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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Movilidad Previsional en el marco de la emergencia pública

Por Pascual Daniel Persichella, columnista de Mundo Gremial.

Mundo Gremial

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Camara de Diputados

Ha sido tan meneada la cuestión de la movilidad previsional en estos días, en que aparació el Proyecto de Ley, que se debatió, entró en vigencia y se comienza a ejecutar, que amerita un primer análisis este punto concreto.

Tal como lo determina el artículo 1º de la Ley Nº 27541, publicada en el BON de fecha 23-12-19, la movilidad previsional tratada, se da en el marco de una Ley de Emergencia Pública en diversos tópicos, con delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, conteste la previsión del artículo 76 de la Constitución Nacional.

La Ley se dicta en el contexto de lo que se denomina “Doctrina de la Emergencia”, que cuenta con muchas leyes ya en Argentina, sobre la que se ha escrito diversidad de textos y existe un sinnúmero de fallos del Tribunal Cimero. Mientras no surja  una declaración judicial de inconstitucionalidad de la Ley o de parte de ella, no merece atención la faceta doctrinaria; sin dejar de decir que todo es por lo pronto Discurso Político, caracterizado por la constante argentina: el oficialismo sostiene y la oposición se opone. Con todos los argumentos veraces y falaces que puedan entrar en nuestra imaginación.

Yendo a los datos duros, el texto y sentido de la Ley, distinguiendo los concretos y determinados efectos jurídicos de ella, de las conjeturas que, si bien las hay sinceras; cunden mayoritariamente las interesadas que, caen en la lógica perenne de oficialismo y oposición, con el agregado de actualidad de la grieta, donde a cada orilla, malas ambas; están los fanatismos de uno y otro color, que nada construyen, más que mayor grieta.

Comencemos por el artículo 76 de la Constitución Nacional que habilita el instituto de la delegación de facultades; por lo que tal materia, no es autoritarismo, antidemocracia ni dictadura, como se oyó y oye decir. Es una cuestión constitucional, sobre la que con honestidad intelectual se puede debatir si las facultades delegadas están dentro o fuera de lo permitido por la Constitución Nacional. Esta sería una discusión pertinente, no la tacha a priori de la delegación de facultades. De no, todo se hace maniqueo: cuando me las confieren a mí esta bien, cuando se las deelgan al otro está mal. La famosísima DOBLE VARA ARGENTINA. Una payasada enarbolada por payasos del discurso.

La Constitución reza, en lo que interesa: “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (primer párrafo, artículo 76, CN).

La primera conclusión según mí óptica, es que la delegación de facultades hechas por la Ley a favor del Poder Ejecutivo Nacional, conteste los artículos 1º y 2º de la misma, es totalmente constitucional. Para ello me fundo en los siguientes argumentos:

-La Constitución estipula los requisitos constitucionales que deben cumplirse para que la Delegación de Facultades no viole a la Carta Magna:

-1º Requisito: Debe delegarse en materias determinadas o en el marco de una emergencia pública. La Ley satisface tal exigencia porque su artículo 1º, además de declarar la Emergencia Pública, define con total precisión en qué materias la declara; y en el resto de la Ley trata cada uno de esos tópicos legislando los alcances de la emergencia. Las materias son: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

2º Requisito: Debe haber un plazo fijado para el ejercicio de esas facultades delegadas. El artículo 1º de la Ley, expresamente sostiene que tanto la Declaración de emergencia pública como la delegación de facultades, lo serán hasta el 31-12-2020. La ley también satisface este segundo requisito constitucional.

3º Requisito y último: Las bases de la delegación debe impartirlas el Congreso de la Nación. El artículo 2º de la Ley establece esas bases delegativas, las que pueden gustar o no. Pero no se puede desconocer que es lo que la Constitución exige y está cumplido. Son siete las bases delegativas impartidas por el Congreso. De su lectura conceptual básica, sin fanatismos ni odios, surge que son objetivos políticos, dentro de los cuales el Poder Ejecutivo podrá ejercer, reglamentar e instrumentar la delegación de facultades otorgada; principalmente a la hora de ir reglamentando la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

Es decir: se puede realizar un debate político sobre la Ley, racional o irracional. Lo que no se puede sostener seriamente es que la Ley no respeta la Constitución Nacional. Esta aseveración mía, está limitada obviamente, por alguna declaración de inconstitucionalidad de la Justicia, que pudiera ocurrir; porque el Derecho no es lo que yo u otros sostengamos; sino lo que dice un Juez. Hasta hoy no existe declaración judicial de inconstitucionalidad total o parcial.

