Malestar de organizaciones sociales por el «ninguneo» oficial a la causa indígena

La jura de los nuevos diputados en el Congreso se vio empañada por las protestas de organizaciones sociales que junto a integrantes de los pueblos originarios reclamaron por la ley que protege sus territorios.

La del último martes fue una jornada también enmarcada por la represión que sufrieron cooperativistas de la UTEP al ser desalojados de un inmueble de Avellaneda, con un centenar de detenidos, que provocó una airada reacción contra el gobierno bonaerense del dirigente Juan Grabois.

Horas después otro referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban “Gringo” Castro, acompañó a los dirigentes indígenas a la movilización frente al Parlamento que reclamó la prórroga de la Ley 26.160 que obliga a efectivizar la demarcación de los territorios que ocupan ancestralmente para luego poder obtener la llamada “Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra”.

Miles de personas se concentraron en avenida de Mayo y 9 de Julio para movilizarse hasta el Congreso Nacional, al que rodearon en su marcha, para hacerse escuchar. En el reclamo acompañaron mayoritariamente la UTEP, con su secretario general a la cabeza, el “Gringo” Castro, quien era secundado por el titular del sindicato de Ladrilleros, Luis Cáceres.

El proyecto de extensión de la ley cuenta con media sanción del Senado y resta que Diputados llame a una sesión para su tratamiento. Ante la inminencia de la caída de esta ley, que vencía el pasado 23 de noviembre, el 18 de ese mes el presidente Alberto Fernández emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) prorrogando los efectos de la ley 26160 hasta el 23 de noviembre de 2025.

Pero los pueblos indígenas insisten en que un DNU no proporciona la misma seguridad jurídica que una ley y reclaman que el Congreso nacional apruebe el proyecto de ley de prórroga, ya que no se logra el relevamiento final para estos pueblos preexistentes a la creación del estado argentino.

El clamor de los originarios, en total unas 40 comunidades, lleva meses en el Congreso, ya que desde el 26 de octubre acamparon en la vereda de la Plaza frente al histórico edificio.

Los referentes sociales admitieron que “los ánimos” no fueron los ideales en una jornada enmarcada por los incidentes en Avellaneda y “el ninguneo a los pueblos indígenas”. También hay incertidumbre en qué podrá pasar con las “charlas” mantenidas el pasado viernes en Casa Rosada durante la entrevista que A. Fernández le concedió a dirigentes sociales oficialistas.