El conflicto entre el Estado Provincial y los profesionales del Programa de Emergencias y Unidades Coronaria y de Terapia Intensiva del Hospital San Bernardo ha generado un estado de confusión y desinformación en la opinión pública sobre varias cuestiones.
La causa debe buscarse en las inequidades existentes entre las remuneraciones de los profesionales que cumplen guardias en ese hospital.
Con un aceitado manejo de la comunicación, con intenciones muchas veces tendenciosas y utilizando estrategias ya conocidas en el manejo de conflictos similares, los funcionarios públicos del gobierno provincial han manipulado la opinión pública casi a su entero antojo pero sin intentar siquiera una solución al problema.
El origen de este grave conflicto no es reciente. Distintas gestiones brindaron soluciones parciales y coyunturales, sin visión a largo plazo. Estas medidas sin sustento en el tiempo lograron que, en este momento, se cuente con la ilógica y alarmante cantidad de alrededor de nueve figuras legales diferentes para contratar a los aproximadamente 130 profesionales que cumplen guardias en un solo hospital.
Esto demuestra la falta de capacidad o interés de las diferentes administraciones en solucionar este problema, a pesar de que el Estado debe controlar, garantizar y ser el modelo de la legalidad e igualdad de condiciones en el ámbito laboral.
Traducido en números, nos encontramos ante la existencia de profesionales de “primera clase”, quienes lograron percibir mejores remuneraciones que otros por igual tarea, por medio de arreglos sectoriales. La diferencia entre los haberes de unos y otros por cumplir iguales labores puede llegar hasta casi un 300%.
Aunque todos son profesionales que trabajan codo a codo, cobran remuneraciones muy diferentes. Esta situación generó un comprensible malestar y una sensación de injusticia y desigualdad que se manifestó en un reclamo formal ante la Gerencia del Hospital San Bernardo.
Ante la solicitud de resolución, los profesionales (médicos, odontólogos y bioquímicos) recibieron como respuesta evasivas y derivaciones al Ministerio de Salud de la Provincia. Al respecto, el Secretario de Servicios de Salud informó en entrevistas a los medios de comunicación que el problema debía ser resuelto por el hospital ya que se trata de una institución de autogestión.
A más de un mes de una infructuosa búsqueda de soluciones reales, los profesionales en conflicto se vieron obligados a presentar la renuncia a sus guardias, como rechazo a condiciones indignas y desiguales de trabajo.
Después de 60 días de iniciado el conflicto, la ausencia de diálogo sincero y constructivo forzó la intervención de la Justicia para garantizar la prestación de este servicio esencial y crítico. La realidad es que los anuncios unilaterales del Ministerio, disfrazados de propuesta salarial, no solucionan sino que agravan la inequidad existente al aumentar también en proporción geométrica los ingresos de los que cerraron bien sus negociaciones.
Un plan serio para dar solución al conflicto debería incluir no sólo mejoras monetarias avanzando hacia una situación de mayor equidad, sino también reconocimiento a aquellos profesionales que demostraron interés en capacitarse y certificar su especialidad y la inclusión en planta permanente unificando los diferentes tipos de contratación. Queda en manos de los funcionarios de este gobierno el avanzar hacia soluciones de fondo y sustentables. Ya no se puede admitir lo contrario.
Fuente: El Intransigente
