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Lingeri defendió la gestión estatal de AySA: «El agua no se negocia»
El Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias, que cunduce José Luis Lingeri, lanzó el día de hoy una campaña de difusión contra la privatización de la firma estatal AYSA. La acción gremial se llega mientras que el gobierno nacional busca alcanzar la media sanción de la ley «ómnibus» en el Congreso, que abre las puertas a una futura privatización de las empresas que están en manos del Estado.

Mientras el Congreso de la Nación debate la posibilidad de privatizar empresas estatales a través de la aprobación de la ley “ómnibus”, el Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias (SGBATOS) lanzó una campaña para informar a la población sobre los peligros de vender nuevamente la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
El secretario general de la organización gremial, José Luis Lingeri, remarcó que, “esta receta neoliberal en la que se entregan empresas estratégicas para la sociedad a manos privadas ya la hemos vivido en el pasado, y fracasaron”, y agregó que “el agua no se negocia”, sostuvo el dirigente.
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Lingeri remarcó que “se ha demostrado que tener la empresa privatizada no fue más eficiente; muy por el contrario, no invirtieron lo que debían en infraestructura incumpliendo con los contratos establecidos, dejando a gran parte de la población sin estos servicios esenciales”, afirmó.
AySA, que tiene su área de acción en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, presta servicios a más de 11.678.455 habitantes (que representan poco más que el 25% de la población del país) y fue re-estatizada en el año 2006, luego de su privatización en la década del 90’.
A su vez, desde su re-estatización, la empresa consiguió llevar el servicio de agua potable a 3.819.455 personas y 3.761.237 habitantes fueron incorporados al servicio de cloacas, lo que casi triplica el número conseguido en el período de la empresa en manos privadas (1.853.000 y 1.012.000, respectivamente).
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El dirigente gremial enfatizó en que “ahora que está de moda mirar números, creo que estas cifras hablan por sí solas” y remarcó que las empresas de servicios públicos no pueden ser evaluadas dentro de las variables de ajuste del Estado.
En ese sentido, remarcó que “para que una empresa de estas características, que brinda estos servicios esenciales que son declarados derechos humanos, no sea un ‘gasto’, tiene que estar acompañada por una gestión de modo sostenible, con políticas de Estado y cuadros tarifarios adecuados”, sostuvo el titular de SGBATOS.
Lingeri agregó que, desde el gremio, hay disposición “a trabajar para que la empresa tenga equilibrio financiero, perfeccionando mecanismos y métodos tanto técnicos como administrativos”, para lograr mayor eficiencia en AYSA.
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Desde SGBATOS advirtieron que, “este esfuerzo por proteger la gestión estatal del agua enfrenta un desafío inmediato en el ámbito legislativo que pone en riesgo años de progreso en términos de acceso equitativo al agua”.
Finalmente, el gremio destacó que la campaña de difusión, “hace un llamado subrayando que el acceso al agua potable no puede ser un lujo o un privilegio para aquellos que puedan pagarlo, sino un derecho humano esencial, especialmente crucial en términos de salud pública” y que “el Estado debe garantizar su acceso a todos y todas”, sostiene la posición gremial.
