubilado y familia puedan mantener al final de sus días, razonablemente, el nivel de vida que alcanzó en su vida laboral activa. Este objetivo de Justicia Social se viene perdiendo, los sistemas previsionales están en crísis acá y en otros lugares del mundo. No es objeto acá, tratar de las causas de la crísis, que seguramente serán múltiples y complejas.

Se pretende saber qué pasará con la movilidad previsional en Argentina.

Ante todo debemos expresar, que hasta el 22-12-19 tal movilidad consistía en un coeficiente porcentual que surgía de considerar promediando en un 70% el índice inflacionario y en un 30% la variación salarial formal, ello aplicable trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. También decir que los haberes previsionales percibidos en diciembre 2019, recibieron el incremento de diciembre, además del bono a los beneficios de menor cuantía. Y que esta movilidad es el sistema general, pero que existen regímenes especiales y los llamados de privilegio. Un ejemplo de regímen especial es el de los docentes, que hacen un aporte del trabajador adicional en 2% mensual.

La Ley de Solidaridad Social… establece, con vigencia a partir del día 23-12-19, que se suspende dicha movilidad previsional general por 180 días, con el fin de atender prioritariamente y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingreso. En tal línea se dispuso el bono de $ 5.000 para diciembre 19 y enero 20. A la vez, dentro de dicho plazo el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente los incrementos previsionales, atendiendo en primer lugar a los beneficiarios de más bajos ingresos. También en tal plazo, una Comisión integrada por los Ministerios de Economía y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto con las Comisiones de la materia del Congreso de la Nación, deben formular un proyecto de Ley que establezca un régimen de movilidad previsional general que reemplace el vigente hasta el 22-12-19, con el fin de que garantice una adecuada participación de los beneficios previsionales en la riqueza de la nación, con criterios de solidaridad y redistribución. Como refiere a participación en la riqueza de la Nación, colijo que la redistribución no será sólo intra sistema previsional, sino que avanzará por fuera del mismo, lo que es Justicia Social, según mi concepción.

Finalmente y también; se convocará a actuar otra Comisión, con los mismos integrantes referidos arriba pero con distinto cometido, a cumplir en igual plazo: Revisar la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponer modificaciones legales sobre los sistemas de movilidad o actualización previsional de los regímenes especiales que identifica, como de todo otro especial, contributivo o no contributivo, a saber:  Docentes de todos los niveles; Docentes Universitarios; Suplemento de Movilidad Previsional para todo el sistema; Pensión graciable para ex presos políticos; Reparación económica para niños, niñas, adolecentes y discapacitados en casos de homicidio de un progenitor a manos del otro condenado o fallecido; Reparación histórica para jubilados y pensionados; Pensiones a ex combatientes de Malvinas; Investigadores Científicos y Tecnológicos; Régimen de ex Presidentes, ex Vice Presidentes, Corte Suprema de Justicia de la Nación y diversos funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación y organismos especiales; Movilidad del Servicio Exterior de la Nación; Personal Militar; Servicio Penitenciario de la Nación; Servicio Penitenciario Federal y Guardaparques Nacionales.

Hasta acá la Ley en su texto y sentido elementales, sin cargas políticas de apologetas ni detractores, sin grotescos discursos politiqueros.

Y de aquellos -hasta acá- se puede colegir:

Que no es una Ley inconstitucional, antidemocrática ni autoritaria.

Que es falso que se han delegado facultades legislativa por fuera de la Constitución Nacional.

Que es falso que se han congelado las jubilaciones, porque el Poder Ejecutivo Nacional debe fijar trimestralmente los aumentos (art. 55 de la Ley).

Que es falso que se reducirán las Jubilaciones y Pensiones. No lo dice ni expresa ni implícitamente la norma.

Que seguramente los beneficios previsionales más bajos tendrán mejores incrementos, por el método de aumentos por sumas fijas. A eso propenden los objetivos políticos de la Ley y su valor fundamental: SOLIDARIDAD SOCIAL EN LA EMERGENCIA.

Que no es verdad que se pretenden mantener regímenes especiales y de privilegios, dado que se debe generar un proyecto de Ley con modificaciones a los mismos., dentro de los 180 días de la Ley (art. 56 de la Ley).

En conclusión; como decía el Periodista Majul cuando lo era: no crean todo lo que ven, escuchan o leen.