Si bien el cometido de este papel de trabajo es analizar el instituto de la movilidad previsional en la Ley, que está inscripto en el artículo 14 bis de la Costitución Nacional, cuando reza: “…El Estado otogará los beneficios de la seguridad social,…En especial, la ley establecerá: …; jubilaciones y pensiones móviles;…” (art. 14 bis, CN, tercer párrafo); merece el tino que nos detengamos primero en las bases de delegación previstas en el artículo 2º de la Ley. Remito a su lectura, pero s.e.u.o., definen los siguientes siete objetivos políticos a saber:

a. Compatibilizar obligaciones de deuda pública con la recuperación de la economía productiva y la mejora de los indicadores sociales básico.

b. Reestructuración tarifaria con equidad distributiva y sustentabilidad productiva; eficientizando a los Entes Reguladores.

c. Reactivación productiva con incentivos focalizados y regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social, para micros, pequeñas y medianas empresas.

d. Procurar la sostenibilidad fiscal.

e. Carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, reordenando todo el sistema previsional, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los que menos gana.

f. Suministro de medicamentos esenciales para los más vulnerables, acceso a medicamentos e insumos esenciales para enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles, efectivo cumplimiento de la Ley de vacunas y garantizar acceso a prestaciones médicas esenciales a los beneficiarios del PAMI y del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

g. Recuparación de salarios de los sectores más vulnerables y promover acuerdos salariales.

El test de constitucionalidad o razonabilidad del cumplimiento, ejecución, instrumentación y reglamentación de esta Ley, según mi óptica, dependerá de que el Poder Ejecutivo Nacional no se aparte arbitrariamente o no se contraponga a tales siete objetivos. No es una cuestión facil de dilucidar, se debe ir paso a paso, sobre hechos y no palabras.

Nadie seriamente puede aseverar que la ley es mala o es buena. Es un instrumento, una basija cuya eficacia y éxito dependerán de qué medidas le pongamos adentro. La cuestión no es ni para apolegetas ni para detractores; mucho menos para fanáticos ni odiadores antiperonistas; que siempre han estado y que la política culturosa del gobierno de Macri, los explicitó y amontonó entre otros honestos convencidos que lo votaron.

Los siete objetivos postulados, ideológicos por cierto; y que estas vivan por siempre, porque cuando nos pretenden convencer que no hay ideologías o que no es cuestión de ideologías, es cuando a los del campo popular, humanista, populista, como gustan de despreciarnos; es cuando peor nos va. Esa ideología es la que le da sustento a la nominación de LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL.

En un ejercicio de consistencia: obsérvese que en cada objetivo se define una meta, pero respetando determinados valores políticos o condiciones de cumplimiento. Por ejemplo en e.: La meta politica es reordenar todo el sistema previsional argentino; pero bajo condición que al hacerlo, debe mejorase el poder adquisitivo de los beneficios previsionales de menor cuantía, mediante mecanismos redistributivos y solidarios. Estos mecanismos pueden ser intra o extra sistema previsional, según yo estimo.

Volviendo al discurso jurídico puro; si es que existiera, lo que no creo; avancemos sobre el texto de la ley, yendo al cometido de la MOVILIDAD PREVISIONAL.

Digamos como aproximación que la movilidad previsional es una garantía que propende a mantener una relación razonable, realista, posible; entre el salario del trabajador activo y su jubilación. La utopía en la materia ha sido el mentado 82% del salario. Hubo una época en que la Ley previsional lo establecía así. Nunca la Constitución prescribió este u otro porcentaje, esta refiere a jubilaciones y pensiones moviles. Lo indudable es que se trata de una relación que debería permitir que el jubilado y familia puedan mantener al final de sus días, razonablemente, el nivel de vida que alcanzó en su vida laboral activa. Este objetivo de Justicia Social se viene perdiendo, los sistemas previsionales están en crísis acá y en otros lugares del mundo. No es objeto acá, tratar de las causas de la crísis, que seguramente serán múltiples y complejas.

Se pretende saber qué pasará con la movilidad previsional en Argentina.

