Sindicatos anticiparon que judicializarán la restitución del Impuesto a las Ganancias si finalmente este jueves es aprobada en Diptuados la ley de paquete fiscal que reincorpora la cuarta categoría del tributo.
El Senado había rechazado esta parte del proyecto, pero el oficialismo y sus aliados parlamentarios planean insistir con la reincorporación.
«Claro que lo vamos a judicializar si avanzan con la sanción. Están creando un tributo por la voluntad de una sola de las Cámaras», manifestó el titular de la Asociación Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, en declaraciones al portal Cenital.
El gremialista fundamenta esta postura en que el Senado rechazó por 41 votos a 31 el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, que incrementaría abruptamente el número de personas que lo pagan.
Las estimaciones del Ejecutivo marcan que dicha restitución multiplicaría por cinco la cantidad de empleados que tributan actualmente. A las 195 mil que pagan hoy, se le sumarían alrededor de un millón.
Cabe recordar que hace menos de un año, bajo la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, se decidió que los trabajadores queden fuera del alcance de Ganancias y que solo afecte a las personas de mayores ingresos.
Eso se tradujo a que, en el sector bancario, donde los empleados están dentro de los mejores pagos del país, solo el 45% del total de trabajadores quedó pagando el tributo, una situación que -según cálculos del sector- alcanzaría al 80% si restituyen el impuesto.
Las organizaciones sindicales no piensan quedarse quietas ante este accionar del oficialismo -respaldado por sus aliados parlamentarios y varios gobernadores-. La Mesa Sindical el Salario no es Ganancia, que agrupa a 67 sindicatos (entre ellos La Bancaria), tiene definido judicializar la reincorporación de Ganancias si llega a obtener finalmente los votos en Diputados.
Los sindicatos cuentan con el respaldo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez; de la ex secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; y el ex legislador e integrante de la convención constituyente Jorge Yoma, entre otros, para plantear que la Cámara revisora (en este caso el Senado) tiene atribuciones para dejar parcialmente sin tratamiento un proyecto de ley que le remite la Cámara de origen (Diputados).
El oficialismo y sus aliados cuentan con su defensa y sostienen que la eliminación de un capítulo en un proyecto -tal lo hizo el Senado con Ganancias- es una simple modificación y, por ende, puede revertirse.