Habrá que aprender que la libertad de expresión que se ejerce por medios y/o periodistas, políticos, especialistas y demás; con el agravante de las Redes Sociales, no es siempre vehículo de la verdad.

La libertad de expresión debe defenderse a rajatablas, la mentira no.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Rechazo gremial al protocolo educativo: de la mera formalidad a la inaplicabilidad

La tensión en el sector educativo quedará expuesta a fin de mes cuando sea convocada la mesa paritaria nacional, que tiene final incierto y reclamos salariales fuertes.

Pablo Maradei

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Hasta que no haya vacuna habrá compatibilidad entre la virtualidad y la presencialidad en el sistema educativo argentino. Varios factores indican que el teletrabajo docente llegó para quedarse: aunque no hay estadísticas y el mapa educativo naufraga si de información oficial hablamos no se sabe cuántos docentes enmarcados en grupos de riesgo no podrán dar más clases hasta encontrarse la vacuna. Lo mismo pasa con los miles de alumnos que son grupo de riesgo por tener enfermedades preexistentes o porque a muchos otros la pobreza los sumió en cuerpos débiles que no podrían sobrevivir al virus.

Tampoco se sabe el nivel de deserción escolar por falta de una computadora, celular o internet para poder recibir la educación a distancia. Solo en Provincia de Buenos Aires (PBA) son miles. “La deserción en algún punto se recupera”, bosquejan desde un gremio. Y explican: “Como no hay trabajo no es que los chicos dejarán de ir a clase cuando vuelvan la presencialidad”. Esto decanta en otro problema: la dualidad “virtualidad presencialidad” implica, por el distanciamiento que impone entre alumnos a la hora de las clases, desdoblar una misma cursada en varios bloques de horarios.

Incógnita: si no hay lugar para todos en la presencialidad, ¿la manera de selección podría ser que aquellos que tengan enfermedades preexistentes sigan recibiendo educación a distancia junto a los que tengan infraestructura para recibirla? ¿Sería discriminatorio? En Ciudad Universitaria es habitual ver un curso de CBC con más de 400 alumnos en un aula. Este cuadro se replica en muchas facultades de la UBA donde no hay infraestructura edilicia que permita un desdoblamiento para mantener el distanciamiento social que propone el protocolo que el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, presentó esta semana. “El protocolo universitario es inaplicable”, sintetizan desde un gremio universitario.

Otro caso: “En Provincia la virtualidad funciona a los sopapos”, describe Miguel Díaz, secretario general de Udocba. Agrega: “No hay medición seria de cómo estamos parados”.

El protocolo, conocido este jueves, tuvo el aval de todos los ministros provinciales del área que tiene “el objetivo de brindar protocolos y recomendaciones de los ámbitos de la salud, higiene y seguridad e infraestructura escolar”. Sin embargo, desde el lado sindical, en un recorrido de llamados que hizo Mundo Gremial, recibió rechazos por inaplicable. La prensa tradicional lo vio como un avance positivo; acaso por los intereses por reabrir más que por la realidad de su aplicabilidad.

PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS by Mundo Gremial on Scribd

Entre sus párrafos se destaca este que deja al desnudo cómo es la realidad: “La Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias ha sistematizado los principales protocolos y decisiones institucionales de alcance nacional o regional implementadas por 12 países del Norte con alto grado de desarrollo económico, social y educativo. La principal conclusión de tal estudio preliminar es que resulta mucho más difícil reabrir escuelas que cerrarlas”.

Los países a los que se refieren son: Alemania, Francia, España, Italia, Finlandia, Noruega, Portugal, Israel, Bélgica, Inglaterra, Japón y Corea del Sur. En algún punto se podría decir gracias por hacernos sentir parte del primer mundo, pero cualquiera de esos países está muy lejos de nuestra realidad socio económica y la de la región.

En otra parte del documento, siempre implementando “jornadas escolares con turnos horarios cortos para la atención de distintos grupos en la presencialidad, con espacios temporales intermedios para permitir la higiene y desinfección de las instalaciones, entre el egreso e ingreso de los distintos agrupamientos”, propone:

• Priorizar la sala de 5 años y el primer año de primaria, poniendo el énfasis en la socialización, en la alfabetización básica y la continuidad pedagógica al segundo ciclo de primaria.

• Priorizar el último año del ciclo superior de la educación primaria y el año de ingreso al nivel secundario por la necesidad de dar continuidad a la trayectoria educativa en el cambio de modelo institucional de primaria a secundaria (dificultad de pasaje del interniveles con el primario).