Ante todo debemos expresar, que hasta el 22-12-19 tal movilidad consistía en un coeficiente porcentual que surgía de considerar promediando en un 70% el índice inflacionario y en un 30% la variación salarial formal, ello aplicable trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. También decir que los haberes previsionales percibidos en diciembre 2019, recibieron el incremento de diciembre, además del bono a los beneficios de menor cuantía. Y que esta movilidad es el sistema general, pero que existen regímenes especiales y los llamados de privilegio. Un ejemplo de regímen especial es el de los docentes, que hacen un aporte del trabajador adicional en 2% mensual.

La Ley de Solidaridad Social… establece, con vigencia a partir del día 23-12-19, que se suspende dicha movilidad previsional general por 180 días, con el fin de atender prioritariamente y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingreso. En tal línea se dispuso el bono de $ 5.000 para diciembre 19 y enero 20. A la vez, dentro de dicho plazo el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente los incrementos previsionales, atendiendo en primer lugar a los beneficiarios de más bajos ingresos. También en tal plazo, una Comisión integrada por los Ministerios de Economía y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto con las Comisiones de la materia del Congreso de la Nación, deben formular un proyecto de Ley que establezca un régimen de movilidad previsional general que reemplace el vigente hasta el 22-12-19, con el fin de que garantice una adecuada participación de los beneficios previsionales en la riqueza de la nación, con criterios de solidaridad y redistribución. Como refiere a participación en la riqueza de la Nación, colijo que la redistribución no será sólo intra sistema previsional, sino que avanzará por fuera del mismo, lo que es Justicia Social, según mi concepción.

Finalmente y también; se convocará a actuar otra Comisión, con los mismos integrantes referidos arriba pero con distinto cometido, a cumplir en igual plazo: Revisar la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponer modificaciones legales sobre los sistemas de movilidad o actualización previsional de los regímenes especiales que identifica, como de todo otro especial, contributivo o no contributivo, a saber:  Docentes de todos los niveles; Docentes Universitarios; Suplemento de Movilidad Previsional para todo el sistema; Pensión graciable para ex presos políticos; Reparación económica para niños, niñas, adolecentes y discapacitados en casos de homicidio de un progenitor a manos del otro condenado o fallecido; Reparación histórica para jubilados y pensionados; Pensiones a ex combatientes de Malvinas; Investigadores Científicos y Tecnológicos; Régimen de ex Presidentes, ex Vice Presidentes, Corte Suprema de Justicia de la Nación y diversos funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación y organismos especiales; Movilidad del Servicio Exterior de la Nación; Personal Militar; Servicio Penitenciario de la Nación; Servicio Penitenciario Federal y Guardaparques Nacionales.

Hasta acá la Ley en su texto y sentido elementales, sin cargas políticas de apologetas ni detractores, sin grotescos discursos politiqueros.

Y de aquellos -hasta acá- se puede colegir:

Que no es una Ley inconstitucional, antidemocrática ni autoritaria.

Que es falso que se han delegado facultades legislativa por fuera de la Constitución Nacional.

Que es falso que se han congelado las jubilaciones, porque el Poder Ejecutivo Nacional debe fijar trimestralmente los aumentos (art. 55 de la Ley).

Que es falso que se reducirán las Jubilaciones y Pensiones. No lo dice ni expresa ni implícitamente la norma.

Que seguramente los beneficios previsionales más bajos tendrán mejores incrementos, por el método de aumentos por sumas fijas. A eso propenden los objetivos políticos de la Ley y su valor fundamental: SOLIDARIDAD SOCIAL EN LA EMERGENCIA.

Que no es verdad que se pretenden mantener regímenes especiales y de privilegios, dado que se debe generar un proyecto de Ley con modificaciones a los mismos., dentro de los 180 días de la Ley (art. 56 de la Ley).

En conclusión; como decía el Periodista Majul cuando lo era: no crean todo lo que ven, escuchan o leen.

Habrá que aprender que la libertad de expresión que se ejerce por medios y/o periodistas, políticos, especialistas y demás; con el agravante de las Redes Sociales, no es siempre vehículo de la verdad.

