Pánico en la noche: La «barrabrava» de UPSRA lleva los aprietes al interior bonaerense

Una fuerte denuncia de un empresario de control de admisión y permanencia amplió el temor en la actividad de boliches, recitales y eventos masivos por el accionar ejercido por representantes de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) contra los actores del sector.

Las acusaciones apuntan al armado liderado por Miguel Tobar, integrante de la barrabrava de Estudiantes de La Plata y designado en diciembre de 2023 por el secretario general de UPSRA, Angel García, en el rol de «delegado normalizador en la provincia de Buenos Aires del área vinculada a la nocturnidad y eventos», secundado por el represente gremial Alejandro Capalbo.

El entramado fue pergeñado por García -quien conduce el gremio UPSRA desde hace más de 40 años- en el marco de una disputa gremial con el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), la entidad liderada por Leandro Nazarre creada hace dos décadas ante el abandono que sufrían los trabajadores del sector.

Recorridas, aprietes y violencia en la noche

El espacio liderado por Tobar apunta a los bolicheros y empresarios que aplican el convenio colectivo de SUTCAPRA, único específico para la actividad, a quienes les exigen «pasarse» a UPSRA para evitar represalias y con la amenaza de impedir la apertura de los establecimientos o la realización de eventos.

El accionar fue descripto por el empresario Lucas Martins, propietario de la Agencia CMU SA, una de las empresas habilitadas y registradas en el RECAP -el organismo bonaerense que fiscaliza las habilitaciones de empleadores y trabajadores del sector- para prestar servicios de control de admisión y permanencia (CAP) en establecimientos y eventos en la provincia de Buenos Aires. Las acusaciones fueron respaldadas por los trabajadores de la actividad testigos de la «barrabrava de la UPSRA», tal como la denominan en el sector.

El empresario, en diálogo con LU32 de Olavarría, describió a Tobar, Capalbo y compañía como «personajes que se manejan de una manera muy mafiosa y violenta» que «obligan a la gente de mi empresa a retirarse para que solo quede la gente que tienen ellos» registrándolos en una firma de seguridad privada que responde al gremio de García. El accionar se repite en distintos boliches, pubs y bares de distintos puntos de la provincia.

El violento apriete en un boliche de Olavarría

La empresa de Martins está a cargo, entre otros objetivos, del control de admisión y permanencia en los bailes que organiza en su sede social el Club Fortín de Olavarría donde aplica el convenio colectivo de trabajo de SUTCAPRA, el único sindicato específico de la actividad CAP.

Hasta El Fortín de Olavarría llegaron los representantes de UPSRA anoticiados que en lugar se aplicaba el convenio colectivo del sector que pertenece a SUTCAPRA. En «patota» ingresaron al club y exigieron a los directivos que «limpien» todo lo que tenga que ver con el gremio que lidera Nazarre. Todos sucedió en la madrugada del 24 de enero pasado y los documentos fílmicos y las denuncias realizadas por el personal del establecimiento reflejan la violencia de lo sucedido.

El empresario explicó que aplica el convenio SUTCAPRA asesorado por su abogado y contador. «Ellos me dicen que UPSRA no agrupa CAP. Entiendo que cuando alguien se maneja con violencia y de una manera patotera generalmente es porque no tiene razón«, concluyó.

«Les dijeron a los directivos del club que si no se iba el personal de mi empresa el boliche no iba a abrir, no iban a dejar ingresar a la gente; y hasta un directivo me dijo que le iban aprender fuego el boliche«, narró el empresario a LU 32.

La Ley nacional 26.370 establece que quien sea propietario de un boliche o desee llevar adelante un recital o evento masivo debe requerir los servicios de controladores habilitados, de manera directa o por medio de una empresa de control de admisión y permanencia (no una de seguridad privada que se rige por otra legislación), a través de la cual se contrate a trabajadores habilitados para tal fin.

El caso de los recitales de Los Piojos en La Plata

Lo vivido en Olavarría no se trata de un caso aislado. Fuentes del sector narraron a Mundo Gremial que desde la designación de Tobar se registraron repetidos sucesos violentos. Los primeros tuvieron lugar en la ciudad de La Plata, escenario de nacimiento de SUTCAPRA, pero con el correr de los meses «los aprietes, extorsiones y amenazas a empresarios se extendieron a todo el conurbano y ahora al interior de la provincia».

Uno de los casos denunciados que ganó relevancia pública fue lo sucedido en torno a los recitales de Los Piojos en el Estadio Único «Diego Maradona», donde la productora a cargo del evento ya tenía acordado la contratación de una empresa CAP bajo convenio de SUTCAPRA y hasta se había avanzado con audiencias ante el ministerio de Trabajo bonaerense. Todo se realizó en la normalidad hasta la llegada en escena de Tobar, que «apretó públicamente a los dueños de la productora, a los empresarios y finalmente se quedó con el control de todos los recitales de Los Piojos», recordó a este medio una fuente cercana al hecho.

El temor entre los empresarios va en aumento y el clima en la actividad está cada vez más tenso. Las recorridas de UPSRA se extienden hacia distintos distritos bonaerenses en el marco de un conflicto que ya tiene en alerta a las altas esferas del gobierno provincial.