“El protocolo permite ir ordenando el escenario que da la pandemia, pero es insuficiente porque es una letra fría que no condice con la realidad que es bien distinta porque las escuelas no están en condiciones de volver a la presencialidad”, define Sergio Romero, de UDA. Amplia: “La presencia de esta pandemia carece y padece por los distintos gobiernos que no han cumplido con las inversiones que prevé la ley de financiamiento educativo y en esta pandemia quedó a las claras la falta de presencia de los estados nacional y provinciales”. Cierra: “Hemos hecho un relevamiento y podemos decir que ninguna escuela está en condiciones de volver a la presencialidad en lo inmediato más allá del entusiasmo del ministro Trotta que no va con la realidad”.

Completa Díaz de Udocba: “Estamos ante una reforma educativa per sé por la pandemia y con este protocolo se arranca mal; sin ningún compromiso de parte de la Nación. Lo dijo Trotta: no pensemos en el cuándo, sino en el cómo. Bueno pensemos el cómo que es lo que falta”. Explica: “Por ejemplo: no hay recursos humanos por la cantidad de personal de riesgo que hay, tampoco infraestructura y agua potable en las escuelas; tendrían que dar un kit con barbijos y herramientas de higiene personal; además de lavandina y otros artículos de limpieza para las escuelas. Todo esto es un costo muy grande. Y todavía falta que tanto Nación como las Provincias provean notebooks a los docentes y alumnos”, detalla. Y agrega: “¿Vos te imaginás a un trabajador de SMATA que le digan ´traete tu torno para trabajar´? Me pregunto: ¿Por qué los docentes sí tenemos que poner nuestra máquina?”. Esta semana el ministro Trota anunció créditos para docentes que quieran comprar su computadora: “No sé a quién quiere beneficiar con esto, son créditos al 36%”, contraataca Díaz.

Finalmente puntea: “Nuestras aulas promedio son de 30 metros cuadradas y en el protocolo ponen como ejemplo la distribución de 8 chicos por aulas de 49 metros cuadrados, lo que demuestra que están fuera de la realidad; con el agravante de que de los ocho, seis le tienen que dar la espalda al docente”.

En OFF las declaraciones se tornan más directa: van de que “se hizo el protocolo para sacarse el tema de encima” a que “Trotta está preparando su salida para candidatearse para diputado nacional”.

Y otra en OFF: la ministra de Educación de la PBA, Agustina Vila, anduvo de recorrida por los sindicatos para tomar la temperatura sindical. Recibió reveses, incluso de Roberto Baradel, quien se mantiene en un silencio prudencial.

Y una última: a fin de mes se abre la discusión bajo la órbita de paritaria nacional. Los docentes pedirán ajustes salariales y plus por educación online.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El desafío de pensar el Trabajo del Futuro en el escenario de la Post Pandemia: “Barajar y dar de nuevo”

Por Rodrigo de Echeandía. Abogado especializado en Negociación Colectiva y Empleo Público. Psicólogo social. Dirigente sindical de UPCN.

Mundo Gremial

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La llegada del Covid 19 y este nuevo escenario mundial de crisis económica global, nos interpela profundamente y nos obliga a repensar una nueva normalidad, un nuevo modelo económico y con ello, nuevas características del mundo del trabajo post pandemia y/o durante el proceso de recuperación, que los Estados deberán desarrollar.

Como dicen los chinos, toda “crisis” conlleva una “oportunidad”, y la oportunidad que tenemos, es la de volver a “contratar socialmente” una gran cantidad de materias, entre ellas en lo social, político y laboral.

Desde la aparición de la escritura, los análisis filosóficos y sociológicos, nos han mostrado los pro y los contras de los diferentes sistemas políticos y económicos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad; todos ellos se han forjado, apoyándose en la fuerza productiva de hombres y mujeres, que son quienes en definitiva siempre, han hecho y hacen  posible el sostenimiento de un sistema que necesita de unos y otros para sobrevivir.

Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la economía basada en el conocimiento y un mundo casi totalmente digitalizado, donde la inteligencia artificial avanza de manera viral, las distopías imaginadas por aquellos luchadores anarquistas de la primera revolución industrial (que veían en la máquina a vapor un enemigo poderoso, al que debían destruir para garantizar y proteger sus puestos laborales), pueden estar próximas a cumplirse. Lo que está claro a diferencia de aquellos luchadores, es que hoy nadie  ve la tecnología como su enemiga, sino todo lo contrario, es nuestra principal aliada.