La libertad de expresión debe defenderse a rajatablas, la mentira no.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Cómo recuperar la confianza en los sindicatos

Por Elina Escudero y Martín Moreno de Quiero Saber ONG*

Mundo Gremial

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En Latinoamérica, la confianza en los sindicatos es un bien escaso. Entre 1995 y 2015, la ONG latinobarómetro realizó una encuesta anual de opinión pública que involucró, cada año, a unas 20,000 entrevistas en 18 países y representó a más de 600 millones de personas. En ellas se miden los niveles de confianza que los latinos depositamos en las instituciones y organizaciones de la democracia. Durante esos 20 años, el porcentaje de argentinos que contestó tener mucha o algo de confianza en los sindicatos fue, en promedio, del 27%; o dicho de otro modo, 7 de cada 10 argentinos no confía en los sindicatos.

Confianza en los Sindicatos 1995-2015

Es curioso analizar algunos datos contundentes. Primero, la confianza en los sindicatos no se mueve con el ciclo económico. Por ejemplo, tanto en 1995 como en 2008, dos momentos económicamente disimiles, los niveles de confianza en los gremios fueron iguales. Segundo, en 1995, las mujeres eran quienes más confiaban en los sindicatos. Año a año se fue perdiendo y los hombres comenzaron a registrar niveles de confianza más altos.

Para colmo de males, la desafección política de la ciudadanía que tuvo su epicentro en 2001, también incorporó a las organizaciones sindicales, contribuyendo a la deslegitimación de su actividad, de sus métodos, y a la construcción de un imaginario de casta (la Clase sindical). Este proceso ha sido “alentado”, no ocasionado, por algunos medios de comunicación que responden a determinados intereses económicos y políticos, contrapuestos a la idea de una representación política organizada de los trabajadores y trabajadoras.

El asunto de la confianza (y sus múltiples consecuencias) parece un misterio a develar. Sin embargo, no lo es. La alternancia en el poder y liderazgos que se perciban más horizontales, alcanzan para lograr un cambio en la situación.

De acuerdo a un estudio realizado por la ONG Asuntos del Sur, donde se exploraron los resultados de estrategias gubernamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía, la fuente de donde esta emana no es estática. La era digital posibilitó el surgimiento de nuevos valores y perspectivas que promueven y crean relaciones más horizontales y colaborativas.

Pero, más allá del grado de deslegitimación institucional, el sindicalismo ha demostrado que sigue siendo un actor importante para la consecución y mantenimiento de la justicia social y las políticas redistributivas en beneficio de los sectores más desfavorecidos; un canal de expresión de las demandas sociales y un freno para la implementación de políticas económicas que tiendan a la concentración en beneficio del capital.

En este contexto, desarrollar estrategias que tiendan a generar mecanismos de transparencia institucional, rendición de cuentas y datos abiertos, no solo fortalecería institucionalmente a las organizaciones sindicales, sino que permitiría el apoyo social de una opinión pública favorable, necesaria para los procesos de negociación y tensión con las patronales y el Estado.

Cómo lograrlo o por dónde empezar cuando la tarea parece titánica. La clave podría estar en la creación de alianzas que permitan a las organizaciones “menos creíbles” trabajar en conjunto con aquéllas que han acumulado un mayor capital social. Así lo demuestran las recientes experiencias de innovación política donde la ciudadanía es involucrada a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en la búsqueda de consensos sobre temas que generan controversia y críticas.

Las medidas de fuerza impulsadas por los gremios ligados a los medios de transporte son, por ejemplo, un tema de alta sensibilidad para el conjunto de personas usuarias de estos servicios.

No desconocemos que cualquiera política implementada que se oriente hacia estos nuevos valores institucionales es un desafío: el carácter centralista de la conducción en algunos sindicatos y federaciones, su imagen negativa, la condena mediática, la desafección política, el ostracismo de algunos gremios y la falta de programas o lineamientos claros de gestión, son algunos de los obstáculos que se deben superar.

Pero el sindicalismo, además de sus tradicionales objetivos como la defensa de los derechos de afiliados y afiliadas y la representación en la negociación colectiva, tiene un horizonte que es aún más lejano: transformar la sociedad en más justa, democrática e inclusiva. Por eso, fomentar una práctica sindical “extra muros” es indispensable, más aún si la ambición es aportar un nuevo sujeto político que supere, de una vez y para siempre, al neoliberalismo en latinoamérica; un sindicalista presidente como Lula Da Silva en Brasil o Evo Morales en Bolivia.

