Esta semana distintos sindicalistas de gremios estatales -tanto a nivel nacional como bonaerense- lustraron suela de zapatos desfilando por las distintas oficinas de funcionarios con la intención de acercar posiciones para acordar ajustes salariales. La estadística fue para todos igual: cero acuerdo. Seguirán las conversaciones la próxima semana.
La hoja de ruta da cuenta de que el martes habrá reunión política gremial de los estatales nacionales: vienen de no aceptar la oferta de una suba del 15% en cuatro tramos. “El único avance es el pase de 10.000 trabajadores a planta permanente durante 2021 mediante un proceso de concursos abreviados”. Se aplicarían a agentes estatales que tengan una antigüedad superior a los 10 años.
El panorama en los estatales bonaerenses parece más sombrío: por ahora no hay avance en nada. Son 126.209 trabajadores contemplados bajo la ley 10.430 y que llevan una caída real del salario del 40,9% en los últimos tres años. En este 2020 solamente percibieron en marzo, vía decreto, 4.000 pesos en dos cuotas. Según reconstruyó Mundo Gremial, Axel Kicillof daría continuidad al instrumento de montos fijos, pero esta vez sumaría aumentos para jubilados y en las asignaciones familiares congeladas desde meses.
Siguiendo con el GPS: ayer viernes se reunieron los judiciales bonaerenses y tampoco hubo acercamientos: retomarán el diálogo el próximo viernes. Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) dejaron trascender que “no dispusieron de una propuesta salarial para las y los trabajadores judiciales” y solo se “limitó a registrar los reclamos”. Son 26.948 trabajadores.
Finalmente, los docentes que son 328.252. No se fueron con ninguna oferta en concreto y esperan el jueves que viene avizorar un futuro con mayor incertidumbre.
Es inevitable atar la reactivación del diálogo con el colectivo estatal después de la rebelión policial. El Gobierno había anunciado una puesta a punto con un plan integral de seguridad en el conurbano, pero la noticia llegó sin anuncios de incrementos para los salarios policiales. La mecha se encendió y se apagó con otro anuncio: el recorte del 1,4% de la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Claro está, terminó judicializado. Como hay buena sintonía política entre la Provincia y los gremios por ahora nadie piensa en sublevarse, pero tampoco quieren quedarse afuera del reparto si es que entra esa plata fresca.
Pero hay un tema más complicado en esta pelea de pobres contra pobres que batallan por salarios en muchos casos por debajo de la línea de pobreza: esto es la escasa voluntad recaudatoria que muestra tanto la Provincia como los municipios, de manual el hueco lo cubre el Estado nacional.
Por datos relevados por Mundo Gremial, en épocas normales los municipios recaudan apenas el 30% de lo estipulado. En Provincia la recaudación durante esta pandemia cayó un 15% y la economía se mueve un 46% en negro. El déficit, obvio, es fenomenal en épocas normales, mejor no intentar hacerlo en este año de pandemia más cuarentena. Solo para sostener el sistema educativo la PBA consume 110.000 millones de pesos; que muchas veces no puede ni hacerlo con recursos propios.
Este viernes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda dio dictamen de mayoría al Proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario con 27 firmas por lo que ya está listo para ser debatido en el recinto. Sin emitir juicio de valor respecto a lo acertado o no de la medida y frente a la evasión imperante a escala nacional, este impuesto a las grandes fortunas es como salir a pescar en un balde.
Pensar que en el país hay 177 impuestos y solo 11 justifican el 95% de lo que se recauda. Una vez más: nuestro país se merece políticas de Estado de largo aliento y que pongan orden a una economía en continuo retroceso desde hace años. Entre ellas tener un sistema tributario que aporte a una economía más sana.