Ahora bien, sin olvidar que las conquistas obreras se han logrado a base de luchas, sacrificio y muerte de trabajadores, la realidad es que, si en un contexto de crisis económica generalizada, con caídas del PBI en torno al 10% a nivel global; si no logramos un consenso entre los principales actores, (Empresarios, Trabajadores y Estado) lo más probable es que volvamos a repetir la dolorosa historia de los mártires del movimiento obrero. Pero como la historia debería servir entre otras cosas, para no volver a repetir errores, es muy posible que estemos ante el escenario propicio para empezar a escribir una nueva buena historia de los derechos de los trabajadores.

Es por esto que es imperativo desarrollar políticas que no sólo busquen reactivar la economía, sino que también tengan como objetivo lograr que no haya trabajadores por afuera del sistema; construir la nueva normalidad. Para ello, si no logramos un consenso general entre las tres patas o partes que lo conforman, cualquier política que se pretenda implementar estará condenada al fracaso.

Es bien sabido que cualquier sistema económico requiere tanto de los empresarios y sus empresas con sus trabajadores, como de un mundo ávido por disfrutar de los bienes y servicios que éstos generan, con lo cual si no logramos que el nuevo sistema lo garantice, también estará condenado al fracaso.

Por tales motivos, es que debemos cambiar de paradigma, idear un escenario que vuelva a definir el marco teórico y normativo del mundo del trabajo. ¡La ecuación para definir la plusvalía ya no es la misma! ¿Cuánto es lo que un robot produce en una hora? Entonces, ¿cuánto es lo que el trabajo de un hombre que opera, enciende o supervisa ese robot, aporta a las ganancias de la empresa?  Es el momento de volver a mensurar el valor del aporte de los trabajadores, de redefinir la jornada laboral, de rediseñar a nuevo este escenario, sin ignorar que ya no sólo debemos garantizar el descanso, sino también las horas de ocio y esparcimiento, organizando nuevamente actividades sociales y que los trabajadores estén inmersos en el sistema, para volver a ser los destinatarios y consumidores de los bienes y servicios producidos, desempolvando y aggiornando las teorías keynesianas.

Para lo cual debemos, volver a definir las actividades productivas, rediseñar y volver a inventar todos y cada uno de los puestos de trabajos que existen, aceptando que la jornada laboral, no podrá superar las 4 hs. diarias, o agregar un nuevo día no laborable en la semana; que los turnos deberán duplicarse de manera tal que la cantidad de trabajadores por actividad, rápidamente aumente, con el objetivo de ir generando el círculo virtuoso que incorpore nuevos actores al mundo productivo.

Para ello, los espacios pensados para el esparcimiento deberán mejorarse y desarrollarse, y debemos pensar un sistema basado en el bienestar sin olvidar maximizar las ganancias. Según el Banco Mundial, más del 26% de los humanos es pobre y según las proyecciones, debido a la pandemia del Covid 19 podría llegar al 36% el porcentaje de personas que viven con menos de U$S 3,20 dólares al día. Estos son números que el mundo de la producción y el trabajo no puede ignorar y a los que se debe apuntar, con el objetivo de agrandar el mercado.

¡Llegó el momento de crear un ingreso mínimo universal! De aceptar que el humanismo debe guiar nuestras acciones, se trata de conformar un ingreso en efectivo, de carácter mensual que asegure las condiciones mínimas de subsistencia de todos y cada uno de los argentinos y argentinas; dotándoles de mayor libertad, eliminando así los planes sociales y evitar las sospechas y acciones de clientelismo político, poniendo como única obligación o contraprestación la educación y/o la formación.

Quizás debamos ir elaborando un nuevo “Pacto Federal” o pensar en una reforma Constitucional, que permitan coparticipar entre todos los argentinos las regalías provenientes del producido de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país, tomando como modelo para su administración, el fondo de sustentabilidad de la  Anses o el Fideicomiso generado por Alaska que se compone por el 25% de los ingresos petroleros de ese estado, funcionando con éxito desde 1982, otorgándole a sus habitantes, una renta anual sin ninguna otra prestación más que la de ser miembro de esa comunidad.