Algunas experiencias muestran que se avanza, dando los primeros pasos y sin estándares claros, hacia prácticas en donde las organizaciones sindicales comienzan a supervisar los propios abusos e ineficiencias; la Unión de Obrera de la Construcción (UOCRA) permite a sus afiliados denunciar a representantes gremiales además de empresarios e inspectores a través de la web; la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) publica desde el 2009, los balances contables del Consejo Directivo donde se detallan sus ingresos y egresos; el Secretario Adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, presenta desde hace 4 años, la Declaración Jurada de sus bienes y la da a conocer a través de la prensa.

Los esfuerzos son valorables pero los sindicatos (y los sindicalistas) aún están muy lejos de reaccionar adecuadamente ante una problemática que es propia del Siglo XXI: los instrumentos tradicionales de rendición de cuentas, que eran las elecciones, asambleas, congresos, etc. son insuficientes para garantizar la participación e involucramiento de los trabajadores y trabajadoras.

Por eso, el paralelismo entre las estrategias de los políticos gobernantes y de los sindicalistas para recuperar los niveles de confianza, es pertinente; resulta evidente que los sindicatos y los políticos son “metidos en la misma bolsa” por el común de la gente. La diferencia radica en que los primeros afrontan el problema, los segundos lo niegan.

* Quiero Saber ONG  www.quierosaberiniciativa.com
Redes Sociales: @quierosaberic

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

A la deriva

Reina el malestar en los gremios marítimos que no tienen interlocutor ya que el Gobierno nacional aún no definió quién ocupará la Subsecretaria de puertos.

Pablo Maradei

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El check list de pendientes en el sector marítimo da cuenta de que el Gobierno nacional debe definir si se renuevan o cambian las licencias de los operadores del puerto de Buenos Aires que vencen a mediados de este año, trazar las directivas respecto a qué hacer con la Hidrovía: Alberto Fernández habló de “provincializar” su administración; y finalmente avanzar en la ejecución de los dragados.

“Estamos preocupados porque no hay diálogo y esto encierra algo aún mayor: no hay nombramiento porque no hay proyecto de qué hacer con, por ejemplo, la Hidrovía. Estamos con un sector muerto con el que el país no recauda nada”, analiza y dispara ante la consulta de Mundo Gremial Julio Insfrán, secretario general del Centro de Patrones de Cabotaje marítimo. Refiere a que los barcos que circulan por el río Paraná, y que para 2030 se proyecta que transportarán 60 millones de toneladas de carga llevando el flujo de dinero a los US$200.000 millones, son de bandera extranjera ya que no hay buques de bandera local y por lo tanto con tripulación argentina. Aunque la concesión de esta ruta termina en abril de 2021, la falta de definiciones, proyectos, inversiones hace que la Hidrovía no pueda ser explotada al máximo por nuestro país.

El único lineamiento que hubo hasta ahora lo dijo en diciembre ni bien asumido el propio presidente ante la Legislatura santafesina: “Lo que hablamos con Omar (Perotti, gobernador de Santa Fe) es que la Hidrovía sea gobernada por las provincias que usan la Hidrovía”. Actualmente esa administración la lleva adelante Nación. La propuesta de Alberto Fernández divide aguas. Por ejemplo: para Raúl Durdos, secretario general del SOMU: “Me parece bien porque federaliza el tema pero la participación debe ser equitativa entre las provincias”, señala a MG. Las provincias involucradas son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Y los principales puertos agroexportadores se encuentran en Rosario y Timbúes.

Para otro secretario general que prefirió el anonimato “la federalización solo generará caos porque se amplían los interlocutores que a su vez tienen distintos objetivos y además hay que ver a quienes designan ya que no siempre saben del tema”.

En el organigrama del ministerio de Transporte aún falta completar el nombre de quien ocupará el raviol de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. “Es una decisión que tiene que tener el aval de la Casa Rosada”, cuenta a MG un secretario general que sigue la interna por los nombramientos. Esta cartera la maneja Sergio Massa a través del ministro Mario Meoni. El último apuntado para ir a Puertos es Franco La Porta; pero por ahora no hay certezas. “Vamos a apoyar a quien designen, preferimos gente que entienda del tema; y si no entiende lo guiaremos”, apunta Durdos. Vale mencionar que el tema viene manoseado: en un primer momento el que tenía todas las fichas era Sergio Goicoechea, quien tenía bajo su puño la negociación de la futura licitación de Puerto Nuevo. Premio consuelo: ¿Quedará como asesor?