El Estado, desde sus diferentes poderes, deberá ir propiciando las políticas y los escenarios para ir logrando los objetivos propuestos; esto es, desde el Poder Legislativo, modificar los textos normativos, luego de haber arribado a consensos con y entre las Provincias, los Empresarios y las Organizaciones de Trabajadores. Mientras tanto el Poder Ejecutivo deberá ir incentivando a partir de políticas concretas, la creación de puestos de trabajo registrados y bien remunerados, de manera de garantizar el funcionamiento del sistema. Para ello dictará normas que reduzcan los costos laborales de las empresas que vayan adaptándose rápidamente, con propuestas como que aquéllos nuevos trabajadores que se registren, sólo paguen un porcentaje de los aportes patronales, ofreciendo escenarios de exenciones impositivas, buscando compensar las arcas públicas con el aumento en la producción, venta y circulación de bienes y servicios; ya sin necesidad de pagar los Ingresos Federales de Emergencia y/o los diferentes planes sociales. Seguramente sea tentador crear un nuevo impuesto a la incorporación de robots y nuevas tecnologías a los sistemas productivos, si bien es una idea que no habría que descartar, aumentar la presión impositiva probablemente no ayude en contextos como este.

Las Organizaciones de Trabajadores, deberán recontratar sus Convenios Colectivos de Trabajo, adaptándolos a los nuevos tiempos, reconociendo las diferentes realidades de cada rama de actividad, procurando generar nuevos derechos y escenarios que garanticen las mejoras en las condiciones de trabajo y la capacitación de sus representados.

A la hora de pensar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos y todas, será ineludible revisar las persistentes “brechas de género”; ¡ir hacia un claro esquema de corresponsabilidad! Para esto debemos  también revisar los programas formativos, buscando lograr a través de la educación los cambios que queramos generar.

Haciendo un ejercicio rápido de memoria, durante mis años de formación escolar y académica, los mejores promedios estuvieron en cabeza de mujeres y el mundo del trabajo no ve reflejado esto en sus puestos de conducción. Las políticas de género impulsadas hasta el momento, si bien han sido de mucha utilidad, no están demostrando la eficiencia esperada; la incorporación en las listas de legisladores a hombres y mujeres por partes iguales, no tiene  su correlatividad en la producción de normas con plena eficacia. Diariamente somos espectadores de hechos de injusticia, que naturalizamos. Por nombrar sólo un ejemplo, debemos reconocer a las trabajadoras que hacen un aporte económico incuantificable en las tareas de cuidado de niños, niñas y adultos mayores.  La forma en que el mercado, e incluso el Estado, resuelven estas necesidades es relevante no sólo desde el punto de vista social, sino también por su impacto en la producción y el empleo. La obligación social de estas tareas, que recae mayoritariamente sobre las mujeres repercute en el reconocimiento económico de ellas como un trabajo. Esta actividad,  ¡no es amor, es trabajo no remunerado! Sin dudas, el nuevo contrato social deberá partir de una equidad clara entre varones y mujeres.

Nos encontramos ante una economía a la que el Covid 19 le ha puesto el freno de mano y es necesario volver a reactivar. Para ello será muy importante el trabajo mancomunado entre los diferentes actores sociales, estimulando y desarrollando nuevas políticas de estado, abriendo un gran debate, sobre los temas propuestos, propiciando mecanismos de inspección y formación por parte del Estado, que hagan posible la implementación de esta nueva batería de medidas.

El mundo ya no es el mismo y una vez superada la pandemia, difícilmente volveremos a la dinámica a la que estábamos acostumbrados, ¡hay que barajar y dar de nuevo!

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Se endurece el conflicto entre IOMA y la Agremiación Médica Platense

La denuncia del organismo estatal hacia la entidad médica por la presunta defraudación de 8 millones de pesos desató una batalla que se acrecienta día a día.

Mundo Gremial

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El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) presentó el pasado 22 de junio en la Justicia de la ciudad de La Plata una denuncia contra la Agremiación Médica Platense (AMP) por una presunta defraudación de nada menos que 8 millones de pesos en el mes de marzo. Este hecho desencadenó un cruce de acusaciones entre ambas entidades y el conflicto ya ha alcanzado un alto nivel de relevancia afectando a cientos de afiliados.

La acusación involucra a 12 profesionales que habrían ejecutado facturaciones por prestaciones no realizadas y falsificado firmas de distintos afiliados. Desde la entidad estatal responsabilizan al AMP por “no llevar adelante los mecanismos de contralor oportunos y necesarios para la presentación de la facturación mensual de sus agremiados”.

La obra social de los trabajadores estatales bonaerenses, administrada por Homero Giles, también advirtió facturaciones con prácticas que suponían “mayor complejidad de lo necesario”, con lo cual intuyen que se trata de una estrategia para “inflar” los costos económicos profesionales.

No bien esta noticia adquirió relevancia pública, desde la entidad que preside Jorge Varallo, salieron a denunciar “una maniobra extorsiva por parte de IOMA”  con el aparente objetivo de que comiencen a “desaparecer” las organizaciones que defienden y protegen el trabajo de los médicos.

Aquí aparece un segundo foco conflictivo, donde la entidad médica rechaza la denuncia penal excusándose en que según lo establece la cláusula 13 del convenio entre las partes, en caso de “dos o más denuncias por cobro indebido contra un mismo prestador”, IOMA iniciaría el sumario abreviado pertinente, abriendo así el paso a la posibilidad de una respuesta observatoria por parte del demandado.

Al respecto, el jefe de Gabinete de IOMA, Mariano Cardelli, respondió  a través de Infocielo que “hacer un sumario es una obligación contractual. Si detectamos un presunto delito hoy, en la justicia penal lo tengo que denunciar. Las obligaciones de un funcionario no ceden porque en un contrato se diga que hay que iniciar un sumario. Por supuesto se inicia, pero si tomo conocimiento de una irregularidad cómo va a renunciar el instituto a hacer una denuncia penal”.

Asimismo, las fuentes encargadas del expediente aclararon que el convenio firmado entre la agremiación y la obra social le otorga la facultad a la primera entidad de recibir el 1% de los gastos administrativos generados a partir de la contraprestación, y si a esto se le suma el porcentaje retenido a los agremiados de la AMP se  estaría percibiendo poco más del 7% de la facturación mensual de la obra social.

En paralelo, desde la AMP  llevaron adelante una “caravana” con “bocinazos” en el centro de la capital bonaerense bajo el lema de “maniobra extorsiva” y denunciando a la entidad estatal por intentar eliminar la libre elección de profesionales. Desde IOMA, en tanto, aclararon que esa acusación es falsa y garantizaron la continuidad de la libre elección de profesionales.

Asimismo, el pasado viernes 3 de marzo las autoridades de ambas entidades mantuvieron una reunión en la que dejaron en claro que “no hay ninguna posibilidad de que el instituto modifique el modelo actual de prestación respetando la libre elección de médicos por parte de los afiliados”. Desde la organización médica le solicitaron a IOMA la reincorporación de los 12 médicos denunciados mientras se desarrolle el proceso investigativo.

Como si esto fuera poco, desde la agremiación iniciaron este martes una medida de fuerza por 48 horas cortando la prestación de servicios a los afiliados a la obra social, en repudio a la falta de pagos de las prestaciones de abril y meses anteriores.

“Ante la falta de pago por parte del IOMA de los honorarios correspondientes a las prestaciones de abril y meses anteriores, y demás cumplimientos como la demora sistemática del pago, la falta de aplicación de aumentos de honorarios (llevando 9 meses sin actualización de los mismos), débitos injustificados, falta de implementación del nuevo nomenclador y la depreciación del diferenciado por categorías, entre otros, se decide el corte de los servicios al IOMA durante 48 horas”, comunicaron.

Por otra parte, las voces de los gremios y organizaciones sindicales no se hicieron esperar y presentaron rápidamente su apoyo a la decisión de IOMA de “auditar y denunciar” el presunto delito de defraudación al considerar que estas prácticas “vulneran los derechos de los afiliados”.

En consecuencia, el Consejo Consultivo Gremial, conformado por decenas de organizaciones (entre las que se encuentran APOC, SUTEBA, UDOCBA, UPCN, ATE, FESIMUBO, CICOP, entre otras) sostuvo que “los trabajadores no vamos a legitimar la estafa y la destrucción del IOMA y apoyamos las denuncias impulsadas para que se investigue el destino de nuestros aportes” y agregaron que la elección del médico por parte del usuario “ni siquiera está en consideración, sólo se trata de una maniobra de distracción para eludir responsabilidades”.

“Es la obligación del IOMA presentar la denuncia ante la justicia cuando se detectan defraudaciones. Ya que administra los fondos de los afiliados y afiliadas”, detallaron desde el Consejo.

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