Finalmente, el otro punto en discusión respecto a la Hidrovía es cómo generar competitividad: “En Argentina pagamos 35% de Ganancias, 21% de IVA y 5% de Ingresos Brutos. A eso hay que sumarle el impuesto al cheque, la ganancia mínima presunta y la carga tributaria en el combustible. En Paraguay solo pagan 10% de Ganancias y 10% de IVA; y para colmo cargan combustible libre de impuesto. Así no se puede competir; el Estado argentino es el que tiene que bajar impuestos”, repasa Insfrán. Durdos agrega: “Estamos dispuestos a discutir convenios porque ¿de qué sirve tener un convenio si no hay actividad?”. En números: la relación es 200 buques paraguayos contra 1 argentino.

Justamente el Gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, querían impulsar un único convenio colectivo para la explotación de esta carretera marítima; algo que no se pudo lograr. ¿Se animará a tanto el gobierno de Alberto?

Atado a la Hidrovía, los dirigentes consultados apuntaron a que faltan dragar puertos como Diamante, Chaco, San Pedro y Santa Fe. También hay muchas quejas que desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, y hasta el puerto de Buenos Aires a través del canal Emilio Mitre, el calado que se alcanza al dragar no es el que dice el contrato multimillonario

Finalmente, y acaso el tema más urgente, es el puerto de Buenos Aires: el contrato de concesión de las operadoras vence en mayo y el llamado a licitación debía cerrarse el mes próximo: no se llegará con los tiempos. Seguramente habrá una prórroga temporal. Recalan en sus dársenas unos 800 buques por año.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Boicot estratégico contra las leyes del mercado: una actividad sindical lícita con participación ampliada

Por Pascual Daniel Persichella, abogado y politólogo

Mundo Gremial

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Desde que tenemos uso de razón venimos padeciendo el problema inflacionario; esto es, cualesquiera sean las definiciones técnicas del fenómeno, que los precios suben por el ascensor y los salarios -o en términos más generales- los ingresos en contraprestación por cualquier trabajo humano, suben por la escalera.

En gran medida las crisis económico sociales que se producen de un modo casi constante, importan la perdida del poder adquisitivo real de los salarios, causando desmejoramientos sistemáticos en las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de nuestra Patria, es decir, los trabajadores en sentido amplio; comprensivo el concepto, de todos aquellos que viven del producido de sus trabajos humanos, dependientes o independientes, formales o informales (obreros, trabajadores, empleados, profesionales, pequeños y medianos empresarios). Sujetos mayoritarios y principales del consumo interno.

Frente a ello, con un simplismo quizás excesivo, se puede decir que los gobiernos de Derecha sostienen que el Mercado y sus propias leyes corregirán la distorsión, lo que nunca ocurre. Es más, en Argentina vemos fenómenos que demuestran por quienes y para quienes están escritas “esas leyes del mercado”: observamos que, aunque baje la demanda de un producto, no necesariamente baja el precio.

Y los gobiernos Progresistas o Populares, que tienen la convicción ideológica de atacar esa carrera injusta entre precios y salarios, no logran ser eficaces de un modo sostenido, recalando o en controles estatales que generan mercados negros o en críticas de autoritarismo diversas, solventadas por grupos de presión interesados, mediante la generalidad de las vías mediáticas existentes.

Cualquiera sea la razón que se exponga, el resultado es único: el Poder real económico mantiene sus ganancias, el fenómeno de concentración de la riqueza y carencia de mecanismos sinceros de redistribución de la riqueza se acentúa. El paradigma del “fifty fifty” de los 70, de participación del salario en la Renta Nacional, se aleja. Sólo observando la evolución del salario en dólares, desde 2015 hasta 2019 se constata el fenómeno. Aunque la pérdida es constante cualquiera sea el parámetro de comparación.

Una de las pruebas, que por los caminos ortodoxos no llegaremos a pisos mínimos de Justicia Social y Humanismo propios del Siglo XXI; es que se atrasa discursivamente tanto que muchos siguen anhelando volver a 1910 en que “éramos el sexto País del mundo”. Lo que no se aclara es que ese parámetro medía una cuantía exportadora primaria suculenta que ingresaba quizás a los bolsillos de 1000 familias argentinas; y que el pueblo argentino estaba más hambreado que hoy. Lo que actualiza y ratifica que EL CAMPO NO SOMOS TODOS. Ello no implica desconocer la importancia de su actividad, pero en su justa medida.

Ante ello algo debemos hacer. Así; este escrito no es más que un papel de trabajo, un disparador provocativo para que; los que corresponda, tomen la posta y le pongan la ciencia, la técnica y la decisión política necesarias, formulen una acción concreta, que debería ser ejecutada con la conducción de todos los sindicatos argentinos, sin distinción alguna: en este punto TODOS, DEBERÍA SER TODOS.

Digo; por los sindicatos, atento a que su objeto fundamental es la defensa de los intereses de los trabajadores; y estos se entienden como todo cuanto se relacione con las condiciones de vida y de trabajo de ellos; debiendo ser la acción sindical un removedor de los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador (arts. 2 y 3, ley 23551); o no será nada. Y vaya si el tema precios – salarios es un escollo para la mayoría del Pueblo.

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ACCIÓN SINDICAL POSTULADA:

Imagino tres momentos.

1. El primero, de análisis técnico y riguroso, contando con la participación de profesionales especialistas, que siempre actúen en representación de sindicatos, asociaciones de defensa de consumidores y usuarios, hoy constitucionalizadas en el artículo 43 de la Carta Magna; y/u otras organizaciones de la sociedad civil, particularmente de la economía popular; en tanto sus fines comulguen con los objetivos de esta acción sindical.

Requerimiento de información a organismos estatales nacionales, provinciales y municipales, competentes por razón de la materia precios y su formación.

Evaluación de toda la información relevada, arribando a una conclusión técnica, valiosa o disvaliosa, respecto del o de los precios de uno o varios productos o servicios concretos y determinados.

2. La o las conclusiones sobre el o los precios injustos o arbitrarios, debe elevarse periódicamente a una autoridad sindical política centralizada a nivel Nacional y Provincial. Esta autoridad, con todo el respaldo orgánico institucional sindical, divulgará suficientemente los fundamentos que sustentan la conclusión sobre precios injustos o arbitrarios para ese momento, en el ámbito nacional o provincial, según corresponda.

3. Junto con un programa de amplia e intensa divulgación, se propiciará el BOICOT, aconsejando no comprar, el o los productos o el o los servicios determinados; hasta que esa misma autoridad sindical política centralizada, informe que los precios se readecuaron a lo que los equipos técnicos consideren precios justos o razonables. También se podrá informar sobre productos o servicios sustitutos, a partir de la opinión técnica de profesionales y/u organizaciones, por razón de la materia.

CONDICIONANTE FUNDAMENTAL DE LA EFICACIA DE LA MEDIDA:

Debe hacerse una amplísima labor de concientización y divulgación sobre la eficacia de un BOICOT. El carácter defensivo de esta medida por parte de la sociedad, ante agentes económicos inescrupulosos; y el objetivo de repeler el daño económico de los precios injustos o arbitrarios, hasta el punto de lograr que los precios en cuestión se pongan en niveles justos o racionales.

También educar sobre que, ante el atropello de un poder económico indebido, existe el derecho de resistencia a esa opresión, que debe llegar, mediante una conducta masiva y sostenida; hasta el quebranto del agente económico, si este no declina su insaciable avaricia. O si reincide en su proceder.

El conjunto de la sociedad en acción también son EL MERCADO, y así como un día se construyó esa ley del mercado que siempre hace ganar a los agentes económicos fuertes; debemos ejecutar socialmente esta nueva Ley del MERCADO, que en verdad busca un equilibrio justo.

FUNDAMENTOS PRELIMINARES:

El principio fundamental del artículo 19 de la CN, establece que todo lo que no está prohibido por la Ley está permitido. En tal línea se deben encuadrar las específicas acciones sindicales lícitas, que están expresamente previsionadas en la Ley 23551, a lo largo y ancho de su texto y espíritu de garantía de la libertad sindical, pero de un modo especial, en la norma del artículo 5 inciso d), que establece como derecho de los sindicatos: “…realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. …”

La acción sindical que postulo en este papel de trabajo, para que la desarrollen los técnicos que saben y quienes tienen el poder político sindical; además de ser lícita; es un verdadero acto de resistencia a la opresión del Mercado.

Nota: Para los desprevenidos o ligeros en la apreciación, el Boicot postulado nada tiene que ver con el delito tipificado en el artículo 158 del Código Penal Argentino. Acá hay divulgación, fundamentación y promoción de una accionar sindical colectivo. No existe violencia alguna por parte de un trabajador respecto de otro trabajador.

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